Foto: Marlene Martínez

María José Andrade Gabiño | Paula Hernández Gándara | Aranzazú Ayala Martínez

El año pasado el 81.4 por ciento de la población en Puebla se sintió insegura, lo dicen los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.

Es, como dijo Patricia Estrada, una de las moderadoras del debate organizado por el INE entre candidatos a la gubernatura, “la principal preocupación en Puebla”.

Y sobre ello los abanderados partidistas insistieron principalmente en la profesionalización de la policía municipal y estatal, y en la necesidad de incrementar el número agentes del Ministerio Público.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del INEGI del 2016, citado por el candidato del PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas, en Puebla “tenemos solo 2.5 MPs por cada 100 mil habitantes. Necesitamos aumentarlos por lo menos por 10. Chihuahua tiene 26, para dar una idea”.

Las dos entidades representan la tasa más baja y más alta en el país, respectivamente.

Sobre el tema, Alberto Jiménez Merino mencionó que en los últimos ocho años algunas agencias del Ministerio Público se han cerrado para crear la percepción de que en Puebla no hay delincuencia significando sólo una desventaja más en la procuración de justicia.

Los datos del censo del 2011 y 2018 registran un descenso de casi la mitad de esas oficinas de atención, pues mientras en el inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle eran 118, para el fin del gobierno de Antonio Gali Fayad se habían reducido a 68.

El periodo donde más puntos ministeriales cerraron fue entre 2016 y 2017, pasando de 107 a 59.

Sin embargo, aunque en efecto el número de agencias ministeriales mengua desde hace ocho años, las cifras parecen poco claras. En el directorio web de Gobierno del Estado de Puebla sólo aparecen reportadas 49 agencias.

En 2017, LADO B solicitó información sobre la disminución de las agencias a la Fiscalía General del Estado y también fue contradictoria: con diferencia de dos meses, primero contestaron que había 42 agencias y después dijeron que 57.

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Más Ministerios Públicos no resuelve el problema

No obstante, según Juan José Hernández, especialista del Observatorio Ciudadano IGAVIM, el incremento de agentes y agencias ministeriales no garantiza que la procuración de justicia mejore.

El problema, dice, es más complejo pues se tienen que considerar las necesidades de los ciudadanos y de los propios ministerios, como la logística interna, la transportación de los agentes, la cobertura de los médicos legistas y la atención en los procesos. Si estos elementos no se integran, prevalecerán las limitaciones en materia de justicia.

Profesionalizar a la policía

El candidato por el PRI, Alberto Jiménez Merino, mencionó la importancia de la coordinación estatal con el gobierno federal, específicamente con la Guardia Nacional.

Gabriela Warkentin, la otra moderadora del debate, lo cuestionó diciéndole que al mencionar a la Guardia parecía que “los estados se lavan las manos”.

Así fue como Jiménez Merino abordó el tema de los cuerpos policiales. Su propuesta fue fortalecerlos mediante la revisión de los salarios, incentivos económicos, seguros de vida y equipamiento.

En su turno el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, Luis Miguel Barbosa, pidió un plazo de 100 días para reestructurar las policías del estado; para profesionalizarlas.

Mencionó que se les daría el pago suficiente, se les dotaría de tecnología, de poder de fuego, y de la estrategia para que puedan ser coordinados.

Cárdenas coincidió con los demás candidatos, propuso el aumento de salarios de los policías, ya que “el 80% gana menos de 10 mil pesos; el otro 20% casi todo gana menos de 15 mil pesos”.

Al buscar las cifras correspondientes al número de policías estatales en activo, el enlace de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública respondió que “por cuestiones de seguridad no se puede revelar esa información”, pero informó que el sueldo del policía “A” bruto es de $11,708.97 y neto es de $10,146.42.

Enrique Cárdenas también mencionó que aumentará las condiciones de crecimiento de los agentes dentro de los cuerpos policiales, así como la necesidad de una constante evaluación para evitar extorsión y corrupción.

En Puebla hay un promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes y, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, es necesario que este número incremente a 1.8 policías, estándar mínimo que “resulta de promediar el número de policías estatales por cada mil habitantes en 2017 en México (0.8 policías) y el promedio que reportó en 2006 la Organización de Naciones Unidas para sus países miembros (2.8 policías)”.

¿Y sobre el huachicol?

Sobre el robo de hidrocarburo, uno de los principales asuntos de seguridad y crimen durante los últimos años en Puebla, sólo fue cuestionado el candidato del PRI al gobierno del estado, Alberto Jiménez Merino, al principio del debate.

Cuando Patricia Estrada le preguntó cómo terminaría con el coto de poder del huachicol, el candidato respondió vagamente: “Principalmente a través de destinar inversiones, apoyar los diferentes sectores productivos, fortalecerlos de acuerdo a los potenciales que hay en cada una de las regiones, a fin de que tengan los recursos suficientes que permita poder fomentar la producción y la productividad, y en donde los poblanos puedan rescatar toda su experiencia y puedan aplicar todos los conocimientos que tienen para poder generar mejores ingresos y más beneficios para toda esta población. Y sobre todo fortaleciendo estas zonas de desarrollo; en estas zonas donde hay más delincuencia, zonas fortalecidas de desarrollo económico”.

El tema del huachicol fue central en las últimas administraciones, y aunque el gobierno interino poco lo ha mencionado aún hay tomas clandestinas y aseguramientos.

De acuerdo con el último reporte del Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), parte de la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos, Puebla está en cuarto lugar nacional en tomas clandestinas.

Según datos de Pemex, de enero a marzo de este año en Hidalgo se encontró una toma clandestina cada hora con 24 minutos, seguido del Estado de México con un lapso de 3 horas 45 minutos y Guanajuato con 4 horas 48 minutos. En Puebla se ha encontrado una toma clandestina cada 5 horas y 24 minutos.

Pese a que en 2017 se conformó el Grupo de Coordinación Puebla Segura, integrado por el Ejército, la Marina, las Policías federal, estatal y las municipales para acabar con el robo de combustible, desde finales de 2018 el combate de este delito pasó completamente a manos del gobierno federal.

Y a pesar de que los litros de combustible robado disminuyen, las tomas clandestinas, no. Comparando los dos primeros meses del año pasado con los de 2019, hubo una reducción del 93% en litros asegurados, pasando de 671 mil 757 a 45 mil 545 litros. Respecto a las tomas clandestinas, en el primer bimestre de 2018 se localizaron 248 mientras que en 2019 fueron 269.

*Con información de Socorro Montiel

**Foto de portada: Marlene Martínez