El 9 de agosto apareció una noticia que daba cuenta de la toma de una bodega de garrafones por un grupo de lugareños inconformes con esa empresa, un grupo de “vándalos” dijeron algunos, en realidad los que siempre dicen eso sobre cualquier protesta. La noticia parecía local, coyuntural, lejana de las tragedias globales como los incendios en Grecia e Italia, intrascendente para el mundo en comparación con el anuncio de la incorporación del agua al mercado de futuros en Wall Street. Porque siendo honestos ¿Qué tan grave puede ser una empresita embotelladora de agua?
Las comunidades que ocuparon las instalaciones de Bonafont en el municipio poblano de Juan C. Bonilla llevan más de una década defendiéndo el agua de la región de la explotación desmedida y la contaminación de empresas instaladas en la periferia de la ciudad de Puebla. Una defensa que en enero de 2020 llevó a la detención del concejal del Congreso Nacional Indígena, Miguel López Vega, y a amagos represivos de la Guardia Nacional contra quienes trataban de proteger el río Metlapanapa. Es una lucha que se ha entrelazado con otras similares en el país que se enfrentan a industrias refresqueras, cerveceras o industrias textiles. Silenciosa y violentamente, en todo México, hay unas cuantas empresas que se han apropiado del agua para convertirla en mercancía o en desperdicio.
Los habitantes de las 19 comunidades que conformaron los Pueblos Unidos llevaban años denunciando la escasez de agua en los pozos de la región, la misma región en la que apareciera un socavón gigantesco. Más allá del debate sobre la causa inmediata de las sequías y socavones, la relación entre ambas no puede ser simple coincidencia o “hechos aislados”, refleja cambios significativos en el subsuelo de la zona y en los mantos acuíferos, cambios que ponen en riesgo socioambiental a toda la región de manera directa e indirectamente al conjunto del planeta. Una explotación de agua de la magnitud de la que hacen empresas como Bonafont inevitablemente abona a esta crisis.
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Sólo en la región de Juan C. Bonilla Bonafont embotella aproximadamente 20 garrafones de 20 litros por minuto, es decir, 1.7 millones de litros de agua al día: más de 600 millones de litros de agua al año. Esa misma empresa es parte de una de las multinacionales más grandes del mundo, Danone, que en 2019 reportó ventas por 4.6 billones de euros sólo de agua embotellada a nivel global. Eso es mucho dinero y, sobre todo, muchísima agua.
Pero hay un elemento más en esta historia, una bomba de capacidad industrial para un uso reportado como “doméstico” al interior de la planta de Bonafont. ¿Bomba industrial para limpiar baños? ¿En serio? Esa bomba nos lleva a preguntas importantes para Mariano Perotti, el CEO de Bonafont, e incluso para Antoine de Saint-Affrique, el nuevo CEO de Danone, empezando por: Además del saqueo “legal” de agua, ¿cuántos de esos casi 5 billones de euros que venden de agua embotellada son literalmente robados? ¿Cuántos Juan C. Bonillas han quedado secos en el mundo tras su narrativa de empresa amigable con el medio ambiente y sus patrocinios a eventos deportivos de la ONU?
La rebelión del 8 de agosto no es por garrafones, es por la vida que sin agua se vuelve imposible. Es por el uso de lo que la naturaleza tiene para sobrevivir, frente a su uso como número en reportes trimestrales y “misiones o visiones” hipócritas. Se trata de evitar que los incendios en Grecia e Italia se vuelvan cotidianos y que las muertes en Canadá y Paquistán por calor extremo sean habituales. No sólo puede tratarse de cambiar hábitos de consumo, de comprar productos de un “capitalismo sustentable”, se trata de una necesaria y urgente rebelión que camine hacia otros estilos de vida.
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Aproximadamente 10 mil personas mueren diariamente por falta de acceso a agua potable. Negar acceso al agua o despojar de agua a poblaciones enteras significa violentar el derecho a la vida de esas poblaciones. Si de algo no hay duda, es que el agua es indispensable para la vida, la falta de agua imposibilita el derecho a la vida; por lo tanto, la mercantilización del agua significa la mercantilización del derecho a la vida.
Tras años de resistencia, de laberitnos jurídicos e hipócritas narrativas gubernamentales y empresariales, los Pueblos Unidos optaron por rebelarse contra quienes les quieren embotellar la vida y convertir sus muertes en ganancia.
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández