• No garantiza la correcta aplicación de la justicia

• Falta de planeación lo hará inaplicable

• Los tres Poderes del Estado, responsables

• Sin capacitación tampoco habrá eficacia en los juicios orales, estiman juristas

• Puebla obtiene sólo 19 mdp de subsidio federal para ejecutar las reformas; pedía 65 mdp

Joel Merino.

Joseline Santos

@joss_santos

La ineficiencia en el Poder Judicial del Estado, los escasos recursos financieros y una mala planeación, impedirán que la transformación del Sistema de Justicia Penal poblano garantice la correcta aplicación de justicia.

El desconocimiento en la materia de los integrantes del Congreso local hizo que la metamorfosis -de un esquema inquisitorio a un procesal acusatorio, adversarial y oral- se proyectara de manera inversa.

Aunque los cambios son necesarios, quienes aplicarán el nuevo sistema sugieren que el primer paso debió ser la corrección en la operatividad en el Poder Judicial, siguiendo con la capacitación de jueces y ministerios públicos, mejorar la infraestructura para la celebración de juicios orales y, por último, las reformas constitucionales.

Sin embargo las acciones iniciaron con las modificaciones a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y de Reinserción Social, al Código de Procedimientos Penales (CPP), a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla.

Desde 2008 el gobierno federal fijó los plazos para la celebración de reformas en cada estado, por ende los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial tuvieron casi tres años para diseñar un proyecto -de acuerdo con sus competencias- que garantizara el éxito del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Luego de las reformas constitucionales federales, la anterior Legislatura local dejó pasar el tiempo y no promovió iniciativa alguna, sólo estableció como fecha límite el 18 de junio de 2011 para implementar la figura de los juicios orales.

Por su parte, el nuevo Congreso no diseñó un proyecto propio, sino que esperó hasta el 10 de junio de este año para que el Ejecutivo enviara el paquete de reforma.

Con el tiempo encima, la administración morenovallista hizo llegar las iniciativas en las que solicitaba una prórroga para que los juicios orales empezaran a aplicarse en enero de 2013 y no el 18 de junio de este año, como estaba previsto.

La propuesta y el paquete de reformas fueron aprobados por el Congreso tras sólo 5 días de análisis.

A diferencia de Puebla, los congresos locales de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Oaxaca y Morelos no esperaron los tiempos fatales. Trabajaron en la materia desde 2010, según el reporte elaborado en enero de este año por la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que es la estancia gubernamental federal encargada de coordinar las acciones entre los tres niveles de gobierno para concretar la reforma.

Bajo este escenario el nuevo Sistema Judicial está condenado al fracaso, estimaron juristas.

Primero la capacitación

El ex titular del Juzgado de Teziutlán, Enrique Romero Razo, opina que la conversión del Sistema de Administración de Justicia será superficial, ya que la premura para llevar a cabo las modificaciones constitucionales evidenciará el rezago administrativo y tecnológico, así como la poca transparencia en los procesos penales y audiencias públicas, que imperan en la actualidad.

Durante los 14 años que permaneció en el Poder Judicial del Estado -dos como agente del Ministerio Público y 12 como juez- percibió la generación de grandes vicios por la inamovilidad de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el ascenso en el escalafón a través del compadrazgo y el amiguismo, así como la deficiente capacitación de ministerios públicos y jueces de juicio oral.

Bajo este contexto, el Congreso local debió priorizar la renovación del órgano responsable de impartir justicia antes que las reformas constitucionales, considera el ex juez.

A su parecer, la creación del Centro de Formación Judicial es urgente, pues entre sus funciones estaría la certificación de jueces que formarán parte del nuevo sistema, porque a la fecha -dijo- el Instituto de Estudios Judiciales “Magistrado José María Corte y Juárez” incumple con esta responsabilidad.

Juicios orales no garantizan seguridad jurídica

El ensayista en materia legal, Alberto Peralta Merino, dice que desde su origen el Sistema de Justicia Penal mexicano y de algunos países de América Latina impide que la figura de los juicios orales sea exitosa.

En 1996, la Organización de Naciones Unidas y la guerrilla en Guatemala promovieron reformas de fondo al Sistema Judicial de este país. La lentitud de los jueces para resolver casos, aunado a que la corrupción nunca se erradicó, motivaron el colapso en el aparato de justicia y de la oralidad procesal.

En México, recientemente la efectividad de los juicios orales se puso en duda tras el homicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo a manos de su pareja sentimental. Consecuencias del caso fueron el asesinato de la activista Marisela Escobedo (madre de Rubí) frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, el 16 de diciembre de 2010, y la suspensión de los tres jueces que dejaron en libertad al culpable.

El sistema acusatorio adversarial establece como principio básico la presunción de inocencia, de este modo la carga de prueba e investigación es delegada al Ministerio Público. En el caso de la activista chihuahuense, Sergio Barraza Bocanegra, pareja sentimental y homicida confeso de Rubí, fue absuelto por los tres jueces de juicio oral, debido a que la investigación y la recolección de pruebas no se realizaron conforme a los estándares establecidos.

Este caso evidenció la poca capacidad del Ministerio Público para la obtención de pruebas, por ello Peralta Merino no duda en que la poca profesionalización de los jueces y abogados conduzca al colapso del Sistema Judicial mexicano.

