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Estado peruano demandará a Repsol por derrame de petróleo
Aunque se está trabajando ahora mismo en reunir las pruebas y armar el caso, Guzmán adelantó que el monto de la indemnización podría bordear los 60 millones de soles. Pero insiste en que deben terminar de evaluar todo el daño causado para establecer la cifra final
Por Mongabay Latam @
23 de enero, 2022
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Vanessa Romo

Seis días después del derrame de 6 mil barriles de petróleo en la Refinería La Pampilla de la empresa Repsol, ubicada en las costas de la región Callao, se empieza a discutir desde el Estado y la sociedad civil las implicancias legales del que es considerado uno de los mayores derrames de petróleo en el mar peruano.

Al cierre de esta nota, el último reporte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicaba que el área afectada en la franja de playa llegaba a 1’739,950 metros cuadrados y 1’186,965 metros cuadrados en tierra. En total, un área comparable a la superficie que abarca el distrito limeño de Lince.

¿Cómo sancionar a los responsables de este desastre ambiental? Por lo pronto, las acciones legales que se han iniciado hasta el momento abarcan las vías administrativa, civil y penal. Lo nuevo en este caso es que por primera vez la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente podrá demandar en el fuero civil a la empresa responsable y solicitar una indemnización por el daño ambiental causado, precisó Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente en una entrevista con Mongabay Latam.

“Hasta fines del 2019 solo podían iniciar este proceso los gobiernos locales y regionales; las comunidades indígenas y campesinas, o las organizaciones sin fines de lucro”, advierte Guzmán. Por la capacidad técnica y logística que requiere armar un caso de esta magnitud, comenta el procurador, era imposible que se iniciaran acciones legales contra las empresas. Sin embargo, desde la aprobación del Decreto Supremo 018-2019 del Ministerio de Justicia, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales puede interponer estas demandas de indemnización frente a desastres como el de Ventanilla.

La importancia de sumar la vía civil en este tipo de casos, según los expertos consultados, es que le brinda al Estado más herramientas para conseguir una sanción y reparación más completas de cara a los daños y derechos vulnerados.  Diego Saavedra, especialista del Programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la asociación civil Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), comenta a Mongabay Latam que, a diferencia del fuero penal, en lo civil se suele denunciar directamente a la empresa por haber vulnerado varios derechos, en este caso, ambientales y personales. “En lo penal solo nos restringimos a los delitos tipificados como tales y en demostrar que fueron cometidos”, comenta.

Además, Saavedra agrega que aunque en lo penal se puede pedir resarcimiento económico, no hay antecedentes de grandes sumas de dinero. “Las sanciones finales son más penas privativas. En cambio en lo civil sí hay grandes montos de por medio”, dice.

El procurador Guzmán reveló que un equipo trabaja ahora mismo a tiempo completo en el caso. Actualmente, están reuniendo todas las pruebas, para lo cual cuentan con la ayuda de la Procuraduría General del Estado e incluso han hecho un pedido de apoyo a la Marina de Guerra para convocar a peritos buzos que investiguen lo sucedido en el ducto que transportaba el crudo.

“La empresa Repsol ha señalado que se causó una fisura, pero nuestra hipótesis es que para un derrame de esta magnitud pudo haber una ruptura. Esto podría corresponder incluso a una falta de mantenimiento”, agrega Guzmán.

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*Foto de portada: El personal de la OEFA realiza el monitoreo en la zona para determinar los procesos administrativos que se abrirán por este caso / Foto: OEFA

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