Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy un amparo colectivo contra el proyecto del cablebús, al considerar que el gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, está violando «los derechos a un medio ambiente sano, a la consulta pública e informada y al acceso a la información», señalaron mediante un comunicado, donde también denuncian a las autoridades por no garantizar «procesos efectivos de información, así como de participación pública efectiva, temprana e informada en asuntos ambientales. Al mismo tiempo, no se ha garantizado el acceso a información técnica completa con información ambiental pertinente».

El recurso jurídico invoca el Acuerdo de Escazú y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El primero fue firmado por México en septiembre del 2018 y ratificado en noviembre del 2020 por el Senado; se trata de un instrumento internacional que tiene por objetivo garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental en América Latina y el Caribe, y tiene carácter vinculante y obligatorio para el Estado mexicano. Mientras que la declaración fue adoptada por nuestro país desde 1998, contiene 27 principios y el décimo establece que: «el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones».

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Las organizaciones demandantes señalan en su comunicado que es obligación del gobierno de Puebla «garantizar de manera efectiva, oportuna y completa la información técnica relacionada con el proyecto, transparentar los estudios de impacto ambiental, los dictámenes técnicos y los estudios de movilidad» y que al no hacerlo incurre en graves violaciones a los derechos humanos.

En el documento ya referido, advierten que en las zonas donde este proyecto pretende desarrollarse, se impactarán de manera negativa las áreas verdes, que de por sí son insuficientes, y, por lo tanto, el ya sobreexplotado acuífero del valle de Puebla y la biodiversidad urbana; así como la salud y el bienestar de las y los habitantes de la Ciudad de Puebla. Asimismo, refieren que «en múltiples ciudades del mundo han demostrado ampliamente que la presencia de parques públicos cuidados y llenos de vida social, tales como el Parque Ecológico o el Parque Juárez de la Ciudad de Puebla, está asociada con la reducción de crímenes comunes, debido a la mayor cohesión comunitaria y sentido de pertenencia social».

Aquí puedes consultar el comunicado íntegro: Boletín-Cablebus

* Foto de portada: Protesta contra el cablebús. Foto: Marlene Martínez / Jengibre Audiovisual