La desprivatización del agua en la capital poblana es uno de los grandes pendientes del actual gobierno municipal y del Congreso, y se enmarca en un problema que lleva ya ocho años desde que la empresa Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla, obtuvo el contrato para el servicio del manejo y saneamiento del recurso hídrico.

La principal preocupación de las y los activistas, así como usuarios, hoy en día es que el tema de la desprivatización está en el limbo, entre un Congreso que a pocos meses de haber iniciado actividades no lo ha retomado y un Ayuntamiento que está dejando la solución en manos del Legislativo. 

De acuerdo con activistas que siguen el tema, hay una clara falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes que procuren el acceso al agua —un derecho humano—, sin cortar el servicio a las y los usuarios y con cobros no excesivos. 

Los pendientes que se arrastran

Foto: Olga Valeria Hernández

Si bien este es un problema que inició en 2013, fue hasta 2018 cuando hubo promesas, en las campañas de quienes ocuparon los curules en la anterior legislatura, para desprivatizar el servicio del agua, cuenta en entrevista para LADO B, Omar Jiménez, activista y uno de los principales impulsores de la Asamblea Social del Agua —organización dedicada a denunciar los cobros excesivos y dar apoyo legal a la ciudadanía afectada—.

Ante la inconformidad ciudadana y denuncias de la sociedad civil, en noviembre de 2019 diputados del Congreso, entre ellos Gabriel Biestro, iban a presentar reformas a la Ley de Agua para el Estado de Puebla, las cuales causaron descontento en la gente pues abrirían la puerta a que quienes no pagaran las cuotas fueran incluso embargados. Esto es importante pues desde que Agua de Puebla tomó el control del servicio ha habido constantes denuncias de cobros altísimos. 

Por ejemplo, en 2015 la Cámara Nacional de la Industria de Baños y Balnearios (Canaibal) hizo públicos adeudos de casi dos millones de pesos por el saneamiento de las aguas, y usuarios particulares han tenido cuentas de hasta cien mil pesos.

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Sin embargo, en ese momento (en 2019) se detuvo la iniciativa, pero para marzo de 2020 pasó una reforma a la misma legislación, impulsada por Nora Escamilla, sin avisar ni informar, donde se planteó que el servicio se podía cortar “por falta del pago de los derechos, contribuciones de mejoras y productos correspondientes al servicio de que se trate, excepto cuando el consumo para uso doméstico no exceda de 15 metros cúbicos mensuales”.

Omar Jiménez describió esta adición al artículo 99 de la ley como algo engañoso, pues hace creer a la gente que los cortes de agua y drenaje se prohibieron, cuando no es así. Un gran problema es que cerca del 60 por ciento de los usuarios, dijo, carecen de un aparato que mida el consumo del recurso hídrico, así que es imposible medir cuánto realmente se está usando.

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En ese momento, entre protestas de usuarios, la Asamblea Social del Agua explicó que las reformas a la legislación, que según los diputados que las promovieron fueron para “quitarle poder a la concesionaria”, son realmente inconstitucionales porque permiten que se niegue el servicio de agua potable cuando el acceso al agua está reconocido internacionalmente como un derecho humano.

Un pendiente del Congreso

Así, la legislatura anterior dejó a un lado el tema, pero hay legisladores que repitieron su periodo (como Nora Escamilla), por lo que la actual legislatura todavía tiene la posibilidad de revertir la privatización del agua y que la empresa dé un mejor servicio. Especialistas entrevistados por LADO B coincidieron en que la Ley de Agua para el Estado de Puebla es un gran pendiente del Poder Legislativo.

Por su parte, el actual alcalde Eduardo Rivera habló hace un par de días del tema, declarando que no es un tema sencillo pues el Ayuntamiento no tiene los recursos ni facultades para revertir la desprivatización (esto es, la concesión del control de Agua de Puebla para el manejo del recurso hídrico), pero buscará reunirse próximamente con las autoridades competentes como el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap). Esto, pese a que en recorridos de campaña dijo que si la empresa no daba un buen servicio (esa empresa o la que fuera) se le retiraría la concesión.

Foto: @AguadePuebla | Twitter

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Sin embargo, el panorama actual para que se revire el contrato con Agua de Puebla es complejo. Los activistas Omar Jiménez, Gerardo Pérez y Francisco Castillo Montemayor coincidieron —en entrevistas con LADO B– que hay que recordar que fue Eduardo Rivera quien avaló el contrato con Concesiones Integrales en 2013, y quien además en fechas recientes declaró que la desprivatización no es nada fácil y el tema está en la cancha del Congreso, quien hasta ahora no ha tocado el tema.

Para Francisco Castillo Montemayor, ambientalista y ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con su lectura del panorama actual de la entidad, ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno quiere atender el problema del saneamiento del agua y el acceso a la ciudadanía a la misma.

Mientras que la lucha de los activistas sigue para atender no sólo los excesivos cobros y el mal servicio sino los problemas de saneamiento y corte de servicio, hay que esperar cuáles son las acciones del Congreso y del Ayuntamiento y ver si en los siguientes meses deciden retomar el tema.

*Foto de portada: Google Maps