Flor Cipriano

Amo teji pajti nechilí tisitl… ¿Tuni nic chiuas sepan amo nic piá tomin?

No hay medicamentos, me dijo el doctor… ¿Qué haré si ni siquiera tengo dinero? 

Hace unas semanas, mientras realizaba unas encuestas sobre el acceso a la salud de las mujeres* y niñas*, una mujer nahua de la junta auxiliar de San Miguel Canoa me hacía el planteamiento con el que abro esta columna, ¿qué podía decirle frente a una realidad que viven varias personas en todo el país? 

Garantizar el acceso a la salud justa y digna ha sido uno de los mayores retos de cada gestión gubernamental, se lanzan promesas y reconstruyen modelos que sólo contienen la problemática; sin embargo, no logran cubrir todas las necesidades en cuanto a la atención y prestación de servicios hospitalarios que todes necesitamos. 

Si este panorama ya es desolador, para las mujeres* la problemática se agudiza. Según la última actualización del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), cuatro de cada diez mujeres presentan barreras al momento de buscar acceder al sistema de salud, es decir, se triplicó el porcentaje de mujeres que no cuentan con acceso a la salud en México. 

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Las mujeres nahuas, totonacas, mixtecas, otomíes, (inserte aquí el nombre de algún otro pueblo originario); las trabajadoras sexuales, las mujeres trans, quienes viven con discapacidad, mujeres racializadas y empobrecidas de comunidades marginadas, aquellas personas que viven con alguna neurodivergencia; las que se dedican al trabajo doméstico o la informalidad de laburo son las que viven con mayores carencias en temas de cuidado y atención de la salud. 

Amo teji pajti nechilí tisitl… 

No hay medicamentos, me dijo el doctor… 

Resolver el problema de nuestro contexto actual, no basta con abastecer los hospitales y centros de salud con medicinas, ojo aquí, mucho menos enfocarse nada más en aumentar las plazas del personal médico, administrativo y de mantenimiento. Es necesario proveer mejores servicios hospitalarios, brindar atención digna con perspectiva de género, interculturalidad y sin capacitismo en las consultas, así como ampliar la cobertura de los servicios médicos: sobre todo la posibilidad de que toda mujer o persona con capacidad de gestar que necesite o quiera interrumpir su embarazo pueda hacerlo sin obstáculos criminalizantes, estigmas o prejuicios. 

Para lograr esto último obligadamente el Estado debe despenalizar el aborto y conceder su legalidad, ¿no quiere? Entonces pensar en reformar la Ley General de Salud, también es una opción. 

Situándonos en Puebla, el compromiso de las y los legisladores del Congreso local es mirar con mayor profundidad las brechas desiguales que vivimos las mujeres* en cuanto al acceso a formas de vida más justas y equitativas libres de violencias, mayormente si éstas violencias devienen de las instituciones públicas como lo es el sector salud. 

Puesto que en nuestra Constitución Mexicana el Artículo 4° menciona que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, no hay un fundamento sólido para que se nieguen las condiciones justas que por ley nos corresponden, y sí, el aborto forma parte de dicha garantía del mismo modo en que despenalizarlo acota esa larga lista de desigualdades en las que estamos inmersas desde décadas. 

¿Qué motivación más grande buscan las diputadas y diputados de esta LXI Legislatura? Pero no sólo eso, ¿aún no dimensionan que subir al pleno una de las cinco iniciativas que se encuentran congeladas en materia de aborto y votar a favor les condecora no sólo por estar del lado de las mujeres y personas gestantes, sino también ser vanguardistas en temas de acceso a la salud? 

Aunque no lo parezca o les cueste reconocer, las generaciones jóvenes les estamos observando minuciosamente y más temprano que tarde, seremos quienes decidamos a qué actor o actora política le concedemos otro cargo público o de plano a quién dejamos en el olvido. 

Las, les y los jóvenes reconocemos que hacer legal y dejar de criminalizar el aborto no abarca sólo un ámbito ni estrato social específico. 

Estamos hablando de saldar la deuda histórica sobre la autonomía y libertad de los cuerpos, erradicar las brechas de género, garantizar los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos. Poner en el centro las demandas de aquellas personas que, además de hacer frente a otras carencias, son criminalizadas por abortar.

Es una necesidad urgente que las personas con capacidad legislativa del Congreso local dejen un problema menos a una generación, que ya de por sí está en rezago por la falta de oportunidades laborales dignas, acceso a la vivienda, pensiones y sí, lamentablemente también el acceso a la salud, ¿en serio las diputadas y diputados no van a reconocer que les están fallando a un cúmulo de personas diversas en edades, identidades y géneros de Puebla?