La decisión del 7 de septiembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, hizo recordar aquellas palabras que, si la memoria no falla, habría utilizado el ahora ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para referirse a la votación con la que este poder desarticuló la Ley Televisa hace más de 14 años, por allá de junio de 2007: “la Corte también gobierna”.

Por unanimidad de votos, los siete ministros y las tres ministras que participaron en esta discusión tomaron la decisión de invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que sancionaba con hasta tres años de cárcel a las mujeres que interrumpían voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación, como ocurre en 28 entidades, entre ellas Puebla. Asimismo, invalidaron la fracción del artículo 198 del mismo ordenamiento que impedía la asistencia por parte de personal de salud a las mujeres que decidieran abortar, junto a porciones normativas del artículo 199 que limitaban el aborto a las primeras 12 semanas de gestación, un asunto frente al que la Corte no entró a fondo.

Con su decisión, el pleno de la Corte se pronunció también a favor de garantizar el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, introduciendo en la discusión pública y jurídica este concepto más inclusivo, en referencia a las personas que, sin identificarse con el género mujer, tienen capacidad orgánica de gestar, como es el caso de los hombres trans y las personas no binarias.

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Como pudo leerse en el boletín oficial al haberse superado la mayoría calificada de ocho votos, la resolución de la Corte es obligatoria para todas y todos los jueces del país, con lo que habrán de ser consideradas inconstitucionales aquellas normas que criminalizan el aborto de manera absoluta. Así, el máximo tribunal de justicia le corrige la plana a los congresos locales y a aquellos ejecutivos estatales que con timidez y cortedad se han involucrado en este debate sin ofrecer plenas garantías a las personas gestantes.

Pero no sólo eso, la Corte se convirtió en el primer tribunal constitucional de América Latina en emitir una sentencia de esta naturaleza, lo que generó una ola de beneplácito y celebración de parte, sobre todo, de las mujeres que en los últimos años han tomado y coloreado las calles con pañuelos verdes como exigencia al Estado.

En este sentido, pese a que el ministro ponente del proyecto, Luis María Aguilar, fue más cauto el día después de la votación, señalando que la decisión de la Corte tuvo exclusivamente como guía el respeto a los principios constitucionales en materia de derechos humanos, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, fue más allá, hizo pedagogía de la movilización social y rindió homenaje al movimiento feminista con una alocución que confirma la relevancia de la indignación, la protesta en las calles y el reclamo cotidiano.

“Este logro es de una extraordinaria trascendencia, pero quiero decirlo con toda claridad: no es un mérito de la Suprema Corte. Este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas, jóvenes, que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. El logro y el mérito es de todas ellas, y es también un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos, a todas las mujeres que tuvieron que soportar prisiones injustas, a todas las mujeres que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos. Esta sentencia es mérito de las mujeres y es en homenaje de las mujeres. Como presidente de la Corte, es para mí un honor haber sido, junto con mis compañeras y compañeros ministros, un instrumento para que esta lucha de tantos años haya cristalizado”, sostuvo el ministro Zaldívar en conferencia de prensa.

En la misma rueda de prensa del 8 de septiembre, el presidente de la Corte informó que propuso al Consejo de la Judicatura Federal brindar licencias de paternidad por tres meses al interior de la Corte, colocando al Poder Judicial a la vanguardia de las instituciones públicas en materia de igualdad.

En la misma tesitura, el 9 de septiembre la Corte declaró inconstitucional también por unanimidad la porción normativa de la Constitución del estado de Sinaloa que establecía la tutela de la vida desde la concepción, contenida en la fracción I de su artículo 4 bis A, bajo el argumento de que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana y de que un embrión no merece la misma protección jurídica que las personas nacidas, imponiendo a las mujeres y personas gestantes una carga desproporcionada. Esta resolución asienta también un criterio obligatorio para todo el país, en especial para las 21 entidades con disposiciones como la de Sinaloa —Puebla incluida—.

Si gobernar es conducir y darle rumbo a la sociedad o al Estado mismo, la Corte dio muestra de ello la semana pasada. No es la primera vez que lo hace, sin embargo, resulta importante que lo haga ahora que en el Poder Judicial siguen esperando turno expedientes de la mayor relevancia, como es el caso de las leyes secundarias que siguieron a la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y el propio acuerdo militarista con el que el presidente autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública hasta 2024.

*Foto de portada: Georgina González | Flickr