Iniciamos septiembre con la entrega del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que marca la mitad del camino, como ha titulado su más reciente libro. Siguiendo la tradición política, López Obrador emitió un mensaje desde Palacio Nacional el cual da algunos elementos para analizar desde diferentes áreas, incluidas el derecho a la información y la libertad de expresión. Veamos.

Entre el recuento de los logros, el presidente anunció que de los 100 compromisos que hizo el primer día de su administración, ya ha cumplido 98 y quedan pendientes dos, uno de ellos es el “conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, compromiso que se vincula con el derecho a la verdad y que, sin duda, es uno de los grandes pendientes ante la crisis de la desaparición de personas en nuestro país y cuya resolución o no, marcará el sexenio en materia de derechos humanos.

De los 98 compromisos restantes, hay dos que se relacionan directamente con el derecho a la información y la libertad de expresión. Uno de ello, el de la reducción del 50 por ciento de la Publicidad Oficial. Tema que abordaba en la entrega pasada y que, en resumen, si bien se ha cumplido con una reducción de más del 50 por ciento, se mantiene la falta de criterios claros para la asignación que deriva en una distribución inequitativa del gasto y una mala planeación. 

El otro compromiso, es el de “respetar la libertad de prensa, la manifestación de ideas”, donde se ha utilizado como indicador al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al cual también se hizo referencia en el mensaje al anunciar que “se mantiene el Programa de Protección de Protección a Periodistas”. Así sin más. 

De acuerdo con los propios datos oficiales presentados en el Informe, al inicio del sexenio había 798 personas adscritas al Mecanismo, mientras que, al 31 de julio de 2021, el número ascendía a mil 487 personas. Si bien el número de beneficiarios ha aumentado a casi al doble, también hubo algunos retrocesos, en particular con el Fondo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ligado al Mecanismo, como uno de los fondos y fideicomisos que el Congreso eliminó en octubre de 2020. La eliminación del Fondo iba en contra de las recomendaciones hechas por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del llamado tanto de Organizaciones como de la propia Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.

Es importante mencionar que el contexto de violencia contra la prensa, aún con la continuación del Mecanismo, no ha tenido una disminución. De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, en lo que va del sexenio del presidente López Obrador se ha registrado el asesinato de 22 comunicadores con posible relación a su labor informativa y se han documentado mil 691 agresiones contra la prensa, con un promedio anual, durante los dos primeros años de más de 600 agresiones. En comparación, durante la primera mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 16 periodistas asesinados, y el promedio anual de agresiones durante todo el sexenio fue de 420.

Otra de las frases emitidas por el presidente López Obrador es que “ahora […] se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información”. Al respecto comentar dos puntos.

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En el caso del derecho a disentir, una de las preocupaciones que han manifestado diversas voces, incluso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la estigmatización contra la prensa y organizaciones, no solo con calificativos como “prensa fifí”, “conservadores”, “especialistas en la simulación” o “pasquín inmundo”, sino también con la descalificación a través de espacios como el Quién es quién en las mentiras, donde se han hecho señalamientos a medios sin una metodología clara de verificación e incluso cayendo en errores como en el caso de la revista Forbes. Hace unas semanas, el relator especial, Pedro Vaca, pidió que dicho espacio “debe reconsiderarse en la medida en la que puede estar afectando las garantías para un debate libre, informado, donde el señalamiento público es un señalamiento no puede trazarse bajo la culpabilidad”.

En el caso de la transparencia, a lo largo del sexenio y particularmente al inicio de este año, el presidente ha amenazado con desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que sus funciones sean adoptadas por la Secretaría de la Función Pública, lo que representaría un retroceso en materia de derecho de acceso a la información en su garantía a nivel federal, y tendría un impacto a nivel estatal.

Es cierto que el actual gobierno, como todos los anteriores, ha dado pasos en diversas materias, incluido el derecho a la información y libertad de expresión, pero también se han dado algunos retrocesos y alertas que serán necesarias tener en el radar de cara a la segunda mitad del sexenio, con el objetivo de fortalecer este derecho humano fundamental para nuestro sistema democrático.