• Esta ley atenta contra las garantías establecidas en el artículo 16 constitucional, además de ser una medida de emergencia: Pablo Monzalvo
• Debe hacerse público un protocolo de notificación a los ciudadanos que sean sometidos a este método de vigilancia: Sandra Salcedo
• A diferencia de Estados Unidos, en México la geolocalización no será posible en teléfonos apagados: Jorge Garibay

Prensa Ibero DF

La Universidad Iberoamericana organizó la Mesa «¿Seguridad o privacidad? La nueva Ley de Geolocalización», en la que expertos de la institución dieron su punto de vista sobre esta medida. Abordaron sus repercusiones en materia de derechos humanos y el posible mal uso de la información privada para fines criminales.

Recién aprobada, si bien esta ley tiene por objetivo ser una herramienta más en el combate al crimen organizado, la extorsión y el secuestro, podría ser un “cheque en blanco” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entregado al Ministerio Público. Existe el riesgo de que sea utilizada precisamente para extorsionar personas, así como para inhibir la impartición de justicia en México.

Tomada de audienciaelectronica.net/

Así lo señaló la maestra Sandra Salcedo, académica del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, para quien la aprobación de esta ley ha sido un «acto irresponsable» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no exigió “mecanismos claros para hacer uso de esta medida de vigilancia encubierta”, lo que podrían facilitar que se presenten violaciones de derechos humanos, debido a la falta de mecanismos de procedimiento y de protección ante la posible arbitrariedad de la autoridad.

Por su parte, el maestro Pablo Monzalvo, académico del Diplomado en Seguridad Pública, impartido por la Ibero, subrayó que esta ley atenta contra las garantías establecidas en el artículo 16 constitucional, además de ser un “argumento de emergencia” que busca solventar el problema de la inseguridad, pero sólo hace evidente la incompetencia del Estado para actuar de forma preventiva.

Monzalvo, quien fuese director de la Policía Auxiliar del Distrito Federal entre 1993 y 1994, apuntó que el derecho no puede utilizarse para facilitar el paso a un sistema de gobierno con características dictatoriales, y calificó como «imperativa» la preparación tecnológica para las autoridades que pondrán en práctica esta ley, que como indicó el experto, podría utilizarse no sólo para ubicar presuntos criminales, sino para la caza de enemigos políticos.

El maestro Jorge Garibay, experto en seguridad informática de la Maestría en Administración de Servicios de Tecnología de lnformación de la Ibero, señaló que, a pesar de que México no es una potencia en materia de telecomunicaciones, la tecnología existente en el país podría permitir a las autoridades localizar a una persona en un rango de 200 a 400 metros, por medio de su teléfono celular. Aun así, a diferencia de Estados Unidos, donde la geolocalización es aplicable incluso a teléfonos celulares apagados, en México sólo se podrán rastrear teléfonos encendidos.

Si bien se trata de una ley importante, México está muy lejos de estar a la vanguardia en el tema, pues en el país, añadió Garibay, existen solamente dos leyes federales que protegen los datos personales y la privacidad, mientras que en España hay un instituto federal dedicado exclusivamente a la protección de datos, y en Estados Unidos se cuenta con quince leyes alusivas.

Jorge Garibay coincidió con los panelistas en la necesidad fundamental de establecer “reglas del juego” para la Ley de Geolocalización, dado que, como indicó la maestra Sandra Salcedo, no se han dado a conocer claramente los procedimientos con los que se realizará la vigilancia a los civiles sospechosos, ni tampoco la temporalidad de la medida, el medio y plazo de almacenaje de la información recopilada, ni su posterior destrucción.

Sandra Salcedo insistió en que debe establecerse y darse a conocer públicamente un protocolo de notificación a los ciudadanos que sean sometidos a este método de vigilancia, así como las sanciones en caso de abuso y los medios que los particulares podrán usar para manifestar una inconformidad en caso del mal uso de la información privada.

A su vez, Pablo Monzalvo apuntó que la delincuencia, seguramente, encontrará una rápida solución tecnológica para evadir la ley, pues a diferencia de la población general, cuenta con los recursos suficientes para sortear esta “medida desarticulada”.

“La electrónica no puede ser un recurso que sustituya al sentido de la justicia y el derecho”, subrayó.