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Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Falta de capacitación, poca inversión y falta de comprensión por parte de los actores involucrados del nuevo mismo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, son las principales fallas que éste ha presentado en Puebla y por el cual ya presenta un rezago, advierten especialistas.

El debut de este nuevo sistema ocurrió en noviembre de 2014 precisamente en los estados de Durango y Puebla, en correspondencia con la reforma constitucional en materia de seguridad de justicia, publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio incluye, entre otras cosas, los juicios orales y permite que en delitos menores, que no sean homicidio, violación o donde estén involucrados hechos violentos, el acusado enfrente el proceso penal en libertad, y ya no en la cárcel.

Los cambios en el aparato de justicia, de acuerdo a un estudio del Consejo de la Judicatura Federal, son un parteaguas para la impartición de justicia, además de un cambio de paradigma de todo el proceso penal, pues éste cambia de uno semi-inquisitorio a uno acusatorio oral, otorgando más oportunidades de libertad al acusado y dando un lugar más importante a las víctimas.

La implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio obliga a que se capacite en esta reforma a  los funcionarios, desde policías de cualquier orden hasta jueces y Ministerios Públicos, además del acondicionamiento de diversas instalaciones para tener salas donde se practiquen los juicios orales. 

Si bien en Puebla la reforma entró en vigor el 26 de julio de 2012 con base en un acuerdo de la Cámara de Diputados de la LIX legislatura, e incluso el eje 4.2 del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 habla de la “Transformación en la Administración y Procuración de Justicia”, el tema está rezagado respecto a su puesta en marcha, puesto que el tiempo límite a nivel federal es a más tardar a mediados de 2016.

El abogado y director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., Germán Molina Carrillo, identifica como el principal problema de este sistema, la falta de presupuesto para capacitar a todos los actores que deben intervenir en su funcionamiento. Porque, por una parte el gobierno se compromete a completar la transición a este nuevo sistema, pero por otra parte hace despidos masivos.

Molina dice que si no hay una inyección suficiente de recursos, se puede correr el riesgo de que los juzgados no operen adecuadamente con el nuevo sistema. “Mientras el congreso del Estado no autorice una inversión para esta reforma, el asunto va a complicarse mucho. Esto puede afectar que los juicios se lleven de manera adecuada.”

[quote_box_left]En su opinión, hay tres puntos delicados en este nuevo sistema: primero, la inyección de recursos para la transición, segundo, la contratación de personal ya especializado, y tercero, la correcta capacitación de todos los que ya están trabajando en los Tribunales de Justicia y en los Ministerios Públicos.[/quote_box_left]

Por su parte, el abogado defensor y capacitador certificado para el nuevo Proceso Penal Acusatorio, José Luis Montaño de la Rosa menciona que en lo que va más atrasada esta transición es en la capacitación, sobre todo la de los jueces, pues es urgente “que no tengan el proceso tradicional tremendamente encasillado, con estas formas anteriores de hacer justicia, como tomar parte en el proceso.” 

Además falta que se capacite correctamente a los defensores, que en este nuevo sistema tendrán que convertirse en investigadores entendiendo que su función es totalmente participativa, pero a la par falta mucho para que los Ministerios Públicos también comprendan su nuevo papel, pues “hacen cualquier cantidad de maniobras para que el defensor no cumpla con su trabajo.”

Germán Molina hace especial hincapié en la necesidad de capacitar a funcionarios, pues el gobierno del estado está trabajando solamente con instituciones federales para este fin  dejando de lado a las universidades locales como posibles entidades que participen en el proceso de capacitación, “hay un divorcio en el trabajo de las universidades del estado respecto al funcionamiento del propio gobierno estatal”. Las capacitaciones actuales  funcionan mediante un sistema de cursos a nivel federal, lo que hace que los funcionarios tengan que estar buscando específicamente estos cursos de certificación, o que lo hagan fuera de la entidad. 

El experto sugiere que los involucrados deben conocer a fondo el nuevo sistema, llevando talleres prácticos, y también considera importante implementar controles de confianza, para los cuales no hay una mecánica establecida. “Se tendría que evaluar el nivel de conocimientos (que los funcionarios) tienen del nuevo sistema, porque ya los están aventando a los juicios”.

En su opinión, hay tres puntos delicados en este nuevo sistema: primero, la inyección de recursos para la transición, segundo, la contratación de personal ya especializado, y tercero, la correcta capacitación de todos los que ya están trabajando en los Tribunales de Justicia y en los Ministerios Públicos.

Al abogado le preocupa el hecho de que este nuevo sistema habilita a los Ministerios Públicos como funcionarios para el sistema de justicia oral, lo que antes estaba prohibido por la ley. El especialista cree que esto es inadecuado, porque entonces a un Ministerio Público que haya intervenido en un asunto o abrió una Averiguación Previa, podría tocarle juzgar la misma.

