-¿Por qué piensan que se hizo el cambio de ciudad?
-¡Por la mina! ¡Por las explosiones!
Los escolares que responden las preguntas tienen menos de 15 años y estudian en la Institución Educativa Ricardo Palma, en Nueva Morococha, Perú.
-¿Sienten que están mejor en esta ciudad, o en la antigua?
-¡En la antigua!
Nueva Morococha fue construida por la empresa Chinalco, minera de capitales chinos, para albergar a las casi mil 200 familias desplazadas a causa del proyecto cuprífero Toromocho. Aunque la mudanza inició en el 2012, el proceso continúa hasta hoy.
La consecuencia más visible de la reubicación es que la ciudad está dividida en dos. Por un lado, alrededor de 70 familias se resisten al desplazamiento y viven en la Antigua Morococha, a metros de la mina a tajo abierto. (Ver: Detonaciones de proyecto minero ponen en riesgo a la población de Morococha) Del otro lado, una mayoría ya reasentada enfrenta sus propias incertidumbres.
Las calles de Nueva Morococha -también llamada ‘Carhuacoto’- lucen vacías. Muchas de las casas, aunque nuevas, muestran carteles de “se alquila” y “se vende” en las ventanas. Los negocios tienen poca clientela, muchos de ellos permanecen cerrados. Pequeños grupos de mototaxis se amontonan en la calle pero ninguno funciona: hace meses dejaron de dar servicio de movilidad por falta de clientes.
Los escolares cuentan que cada año tienen menos compañeros de clases. El número de estudiantes matriculados en las instituciones educativas del distrito de Morococha se ha reducido tras la mudanza. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2012 sumaban los mil 589 estudiantes y en 2015 se redujo a mil 164.
En la experiencia del Banco Mundial, los reasentamientos pueden causar empobrecimiento, migración, crisis de identidad cultural, debilitamiento de instituciones y desmantelamiento de redes sociales.
Promesas y pobreza
“La nueva ciudad de Morococha será un espacio con mejor calidad de vida para todos”, dice Chinalco en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Toromocho.
Las cifras de la empresa indican que la pobreza según necesidades básicas insatisfechas se redujo del 29% al 7% entre 2012 y 2014. Además, gracias al reasentamiento, toda la población cuenta ahora con conexión a red pública de agua, las viviendas tienen desagüe, y hasta la percepción de contaminación se redujo de 94% a 22%.
Sin embargo, si se toman en cuenta los ingresos familiares, el panorama cambia. De acuerdo con la misma información de Chinalco, luego del traslado la pobreza según ingresos familiares se duplicó del 4% al 8%. Las declaraciones contables de Karla Victoria Guadalupe, dueña del restaurante ‘La casita del gusto’, muestran cómo sus ventas se redujeron a casi la tercera parte luego de mudarse a la nueva ciudad.
Betty Ñaupari se queja, es comerciante de hojas de coca e inciensos, viene de La Oroya a vender sus productos en el mercado de Nueva Morococha. A cálculos rápidos, asegura que antes del reasentamiento ganaba entre 800 y mil soles al día. Abre su monedero para graficar la reducción drástica de sus ventas: no guarda más de 60 soles.
En el 2012, el ingreso mensual familiar per cápita en Morococha era de 1197 soles, el equivalente a un sueldo mínimo y medio en Perú, superando largamente el ingreso promedio del país y duplicando el de la región Junín.
El desarrollo de la dinámica económica en la nueva ciudad ha sido documentada en informes de la Defensoría del Pueblo y de la Organización Internacional para las Migraciones. Pero el más detallado es el del Instituto Nacional de Salud (INS), elaborado en el 2013, que a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) advierte que en la antigua ciudad los morocochanos contaban con ingresos familiares de entre 800 y 1500 soles, suma que pocas familias alcanzan en Nueva Morococha o Carhuacoto: al menos la cuarta parte de ellas tiene ingresos menores a 500 soles.
“Es derecho de las poblaciones que en estos procesos no empeoren su situación”, comenta desde su oficina en Lima Carlos Portugal, de la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
El MIMP, aunque según la Ley es el ente rector en desplazamientos internos, -y por tanto debe estar presente antes, durante y después de los reasentamientos- no realizó una evaluación de los motivos de Chinalco para reasentar a toda la ciudad porque se incorporó al proceso en el 2012, luego de que la Municipalidad informó sobre la mudanza.
Luego de cuatro años de dar seguimiento al traslado de la ciudad, Portugal reconoce que el rol del Ministerio ahora es buscar que la empresa cumpla sus promesas: dinamizar la economía local, generar empleos y dar compensación a las familias por los impactos económicos del reasentamiento.
A la vez, el funcionario admite que el MIMP tiene otra deuda pendiente con la Nueva Morococha: elaborar un registro detallado de las familias reasentadas para evaluar su situación económica. Aún no se sabe cuándo estará listo, pero no será durante la presidencia de Ollanta Humala. “No tenemos fechas, probablemente se va a hacer el próximo año”, expone Portugal.
