Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

El proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, impulsado por Minera Autlán en la Sierra Negra de Puebla, que abarcaría obras en tres municipios, no se ha cancelado y sigue siendo una amenaza para el medio ambiente en la región.

Por su gran riqueza natural, la sierra norte de Puebla está siendo invadida con varios megaproyectos. / Foto: Martina Žoldoš

Aram Montalvo, integrante de la resistencia, explicó que durante el periodo de campañas electorales la empresa minera respaldaba a los candidatos del PRD, partido que estaba en el poder en el municipio de Zoquitlán. En dicho municipio el ganador fue el morenista Claudio Hernández Cabanzo, quien ha mostrado su respaldo a la gente y contra el proyecto.

Pero en los municipios vecinos de Santa María Coyomeapan y Tlacotepec de Díaz, los otros donde se contempla la instalación de la hidroeléctrica, resultaron ganadores los candidatos  del PAN-PRD-PSI y PAN-PRD-PSI-MC, dando continuidad a los anteriores ayuntamientos y con una postura a favor de la hidroeléctrica.

Aunque el proyecto está detenido, no ha sido cancelado y el nuevo gobierno federal anunció a finales del año pasado que realizaría una consulta para saber qué quiere la población. Esto fue confirmado el 28 de noviembre por Claudio Hernández, actual alcalde de Zoquitlán.

Ante ello, Martín Barrios Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán , dijo que la consulta, que se supone debe ser previa, libre e informada, no va a resultar así pues la empresa tiene presencia al menos desde 2011 en la región y se ha dedicado a comprar tanto a habitantes como a autoridades locales.

El activista dijo que la minera escondió la magnitud del proyecto, ingresando dos Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) distintas, una para el “Proyecto Hidroeléctrico Atzalan” y otro para el “Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa”. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó las dos MIA en las que de acuerdo con los activistas no se mencionan especies endémicas ni la presencia de animales como pumas, linces y jabalíes, ni las afectaciones al cauce del río.

En junio del año pasado la delegada de la Semarnat en Puebla, Daniela Migoya, dijo en entrevista a medios que la autorización del proyecto estaba condicionada a la consulta pública que avala la Secretaría de Energía (Sener). Sin embargo desde 2017, pobladores de los tres municipios interpusieron una queja ante la CNDH contra la Sener, diciendo que se habían intentado realizar simulaciones de consulta, violando el carácter “previo y libre” de la misma.

Barrios cuestionó también la posibilidad de realizar una consulta cuando en la región se vive un ambiente de inseguridad que ha crecido durante el último año. En los tres municipios han aumentado los robos y asesinatos, aunados al acoso y amenazas a quienes se oponen a Minera Autlán.

La supeditación a la consulta pública en megaproyectos es un requisito cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos y activistas, pues puede hacerse a modo y las empresas y autoridades locales a favor llegan a influir en la decisión de los habitantes. Tal es el caso de la única consulta realizada en Puebla por el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en la Sierra Norte, donde los abogados defensores y activistas demostraron la falsificación de firmas y la compra de voto mediante favores.

Martín Barrios dijo que la resistencia, que son organizaciones agrupadas alrededor del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) tiene muchas dudas y reservas del nuevo gobierno pues no están seguros que la política de éste sea de una verdadera defensa del territorio y del medio ambiente, recordando que durante las campañas Andrés Manuel López Obrador y Miguel Barbosa visitaron la región y se pronunciaron en contra de los megaproyectos en la zona.

La represión constante

Desde hace dos años la resistencia contra el megaproyecto que afectaría directamente a los ríos Huitzilan, Atzalan y Coyolapa, ha sufrido ataques casi permanentes. Primero la radio comunitaria de Tlacotepec de Díaz, Radio Tlayole, fue atacada a balazos, resultando en una persona herida.

Después fueron incendiados autobuses que habían dejado a activistas después de una movilización en la Ciudad de México, y en agosto de 2018 el activista Sergio Rivera Hernández fue desaparecido. Aunque ya hay tres personas detenidas con prisión preventiva, de Sergio sigue sin saberse nada.

Foto: facebook.com/COMUNICACIONALTERNATIVAIXEM

El activista Aram Montalvo dijo que Sergio era uno de los organizadores directos de las acciones y enlace directo de las comunidades, además de estar participando activamente en la campaña del actual edil de Morena para el ayuntamiento.

Tanto Aram como Martín coinciden en señalar los cacicazgos locales como uno de los principales problemas para la seguridad y los constantes ataques a quienes rechazan el proyecto Coyolapa-Atzala. Desde que Minera Autlán entró se acercaron con los anteriores gobiernos y con los caciques de los municipios, quienes terminaron sumándose a los intereses de la empresa.

Los ex alcaldes de Tlacotepec y Zoquitlán, Cirilo Trujillo y Fermín González León, fueron denunciados por las organizaciones de la sociedad civil por ser afines a Minera Autlán, a la cual mostraron públicamente su apoyo en varias ocasiones. Particularmente Fermín González es señalado como uno de los autores intelectuales de la desaparición del activista Sergio Rivera.

*Foto de postada cortesía: Martina Žoldoš