Foto tomada de Radio Tlacuache 104.1 FM Zoquitlán

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Salvador Sánchez Bolaños, integrante de la radio comunitaria del municipio de Zoquitlán, Radio Tlacuache, y activista opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, fue víctima de amenazas. El sábado 18 de mayo cuando llegaba a su domicilio vio a un grupo de hombres con armas largas ingresar a la vivienda por la parte trasera, por lo que tuvo que huir del lugar.

El comunicador popular denunció la persecución en su contra. Además de la presencia de hombres armados en su propia casa ha sido objeto de difamaciones por redes sociales durante los últimos días.

Además de su labor en Radio Tlacuache, Salvador es parte de la resistencia contra la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, megaproyecto que pretende construirse en los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Díaz.

Desde mediados de 2016 la región se ha articulado para impedir que el sistema de varias hidroeléctricas, detrás del cual está Minera Autlán, se ejecute, argumentando daños irreversibles al medio ambiente y al agua. Y desde el inicio de la lucha los opositores han sido víctimas de amenazas, agresiones e incluso desapariciones.

En agosto de 2018, el activista Sergio Rivera Hernández, habitante de la comunidad de Coyolapa en Zoquitlán, fue perseguido por una camioneta cuando se dirigía a su casa y hasta ahora no se sabe dónde está. Por su desaparición están vinculados a proceso Víctor Tellez Carrillo y Antonio Sandoval Sandoval, pero todavía se desconoce qué pasó con Sergio.

En un comunicado publicado el lunes 20 de mayo y firmado por más de 15 organizaciones, entre ellas el Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ y la Comisión de Derechos Humanos y Labórales Del Valle de Tehuacán, los activistas señalan que detrás de las amenazas contra Salvador están las mismas personas que desaparecieron a Sergio.

Víctor y Antonio, señalan, están protegidos por Cirilo Trujillo Rivera y Fermín González León, ex presidentes municipales de Tlacotepec de Díaz y Zoquitlán; los opositores responsabilizan tanto a los ex ediles como a los imputados por la desaparición de Sergio, así como también de cualquier cosa que le pase a Salvador o al resto de integrantes de la resistencia contra el proyecto Coyolapa-Atzala.

Este martes 21 de mayo, Salvador presentará formalmente la denuncia por las amenazas en su contra. Martín Barrios Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, dijo en entrevista que además de iniciar la carpeta de investigación por lo ocurrido, el comunicador popular exige a las autoridades que hagan bien las diligencias y que haya justicia por la desaparición de Sergio Rivera, que sigue sin esclarecerse.

Los opositores a la hidroeléctrica han sido atacados a balazos –los integrantes de Radio Tlayole en Tlacotepec de Díaz fueron baleados a finales de noviembre de 2016 mientras estaban en cabina–. El 9 de febrero del año pasado un autobús que acababa de dejar a pobladores en sus comunidades después de una manifestación en la Ciudad de México fue quemado en plena carretera cerca de la entrada de Zoquitlán.

Una región asediada

El allanamiento del domicilio de Salvador se dio justo un día antes del Foro Regional en Defensa del Valle de Tehuacán y la Sierra Negra, llevado a cabo en el municipio de Chapulco y al cual asistieron más de diez organizaciones de varias partes de Puebla e incluso de Oaxaca.

En el encuentro los pobladores de municipios directamente afectados por megaproyectos reiteraron su rechazo a éstos, principalmente al parque eólico en Chapulco, al proyecto Coyolapa-Atzala y a las cinco concesiones mineras en Tehuacán, Santiago Miahuatlán, Chapulco y Nicolás Bravo, las cuales posee la minera Plata Real que es una filial de GoldCorp.

Martín Barrios dijo en entrevista que en el polígono de la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán los activistas han encontrado al menos cinco concesiones mineras.

El activista denunció, asimismo, que el proyecto Coyolapa-Atzala no ha sido cancelado como se ha difundido, y que el reciente amparo interpuesto por una comunidad de la zona ha judicializado el proceso y le ha abierto la puerta a la consulta indígena.

Barrios explicó que lo que pasa en estos casos es que las autoridades rechazan la aceptación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa, y pone como requisitos que se realice una consulta para aprobar un nuevo documento. Pero para el activista la consulta no garantiza nada, y ejemplificó con las consultas que se han hecho con los recientes mega proyectos, que son realizadas para beneficiar al gobierno y no verdaderamente a los habitantes afectados.