En el mismo sentido, el presidente de la Asociación de Abogados y Defensores de los Derechos Humanos A.C., Miguel Ángel de Lara y Díaz indica que en Chihuahua y Oaxaca, dónde ya funciona el esquema de oralidad procesal, la etapa de investigación llega a tardar hasta siete meses. La resolución de los casos toma hasta dos años.

Con el esquema inquisitorio vigente, el juicio penal por delito menor se resuelve en seis meses en promedio y los graves en dos años.

Con el nuevo sistema procesal acusatorio, adversarial y oral, los tiempos serán similares, debido a que la ley dio nuevas cargas al Ministerio Público -ahora no sólo tiene facultades, sino que está obligado a obtener pruebas- por tanto no se cumple con una de las metas de la reforma constitucional: agilizar los procesos.

Desde la perspectiva del jurista, el Poder Judicial tuvo que ampliar el número de personal antes de otorgar mayor carga de trabajo al Ministerio Público que, valga la mención, no percibe un sueldo mayor a los 20 mil pesos.

De Lara y Díaz, calcula que el 80 por ciento de abogados litigantes desconoce las reformas, por tanto no descarta que la poca preparación tanto de defensores como de agentes de Ministerios Públicos y jueces ponga en riesgo la seguridad jurídica, como fue el caso de Marisela Escobedo.

Y luego el presupuesto

La figura de los juicios orales funciona de manera positiva en Chile, pero en México, y por consecuencia en Puebla, la estructura actual podría resultar insuficiente para desahogar el trabajo. A ello se suma la falta de recursos.

En el país sudamericano, el gobierno federal destinó 250 millones de dólares (2 mil 917 millones de pesos al cambio) para implementar los juicios orales y demás reformas en su primera etapa; en México, la administración de Felipe Calderón proyectó 443 millones de pesos para el mismo fin en 2011, poco menos de una sexta parte de lo que destinó su homólogo chileno.

En Puebla, el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, David López Muñoz, no ha fijado un presupuesto para la aplicación de las recién aprobadas reformas constitucionales.

A diferencia del poblano, su homólogo en el Distrito Federal, Édgar Elías Azar, estimó que su jurisdicción requiere más de 3 mil millones de pesos.

Para la figura de los jueces de Ejecución de Sanciones Penales -dijo Elías Azar- se requerirán 300 millones de pesos, es decir más del 75 por ciento del recurso etiquetado por la Federación para el DF y las 31 entidades federativas.

Por lo anterior, Peralta Merino y Miguel Ángel de Lara coinciden en que los resultados serán positivos en todo el país, sólo cuando el personal de los juzgados sea eficiente, cuente con recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y económicos para su correcto funcionamiento.

Aunque no existen bases para que se cumpla con lo anterior, los juristas recomendaron a los tres Poderes del Estado difundir el tema para que los ciudadanos conozcan el nuevo sistema.

Agregaron que para la transformación se requiere del apoyo de entidades públicas y privadas, como universidades, el sector educativo y el social.

Recursos insuficientes

En la VII sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal celebrada el pasado 17 de junio, el titular del Setec, Felipe Borrego Estrada, informó que el Comité de Subsidios-responsable de asignar recursos-concluyó la evaluación de 308 proyectos presentados por las 31 entidades federativas, 174 cumplieron con los requisitos.

442 millones 989 mil 42 pesos fueron asignados -98 por ciento del presupuesto federal 2011- en el rubro “Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal”.

Sin embargo los estados demandaron 2.3 veces más del monto contemplado por el gobierno federal.

Puebla se tendrá que conformar con 19 millones 700 mil pesos de los 65 millones 619 que solicitó para llevar a cabo cinco proyectos: Planeación (1), Reorganización Institucional (2), Capacitación (1) y Difusión (1) que presentó al Comité de Subsidios.

El Distrito Federal, Durango, Zacatecas, Chihuahua y Baja California fueron algunos estados que recibieron mayor número de recursos que Puebla.

La evaluación de los proyectos se realiza bajo criterios de antecedentes, naturaleza, justificación, objetivos, acciones, resultados e indicadores, alcance, recursos, costo, estrategia e información complementaria, es decir, la asignación de recursos es en función de la viabilidad de los proyectos y no por el número de estos.

Con los recursos aprobados, al término de 2011 Puebla deberá cumplir con las reformas de las leyes secundarias y complementarias a la Constitución y el Código del Proceso Legal, capacitación de jueces, así como el equipamiento de las salas de juicio y las defensorías.

Pese a este escenario e inmediatamente después que las reformas fueron aprobadas, el presidente de la comisión legislativa de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, Juan Carlos Espina Von Roehrich, adelantó que la partida presupuestal que destinará el estado para ejecutar las primeras acciones que obliga la reforma constitucional, se fijará hasta que estudien el paquete fiscal para 2012.

Ventajas y recomendaciones del nuevo sistema acusatorio, adversarial y oral

(con una correcta aplicación)

• Las acusaciones ya no serán exclusivamente de manera oral sino que los jueces requerirán evidencia física
• Disminución de encarcelamiento de inocentes
• Respeto a los derechos humanos garantizado, ya que los detenidos por agentes policíacos deberán conocer la orden de aprehensión
• Los acusados podrán ver al juez
• Disminuirán las sentencias condenatorias
• La procuración de justicia será ágil

Jueces de juicio oral defienden su dictamen, responsabilizan al Ministerio Público por su ineficiencia en el proceso de investigación y en la recolección de pruebas para sustentar el caso.