Lado B
Publicidad Oficial: avances y pendientes
Por Cuauhtémoc Cruz @cuau_cruz
25 de agosto, 2021
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El primer día de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió, como parte de las medidas de austeridad, a reducir a la mitad el gasto en publicidad oficial. El reto no era muy complejo. La administración de Enrique Peña Nieto no solo se caracterizó por el derroche de recursos públicos para medios de comunicación (60 mil 236 millones de pesos en seis años), sino también por el sobreejercicio anual y la falta de criterios claros para su asignación.

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De acuerdo con un análisis realizado por Artículo 19 y Fundar a los datos del Sistema de Comunicación Social (Comsoc) perteneciente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la promesa del presidente estaría cumplida, sin embargo, las malas prácticas en su ejercicio continúan.

Lo bueno. Con base en  los datos del Comsoc, durante los dos primeros años fiscales de la administración del presidente López Obrador (2019-2020) se ejercieron 5 mil 707 millones de pesos en publicidad oficial. En comparación, durante los dos primeros años fiscales del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2014), el gasto ascendió a 24 mil 408 millones de pesos, con lo cual la reducción del gasto para el mismo periodo sería del 76.5 por ciento.

Incluso se puede observar una tendencia a la baja durante la actual administración al pasar de un gasto de 3 mil 459 millones de pesos en 2019, a 2 mil 248 millones de pesos para 2020. Durante el último año de la administración peñista, el gasto fue de 9 mil 879 millones de pesos. Con ello la promesa hecha por el presidente López Obrador estaría, hasta el momento, cumplida.

Lo malo. Entre las deficiencias que existen aún en la asignación de la publicidad oficial se encuentran la concentración de muchos recursos en pocos medios y mala planeación en el ejercicio.

Sobre la distribución del gasto, el análisis indica que de los 2 mil 248 millones de pesos que se ejercieron durante 2020, aproximadamente mil 177 millones de pesos (52 por ciento) se destinaron solo a 10 medios de comunicación, mientras que los mil 71 millones de pesos restantes (48 por ciento) se distribuyó en 447 medios. Incluso, tres medios de comunicación (Televisa, Tv Azteca y La Jornada) concentraron en conjunto poco más de 642 millones de pesos, equivalente al 28.6 por ciento del total del gasto.

En cuanto a la planeación, las organizaciones detectaron la práctica del “gasto decembrino”. Entre enero y junio de 2020, el gasto en comunicación social fue de 58.2 millones de pesos, equivalente al 2.6 por ciento del gasto total anual; en contraste, solo en el mes de diciembre el gasto ascendió a mil 552 millones de pesos, equivalente al 69.06 por ciento del gasto anual. Esto evidencia una mala planeación para el ejercicio a lo largo del año, generando una mala práctica hacia el cierre del mismo de gastar los recursos para que no se queden.

Si bien en cuanto al ejercicio de recursos hay una diferencia entre ambas administraciones, en lo que respecta a las prácticas “tienen en común la persistente ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial”.

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Los pendientes. La nula disposición a tener una nueva ley que establezca reglas claras y mejores prácticas. Durante La Mañanera del 4 de agosto, el periodista Luis Guillermo Hernández cuestionó al presidente López Obrador sobre la posibilidad de tener una nueva legislación en materia de comunicación social, a lo que el titular del Ejecutivo respondió que: “No debe haber una regulación, tenemos mejor que ejercer nuestra libertad […] No, no, no, leyes, reglamentos, nada de eso, libertad completa”.

En este espacio hemos señalado que la actual Ley General de Comunicación Social, bautizada como Ley Chayote, no cumple con los estándares mínimos internacionales, al contrario, institucionaliza malas prácticas. Para las organizaciones “la falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto”.

La emisión de una nueva ley no solo es un pendiente del Ejecutivo —que quedó claro no tiene la intención de modificar la legislación— sino también del Congreso de la Unión. La actual legislatura que está próxima a terminar no tuvo ni el interés ni la apertura para emitir una nueva ley para regular la publicidad oficial bajo estándares internacionales y en garantía del derecho a la información, aun cuando desde el Colectivo Medios Libres se presentó una iniciativa ciudadana que recogía las mejores prácticas.

De poco servirá la reducción del gasto en publicidad oficial si se mantienen las malas prácticas en su distribución y ejercicio, con reglas que no garantizan plenamente el derecho a la información y la libertad de expresión. Es necesario dar pasos más sólidos para una regulación adecuada. Un pendiente para la segunda mitad del sexenio.

*Foto de portada: @lopezobrador_ | Twitter

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Autor Lado B
Cuauhtémoc Cruz
Cuauhtémoc Cruz Isidoro, comunicólogo por la IBERO Puebla y maestrante en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente es responsable de Comunicación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y es Secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla). Se ha especializado en derecho a la información. Chiva y blaugrana de corazón.
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