Sin embargo José Luis Montaño discrepa en este punto sobre que un Ministerio Público se pueda convertir en “juez y parte”, pues ahora tienen menos facultades. Con este nuevo sistema hay muchas facultades que son exclusivas de los policías y peritos, y además ahora aunque el Ministerio Público se niegue a investigar, el defensor de oficio puede hacerlo, aportando pruebas y así “haya un equilibrio sano”.

En lo que sí coinciden ambos es en la importancia de la capacitación. No es suficiente la infraestructura, sino que todos los funcionarios involucrados entiendan su papel, que puedan cumplirlo a cabalidad y de manera transparente, tomando el cuenta el concepto de lealtad y objetividad. 

Para que las investigaciones puedan ser objetivas y neutrales se necesita personal capacitado, que entienda este proceso. “Hay muchos que no han acabado de entender este funcionamiento. Siempre buscan cualquier forma para mantener en la cárcel a cualquier persona relacionada, se limitan las soluciones, y volvemos a generar una gran cantidad de asuntos pendientes (…) que se quedan en el tintero, generando un cuello de botella. Si no se da otra salida, este nuevo sistema, por muy bueno que sea, no funciona”.

¿En qué cambia el nuevo sistema?

Germán Molina dice que el cambio es radical, desde las bases del procedimiento. En teoría contempla a una Policía Ministerial más especializada, que investigue a fondo los delitos. Ahora se necesitan más pruebas para que los delincuentes no salgan rápido, y si los Ministerios Públicos no están bien preparados, “el sistema puede fracasar, porque la mayoría obtendrían su libertad por falta de averiguación”. 

[quote_box_left]Para Montaño, la parte más olvidada dentro del sistema son los policías, ya sean municipales, estatales, federales o ministeriales. “Ellos son los que realmente tienen el primer contacto con el hecho, entregan o recogen los primeros indicios. Es a ellos a quienes se les debe dar capacitación y herramientas para que puedan estar en condiciones de realizar la encomienda que ahora les da su nuevo papel. Si seguimos privilegiando a otras áreas sin entender que ellos son los primeros que deben estar capacitados y que su trabajo ya no es hacer las cosas de manera atropellada.”[/quote_box_left]

El director del Instituto de Ciencias Jurídicas advierte también que en Puebla no le han dado la importancia que tiene esta transición “están más preocupados por otros asuntos, como las grandes obras, inversiones, pero esa parte es muy sensible para el ciudadano.”

Aclara que no es que haya un menosprecio, pero sí una situación de no ponerlo como un punto prioritario. Además, la ciudadanía no está informada de las ventajas ni del funcionamiento de este nuevo sistema. Pero el Ejecutivo del Estado no tiene una visión de inclusión –en la que podría apoyarse con las universidades–, y dentro de toda la actual administración encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle, “la procuración de justicia y el respeto a los Derechos Humanos no han sido la prioridad”.

Montaño de la Rosa explica que por delitos menores (considerados todos excepto homicidios dolosos, secuestros, o relacionados con hechos de violencia) las personas enfrentan sus procesos en libertad, mientras que antes se metía a prisión a cualquiera. Este nuevo sistema está hecho “para que esa gente enfrente su proceso en libertad (…) y se sujete a las condiciones que les impone el juez de control”, como rehabilitación, firmas o multas. «En Puebla alrededor del 95 por ciento de todos los que enfrentan procesos penales y gozan de su libertad cumplen a cabalidad las medidas dictadas por el  juez.» 

Otro de los fines de este nuevo sistema es que se repare el daño, lo que antes no pasaba. El abogado dice que, antes, en el 97 por ciento de los casos no se les daba un solo peso a las víctimas por concepto de reparación del daño, no se les tomaba en cuenta y en cambio se buscaban penas muy altas para el culpable. “Donde opera este nuevo sistema la gente está en verdad preocupada por reparar el daño”, es por ello que la reforma “rompe tremendamente con la forma de conducirnos en el sistema pasado. Antes, la gente no buscaba esto porque anteriormente no se les daban opciones: o te quedas en la cárcel, o te quedas en la cárcel.”

Ahora el Estado le da la oportunidad a los culpables de continuar en libertad y tener empleo, mientras paguen el daño. En su opinión, las víctimas también adoptan una actitud diferente y positiva. 

Para Montaño, la parte más olvidada dentro del sistema son los policías, ya sean municipales, estatales, federales o ministeriales. “Ellos son los que realmente tienen el primer contacto con el hecho, entregan o recogen los primeros indicios. Es a ellos a quienes se les debe dar capacitación y herramientas para que puedan estar en condiciones de realizar la encomienda que ahora les da su nuevo papel. Si seguimos privilegiando a otras áreas sin entender que ellos son los primeros que deben estar capacitados y que su trabajo ya no es hacer las cosas de manera atropellada.”

De nada sirve, considera el abogado, que hagan la detención de un posible delincuente o encuentren indicios si no siguen los procedimientos correctos y lo hacen de manera ilícita, porque a la postre tanto las detenciones como las evidencias pueden anularse.