La ausencia estatal no fue solo del MIMP. Para Ana Leyva, abogada de Cooperacción, una ONG que siguió de cerca el reasentamiento, la ausencia estuvo desde la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del reasentamiento: “Debió ser sometido a un proceso de discusión, debate, revisión. Había pasado desapercibido”.
El estudio del reasentamiento se presentó como un anexo del EIA de Toromocho. Así, cuando el Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA del proyecto minero, consintió al mismo tiempo el reasentamiento de la ciudad.
Según el EIA del reasentamiento de Morococha, hecho en el 2009 por la consultora Knight Piésold, con excepción de una, todas las muestras tomadas en el suelo donde actualmente está la nueva ciudad presentaron niveles de arsénico y plomo por encima de los límites permitidos de acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA); en algunos puntos los superaron hasta en 8 y 11 veces.
El arsénico y el plomo son sustancias tóxicas que tienen efectos cancerígenos y han sido catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como preocupantes para la salud pública.
Los ECA establecen que para suelo residencial y parques, los niveles de arsénico no deben sobrepasar los 50 mg/kg; y los de plomo, 140 mg/kg. Sin embargo, en el EIA se indica que la presencia de arsénico alcanzó los 589 mg/kg, y el plomo llegó a 1 136 mg/kg. En estos lugares hoy hay viviendas, lozas deportivas para escolares, y zonas con desmonte y pasto usadas como espacio de recreación por niños y adultos.
Estos niveles de arsénico y plomo son comparables con los registrados en el suelo de La Oroya, ciudad que figuró durante años en el ránking de las urbes más contaminadas del planeta.
La población no estaba informada sobre la presencia de metales pesados en la zona del reasentamiento, a ellos sólo les entregaron el resumen ejecutivo del EIA de Toromocho, y en éste no se contempla. Es así que, a pesar de que los metales fueron detectados en el 2009, la población solo se enteró de esto casi cuatro años después, cuando ya la mayoría se había mudado.
Arturo Alfaro, presidente de la ONG Vida, que durante años ha estudiado la contaminación en ciudades mineras, opina que la empresa debió informarle a la población sobre la presencia de los metales pesados, además de detallar las acciones llevadas a cabo para descontaminar los suelos.
De acuerdo al especialista, el proceso de remediación del suelo, si es que hubo, debería estar especificado en el EIA. Pero la única mención a una posible remediación de suelos en el EIA del reasentamiento ocupa poco más de una línea y es la siguiente: “los suelos pueden ser tratados y los metales precipitados empleando cal como medida de remediación”.
El doctor Raúl Loayza, coordinador del Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, considera que no se puede afirmar que en la actualidad exista un riesgo para la población porque los datos del EIA sobre metales pesados son de hace casi siete años. “Lo ideal hubiese sido volver a tomar muestras en el momento en que la gente empieza a vivir. Aquellos que tienen jardines en su casa, canchas, donde hay parques”, agrega.
Arturo Alfaro, por su parte, añade que debería hacerse un estudio que determine los niveles actuales de metales pesados en el suelo de Nueva Morococha.
La omisión de información sobre metales pesados se extendió al proceso de evaluación del EIA de Toromocho. En la observación N° 164 al EIA del proyecto, el Ministerio de Energía y Minas solicitó a Chinalco informar acerca de pasivos ambientales en la futura zona de reasentamiento.
La minera respondió: “no se han encontrado pasivos ambientales en el área”. Sin embargo, su propio estudio da cuenta de declaraciones de pobladores que señalaron que la zona había funcionado como depósito de desmonte en la época colonial.
Consultada por Mongabay, la supervisora de Programas de Responsabilidad Social de Chinalco, Elizabeth Poma, en un primer momento negó conocer detalles sobre el tema. Días después, remitió el informe ‘Estudio de seguridad Física de la Nueva Ciudad de Morococha’, elaborado el 2011 por la consultora Disaster Risk Reduction Perú International. Pero este documento no incluye análisis ni comentarios sobre metales pesados.
Knight Piésold, la consultora que elaboró el EIA de Toromocho, evitó dar comentarios.
César Reyna, asesor legal de la Municipalidad Distrital de Morococha, señala que tanto el Frente de Defensa de Morocha como el propio municipio han informado sobre el tema al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “Pero hasta ahora no hay respuesta”, comenta.
Desde la oficina de comunicaciones de OEFA se señaló que se está realizando un informe de supervisión sobre el proyecto Toromocho, pero el informe final aún no es público. Cuando lo sea, se podrá conocer si se hizo una verificación de presencia de metales pesados.
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Publicado originalmente en Mongabay Latam.
Se reproduce con autorización de sus autores.
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EL PEPO