Carmen Aristegui, Latinus y la ONG Artículo 19 han sido linchados en días recientes por recibir parte de su financiación del gobierno mexicano, de gobiernos y empresas extranjeras o de gobiernos estatales y de parte de políticos mexicanos. Parece que la máxima es que la financiación debe ser “pura”, que no debe provenir de gobierno alguno o que los medios no deben tener agenda. Sin embargo, esa visión se aparta de la realidad imperante en prácticamente todo el mundo: los gobiernos son los mayores compradores de publicidad en los medios y todos los medios tienen una agenda. Finalmente, quien en mayor o menor medida dirige un medio tiene sesgos, por lo que en realidad la crisis de los medios de comunicación (relacionada con su financiación) proviene de los excesivos montos que paga el gobierno y de la falta de transparencia de los medios y/o las empresas que los financian.

Para decirlo claro, los montos que paga el gobierno mexicano son desproporcionados y discrecionales. En 2020, el gobierno mexicano pagó 654 millones de pesos (66 por ciento del gasto en publicidad oficial) a tres medios: Televisa, TvAzteca y La Jornada. El parámetro para hacerlo sigue siendo la mayor audiencia, pero eso es peligroso en la época en que vivimos porque terminarán contratando publicidad a influencers de YouTube, Facebook y demás plataformas. El criterio es equivocado: la necesidad del gobierno de transmitir información puede realizarse a un costo menor y siendo más equitativo en el reparto entre los medios de información con mayor penetración entre la población. La mayor o menor audiencia no puede ser la vara con la que se mida a todos los medios, porque muchos de ellos llegan exactamente a las mismas audiencias y la información del gobierno debe difundirse entre distintos sectores, no siempre atentos a lo que dicen los grandes medios de comunicación. 

Además, los montos no deben ser exorbitantes, y eso pasa por un dejo de voluntad, una tabulación transparente del pautado y la creación de un sistema de noticias y difusión de la información (“la BBC mexicana”), que sigue siendo una ilusión más que una realidad. Voluntad, porque el poder sigue repartiendo discrecionalmente millones de pesos. Da igual si los beneficiarios son Salinas Pliego o Azcárraga o si quien reparte es Peña, Calderón o López Obrador. Esto debe parar y no hay forma que los López Dóriga, Loret, Alemán y demás periodistas justifiquen que reciben millones, además de que en muchos casos los medios para los que trabajan esos periodistas también reciben millones del gobierno. 

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Se encubre la venta de la pluma, el micrófono o la opinión. Probablemente ahí radica uno de los grandes problemas: el gobierno no puede pagar por las opiniones de los periodistas (lo que está pasando ahora mismo), sino que debe pagar por espacios de publicidad en dichos medios, lo cual puede tabularse y nadie se sentiría engañado. 

Pero hay que distinguir: ¿qué diferencia hay entre los 8 millones recibidos en dos años por parte de Aristegui Noticias y los 81 millones que en seis años se embolsó Joaquín López Dóriga de parte del gobierno de Peña? En primer lugar, la cantidad (cosa no menor): Dóriga recibió casi 14 millones por año, mientras que Aristegui recibe dos; en segundo lugar, que Televisa (la empresa para la que trabajaba López Dóriga) ya recibía mil 359 millones (al año) del gobierno de Peña, mientras que no hay otra empresa detrás de Aristegui; y, tercero, que la calidad de entrevistas, pluralidad y periodismo que ofrecen uno y otro, y sus audiencias, son distintos, y casi cualquiera diría que es mejor la opción ofrecida por Carmen Aristegui. 

Mientras el gobierno no considere esto en su conjunto, seguirá despilfarrando de manera grosera el dinero de los contribuyentes.

Cosa distinta es la financiación que se le reprocha a Latinus, una plataforma que ofrece contenidos periodísticos y de entretenimiento en YouTube. Lo que puso sobre la mesa la investigación del periodista Álvaro Delgado es que la familia del político Roberto Madrazo —antítesis de López Obrador en los años 90 del siglo pasado— está detrás de la referida plataforma y que ha recibido financiación de gobiernos estatales como el de Silviano Aureoles. ¿Esto condena a Latinus? Por supuesto que no: sus contenidos lo retratan y  solo se le puede juzgar por ellos, aunque se advierte que estos son evidentemente de oposición al gobierno de López Obrador, y no hay un contrapeso que permita al público acceder a una información más plural. Que opositores hagan periodismo de oposición es totalmente válido y legal, aunque un poco de transparencia no vendría mal para el público. 

Esta es la clave: los medios de comunicación se sienten pequeños imperios que no deben rendir cuentas a nadie, aunque en términos democráticos y presupuestales esa idea tendría que dejarse de lado. Saber cómo se financian y cómo reparten su dinero los medios de comunicación permitiría que la discrecionalidad la castigue la propia audiencia y que se mejoren los salarios de los trabajadores y colaboradores de esos medios. Además, en términos presupuestales, toda persona que recibe dinero del gobierno debe hacerlo público (ya el gobierno lo hace), porque si nada debe, nada teme (hay muchos medios en el mundo que son trasparentes en este aspectos: exhiben lo que reciben y cómo lo gastan. Abonar a la transparencia es una tarea pendiente de los medios de comunicación. Esa otra cara de la misma moneda (la transparencia de los medios) ayudaría para determinar cuánta publicidad y a qué costo la paga el gobierno y acabar con la simulación publicitaria.

Mención aparte es el caso de Artículo 19, recientemente vilipendiado por el presidente en la mañanera. Al tratarse de una ONG, sigue una agenda y sus financiadores son empresas y gobiernos extranjeros. Si eso ha servido para defender periodistas de los excesos de gobiernos, tendríamos que aplaudirlo, y no reprocharle la “selección” de los casos en los que interviene. Por supuesto que su agenda es “selectiva”, porque en el país donde los periodistas sufren más ataques (de todo tipo) seguramente el presupuesto de una ONG no es suficiente para proteger a todos los afectados. ¿Sigue una agenda que no gusta al gobierno? La solución no es atacar a quien tiene esa agenda, sino que el gobierno garantice la labor de los periodistas y entonces la intervención de dicha ONG y su agenda serían intrascendentes. Culpar a entes privados de colocar chalecos antibalas a favor de periodistas no es otra cosa que ver la paja en el ojo ajeno: evitemos el tiroteo en lugar de culpar a quien salva a unos cuantos.

*Foto: Gobierno de México | Facebook