Parte de la política anticorrupción del actual gobierno federal pareciera seguir la lógica del dicho popular “muerto el perro, se acabó la rabia” con una adaptación en los últimos días a “extinto el fondo, se acabó la corrupción”. 

Al igual que ha sucedido con algunos programas sociales o de salud, o con algunas obras y proyectos, la idea de que sólo por eliminar o cancelar algunas cosas, la corrupción ya no existirá, se está aplicando ahora sobre 109 fideicomisos y fondos públicos de diversa materia, entre ellas: desastres naturales, ciencia y tecnología, víctimas, cultura, o personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Y no es asumir el que en ningún fondo o fideicomiso no exista corrupción o malas prácticas. Claro que puede existir y que se debe de atender. Para ello resulta necesario realizar diagnósticos y evaluaciones, monitoreo del ejercicio de los recursos públicos, implementación de mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas, medición del impacto en los beneficiarios y la búsqueda de otros mecanismos que permitan el acceso oportuno, transparente y eficaz de los recursos. 

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Es decir, una revisión integral y detallada de los mismos, que permita detectar los errores o puntos de fuga por donde se esté filtrando la corrupción y tomar las medidas necesarias para fortalecerlos, sin que su eliminación afecte a las personas y proyectos beneficiarios. Revisión que las y los diputados no realizaron, aunque incluso simularon escuchar diversas voces a través de mecanismos de Parlamento Abierto. 

Para fines de este espacio, es de especial preocupación la extinción del Fondo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ligado al Mecanismo de Protección a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

¿Por qué existe este fondo? Fue creado a partir de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para ser destinado “exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como evaluaciones independientes”.

¿Cuáles son esas medidas? Por ejemplo, entre las medidas urgentes se encuentran la evacuación y reubicación temporal de las personas que se encuentren en riesgo, la asignación de escoltas de cuerpos especializados o de protección a inmuebles. Entre las medidas de protección está la instalación de cámaras, cerraduras, luces u otros mecanismos de seguridad, chalecos antibalas o autos blindados. Entre las medidas preventivas: cursos de autoprotección o acompañamiento de observadores. En resumen, medidas que permitan salvaguardar la vida e integridad de defensores de derechos humanos y periodistas.

Actualmente, de acuerdo con datos del propio Mecanismo de Protección, hay mil 304 personas beneficiadas de las cuales 418 son periodistas y 886 son defensores de derechos humanos, quienes al extinguirse este fondo, podrían ver comprometidas las medidas de protección de las cuales son sujetos. 

De acuerdo con un diagnóstico realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a solicitud de la Secretaría de Gobernación, para 2024, año en que concluya el presente sexenio federal, se estima que más de 3 mil personas serán beneficiarias del Mecanismo de Protección, lo cual demandaría un presupuesto de mil millones de pesos.

En septiembre del año pasado, durante los Foros para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció que se implementarían todas las recomendaciones señaladas por la Oficina del Alto Comisionado con el propósito de fortalecer el Mecanismo de Protección.

Entre esas recomendaciones se lee:

“Impulsar que el financiamiento del Fideicomiso resulte de las necesidades identificadas para garantizar la protección a las personas beneficiarias y evitar la discrecionalidad en la asignación de los recursos al mismo.

a. Reforzar los mecanismos de control del ejercicio del Fideicomiso, garantizando que se impulsa la aplicación de sanciones cuando se detecten situaciones de implementación inadecuada de las medidas de protección.

b. Informar periódicamente sobre el monto ejercido y disponible.

c.  Evaluar la posibilidad de asignar al Fideicomiso un porcentaje del monto dedicado a publicidad oficial.”

De ahí que ahora la decisión de eliminar el Fondo de Protección parezca una acción contradictoria en el compromiso gubernamental de fortalecer el Mecanismo de Protección. La Oficina del Alto Comisionado habla de reforzar los mecanismos de control y de evitar la discrecionalidad, no eliminar el mismo.

La propia Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección ha advertido que “el Fideicomiso continúa siendo la figura más adecuada para la gestión rigurosa, transparente y flexible de los fondos destinados a la implementación de medidas de protección […y que] Desaparecer el Fideicomiso público tendría implicaciones negativas en el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos o la pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de las medidas ante situaciones de riesgo emergentes”.

Ahora está en manos del Senado, que al cierre de estas líneas estaba por analizar la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados, realizar ese análisis integral de cada uno de los Fondos y Fideicomisos, incluido el destinado a personas defensoras de derechos humanos y periodista, y no caer en la idea errónea y ficticia de que extinto el fondo, se acabó la corrupción.

*Foto de portada: AMLO, Presidente de la República Mexicana / Foto: Gobierno de México | Facebook