“Y en el discurso del presidente

¿Cuánto cobra cada vez que miente?”

Un peso – Kinky

México, lo hemos señalado varias veces en este espacio, es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo a nivel internacional. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del año 2000 al mes de septiembre de 2020, en el país fueron asesinados 162 periodistas y 22 más se encuentran desaparecidos. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 elaborada por Reporteros sin Fronteras, México se colocó en el lugar 143 de 180 países evaluados. La crisis de derechos humanos también atraviesa la libertad de expresión y el derecho a la información.

Ante este contexto, el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la academia han sido fundamentales para la visibilización y documentación de los casos registrados. Una de esas organizaciones clave ha sido Artículo 19, con su oficina para México y Centroamérica. Por ejemplo, es este equipo quien ha acompañado a Lydia Cacho, en uno de los casos más emblemáticos de abuso contra la prensa desde el poder y que hoy tiene al exgobernador de Puebla, Mario Marín, detenido. De igual forma, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, su acompañamiento a diversas organizaciones —entre ellas a la AMEDI Puebla— fue fundamental para documentar y denunciar, entre otras limitantes al derecho a la información, la política de opacidad que se implementaba desde el Ejecutivo, con un informe titulado: Transparencia, la deuda de Moreno Valle. 

Ante las acusaciones presidenciales de pertenecer al “movimiento conservador” por recibir financiamiento de organismos de cooperación internacional, más de 160 organizaciones y 400 activistas y periodistas nos pronunciamos en apoyo a Artículo 19, reconociendo “el alto y comprometido desempeño que ha realizado la organización y su equipo durante más de una década. Su trabajo profesional y necesario hace de Artículo 19 un referente en el país y la región para la defensa y garantía de la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección a las y los periodistas y comunicadores”.

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Hay que señalar que las acusaciones hechas por el presidente desde La Mañanera fueron en respuesta al trabajo de documentación realizado por Artículo 19 junto con el Signa_Lab del ITESO, sobre la situación al interior de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, dirigida actualmente por Sanjuana Martínez. Contrario a lo que debería esperarse como una respuesta institucional ante este tipo de denuncias hechas por las organizaciones, entre ellas la de iniciar de oficio investigaciones internas, el presidente no solo respalda a la actual directora, sino que descalifica y ataca al mensajero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado calificativos como “fantoches, conservadores, pasquín inmundo, hipócritas, doble cara, prensa ‘fifí’, contra medios de comunicación y organizaciones incómodas? No es la primera vez y lamentablemente no será la última.

En un mensaje de Twitter, Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, escribió que: “El Gobierno de México no censura medios ni ataca periodistas, ni limita libertad de expresión. La información sobre el financiamiento de Artículo 19 es pública. También el hecho de que Darío Ramírez, actual vocero de Mexicanos vs la Corrupción, fue director de Art. 19 durante 10 años” (sic).

En esta declaración vale la pena detenerse un momento. La información sobre el financiamiento a Artículo 1 —que el presidente tomó como bandera para descalificar— es cierto que es pública y que dentro de los donantes se encuentran el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Usdos, por sus siglas en inglés) o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), pero también se encuentran las Embajadas del Reino Unido, Irlanda, Alemania y de los Países Bajos en México o fundaciones como Ford Foundation, Open Society Foundations u Overbrook Foundation. Recibir financiamiento a través de agencias de cooperación o fundaciones no necesariamente responde a una entrega o sometimiento de las organizaciones hacia agendas políticas de dichos donantes. Es una práctica común no solo en México, sino a nivel internacional. Ha sido la vía que han encontrado, ante los vacíos de los Estados, cientos de organizaciones para poder financiar su labor, organizaciones que en muchos casos acompañan y documentan casos vinculados con derechos humanos. 

En México tenemos ejemplos diversos de organizaciones que acompañan la libertad de expresión, el acceso a la información y a medios comunitarios que gracias a estos financiamientos han podido garantizar de mejor manera el derecho humano a la información. Eso lo saben en la 4T, hoy varios de los que ocupan algunos puestos en dependencias e institutos, salieron de organizaciones de la sociedad civil que han recibido este tipo de financiamiento. Asumir la conexión directa entre financiamiento y sometimiento es engañoso.

De acuerdo con el SPIN Taller de Comunicación Política, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, 40 mil 502 afirmaciones falsas o engañosas en las conferencias matutinas. Casi el doble de las hechas por Donald Trump durante su presidencia (23 mil 35). La hecha contra Artículo 19, es una más.

Dándole el beneficio de la duda, asumamos que el actual gobierno no censura ni ataca periodistas, pero tergiversar la información para construir narrativas engañosas (y sin capacidad de réplica) también es una violación al derecho a la información y la libertad de expresión. El papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sido y será fundamental ante la crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país; por parte del Estado en lugar de descalificar, se debería de actuar.