Roberto Alonso*

Una de las conclusiones más frecuentes sobre las pasadas elecciones es que los ciudadanos que salieron a votar decidieron no otorgarle al candidato presidencial que obtuvo más votos la mayoría que pretendía en el Congreso, ratificando de esta manera la lógica del gobierno dividido. Tras finalizar el reparto de las curules plurinominales resulta que en alianza con el Partido Verde y Nueva Alianza, el PRI podría alcanzar el mínimo de la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 251 legisladores, sin embargo, no es la cantidad que deseaban Enrique Peña Nieto y su equipo.

Para muchos, la alineación legislativa representa un alivio sobre la base de la teoría de la división de poderes, de suerte que la ruta de las iniciativas presidenciales deberá incluir escalas en la negociación y la construcción de acuerdos con otras fuerzas políticas. Otros lamentaron la distribución argumentando que este país requería de un gobierno unificado para superar los rezagos que enfrenta y la “parálisis” que vive.

Los segundos, hay que subrayar, pierden de vista que en los 15 años que México lleva de gobiernos divididos se han aprobado más reformas constitucionales que en los 15 anteriores a este esquema, cuando lo que había eran gobiernos unificados.

El pecado que podrían cometer los primeros, sobre todo quienes asumieron el regreso del PRI a Los Pinos como una mala noticia, es ver con satisfacción y respiro la repartición del Congreso, siendo que, como se ha advertido, al recinto legislativo llegan personajes que no sólo podrían respaldar un estilo y una visión de gobierno adversos a la democracia, sino que podrían agravar el contexto a través de la representación de intereses privados.

A partir del 1 de septiembre, la Cámara de Diputados quedará constituida por 207 diputados del PRI, 114 del PAN, 100 del PRD, 34 del Partido Verde, 18 del PT, 17 de Movimiento Ciudadano y 10 de Nueva Alianza. El Senado de la República será integrado por 52 senadores del PRI, 38 del PAN, 22 del PRD, nueve del Partido Verde, cinco del PT, uno de Movimiento Ciudadano y uno de Nueva Alianza.

Un grupo que con seguridad agravará el panorama, particularmente en un sector en el que la sociedad reclama cambios radicales y que, por tanto, habrá de ser vigilado de manera permanente es el de la telebancada.

Robustecida vía el PRI y el Partido Verde con la finalidad de proteger los intereses del poder mediático, esta fuerza estará representada, al menos, con 11 diputados y 5 senadores. En la Cámara de Diputados serán Rubén Acosta Montoya, Enrique Cárdenas del Avellano, Antonio Cuéllar Steffan, Patricio Flores Sandoval, Mónica García de la Fuente, Federico González Luna, Jorge Mendoza Garza, Laura Ximena Martel Cantú, Javier Orozco Gómez, Carla Padilla Ramos y Simón Valanci Buzali quienes la integrarán. En el Senado de la República, completarán la telebancada por medio de los mismos partidos políticos Juan Gerardo Flores Ramírez, Arely Gómez González, Luis Armando Melgar Bravo, Carlos Alberto Puente Salas y Ninfa Salinas Sada.

Se avizora como agenda de esta presencia parlamentaria: frenar todo intento de reforma al marco jurídico de la radio y la televisión que busque impulsar la competencia y el pluralismo; seguir retrasando el proceso de digitalización en el país, o permitirlo pero a costa de que este no suponga la incorporación de otros actores en la televisión abierta; favorecer a los concesionarios de la radiodifusión con nuevas frecuencias para ofrecer servicios de telefonía y banda ancha; e inducir una contrarreforma electoral desechando el modelo de comunicación política que impide la contratación de espacios en radio y televisión.

Frente a escenarios como estos no extraña que 34.1% de los encuestados en un ejercicio demoscópico reciente desconfíe de sus representantes y opine que los legisladores sólo buscan su beneficio personal. Curiosamente, interrogados respecto al actor al que se acercarían en busca de una nueva ley, 30.5% respondió que dicho contacto lo haría con los medios de comunicación, mientras que sólo 9.2% tendría comunicación con su diputado. Así se percibe el trabajo de los legisladores y el poder de los medios.

Llama la atención que pese a ser la principal demanda del movimiento #YoSoy132, así como de otras organizaciones sociales, la reforma al sector de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones con una nueva ley de medios no forme parte de las iniciativas anunciadas por Peña Nieto. La realidad, en contra, es que existe un grupo ad hoc para frenarla nutrido por los partidos que promovieron su candidatura, como lo hizo la telebancada en la legislatura que termina.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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