No sé si les pase, pero hay días en los que me despierto y no sé cuál es la realidad en la que vivo. Y no, no es porque sienta que estoy en un sueño o en un mundo distópico donde todo esto es una simulación (porque creo que la Matrix nos diseñaría un mundo más decente que el que tenemos hoy en día). No, mi confusión viene de ver la información que dan las autoridades, donde se anuncian avances y logros, pero nada es lo que parece.

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Por ejemplo, hace unos días el gobierno de México presumía con bombo y platillo en sus redes sociales que se había avanzado 26 posiciones en la clasificación de Libertad de Prensa en el Mundo 2024 que realiza Reporteros Sin Fronteras, lo cual reflejaba el “compromiso con la libertad de prensa”.

México está comprometido con la libertad de prensa.

Somos el lugar 13 entre los países del G-20 (las 20 economías más grandes del planeta); avanzó 26 posiciones con respecto a 2018, en la clasificación de Libertad de Prensa en el Mundo 2024 que realiza Reporteros Sin Fronteras. pic.twitter.com/BaffVe456M

— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 10, 2024

Sin embargo, a los pocos días la organización internacional retomó la publicación del gobierno de la república y respondió México se encuentra entre los peores 15 países en materia de seguridad para periodistas. En una segunda publicación precisó: “Resulta cada vez más evidente que el Estado mexicano ha fracasado en su deber de promover un entorno seguro para las/los comunicadores. En ese sentido, la protección a periodistas debe ocupar un lugar central en la agenda pública del país. Hasta entonces no hay nada que celebrar”.

🇲🇽Es sorprendente que @GobiernoMX crea que hay motivos para celebrar avances en libertad de prensa. El país se encuentra entre los 15 peores del mundo en materia de seguridad de los periodistas, de acuerdo con #RSFIndex 2024.
👉https://t.co/Wsa5T0RsK2 (+) https://t.co/8nDz4vbBgb

— RSF en español (@RSF_esp) May 13, 2024

Con sólo dos tweets (porque para mí seguirá siendo Twitter, me reniego a decirle X), Reporteros Sin Fronteras puso en evidencia puntos que abordo en varias de las sesiones de la materia que imparto: el derecho a la información, en todas sus variantes, está en riesgo, por la manipulación de la información, la violencia que sufren las personas periodistas y la falta de acción institucional para responder a este escenario de violencia y estigmatización.

Como parte de mi clase, los últimos dos semestres les he dejado a mis estudiantes el ejercicio de retomar declaraciones hechas en las Mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacer solicitudes de información para verificar lo dicho o, más bien, ver si se puede verificar. Esta actividad ha tenido resultados diversos en las ocasiones que lo hemos hecho, y hoy vengo a compartir un caso de este semestre, porque creo que ayuda a poner en evidencia muchas de estas deficiencias que tenemos en materia de acceso a la información y libertad de expresión.

El 26 de enero de 2024 se dio a conocer la filtración de datos personales de periodistas que cubren las ruedas de prensa matutinas del presidente, lo cual representó un riesgo grave para todas las personas afectadas, tomando en consideración la situación que vive la prensa en México. Días después, López Obrador dijo la Mañanera que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la sustracción de datos.

El tema le interesó a las y los estudiantes, pero sólo una de ellas presentó su solicitud, la cual le recomendé que fuera muy sencilla considerando que era un tema reciente y que la investigación estaría apenas empezando, puesto que la solicitud de ingresó el 16 de febrero. Con esto, sólo pidió saber cuál fue el delito que se mencionaba en la denuncia y la fecha en que se presentó. Para cubrir todas las bases, la registró ante la Presidencia de la República y la FGR.

Para el 6 de marzo, la FGR respondió la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 330024624000430, en donde indicó

que el 31 de enero de 2024 se presentó la denuncia mencionada por el Presidente a causa de la vulneración de datos personales de los periodistas; aperturándose la carpeta de investigación por hechos probablemente constitutivos de delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; misma que se encuentra radicada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y está en trámite, en etapa de investigación inicial.

Hasta aquí todo bien. La duda de la estudiante fue aclarada y se obtuvo la información sin mayor problema. O al menos eso creíamos.

El 15 de marzo, la Presidencia de la República dio respuesta a la solicitud 331000124000495, e informó que los datos requeridos estaban clasificados como reservados

por tratarse de datos que forman parte de una investigación de carácter penal (carpeta de investigación). Por lo que su divulgación podría derivar en riesgos para el interés público, en virtud del estado y características de la información, su vinculación con el procedimiento antes descrito y el impacto de que producirían en las instancias involucradas.

En el oficio proporcionado por la presencia se hace la prueba de daño en donde se describe que dado que la información requerida está relacionada con una carpeta de investigación abierta, por lo que su “divulgación puede impedir oportunamente el desarrollo de las funciones de las autoridades ministeriales y en su caso judiciales”.

Es decir, por un lado, la autoridad que denunció considera que divulgar la información podría obstaculizar la investigación, pero por el otro la autoridad investigadora brindó los datos sin poner algún tipo de restricción.

Entonces ¿se obstruye o no una investigación sólo por dar a conocer el delito y la instancia responsable? ¿cuál es el riesgo? O más bien ¿porqué no dar a conocer el dato preciso de algo que ya había sido anunciado en un espacio oficial y público?

Este ejemplo sencillo nos permite ver la dificultad de acceder a información oficial, sustentada y verificable en el actual gobierno federal. El que ni siquiera se pueda obtener una precisión de una declaración presidencial por medio de los mecanismos de acceso a la información pública que tenemos en el país nos deja ver que, sin importar la obligación que tiene el Estado de dar la información, desde la Presidencia se mantiene una política de concentración de los “otros datos”.

Más allá de que esto sea una decisión política, esto representa una vulneración del derecho de acceso a la información que tenemos todas y todos, porque nos lleva a cuestionarnos: si no se quiere dar a conocer un dato que de por sí ya era público, ¿qué otras cosas no nos están informando? Y frente a la situación en la que se encuentran los organismos garantes como el INAI, vuelvo a una pregunta que hice en una entrega anterior: “ahora, ¿quién podrá rescatarnos?”.