Lado B
La permanente batalla de los yaquis contra el despojo
Las constantes denuncias de represión, asesinatos y desaparición forzada que padecen los yaquis no encuentran eco entre las autoridades mexicanas, las cuales se limitan a registrar los hechos y abrir carpetas de investigación con escasos resultados
Por Mongabay Latam @
08 de agosto, 2021
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Hablar de la tribu yaqui, como ellos se autoidentifican, es abrir un libro que contiene más de 500 años de historia. Si uno revisa entre sus páginas es inevitable toparse con un tema que se ha mantenido como una constante para este pueblo indígena de México: la defensa de su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales y maderas preciosas, sumado al asedio del crimen organizado y el despojo de sus tierras.

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El territorio de los indígenas yaquis es singular. Tiene costas, valle, una fracción de la Sierra Madre Occidental y toda la Sierra del Bacatete. Sus tierras son fértiles para la agricultura, poseen un bosque con amplia biodiversidad y playas libres de desarrollos inmobiliarios.

En los últimos 15 años, sin embargo, los yaquis se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del Acueducto Independencia, que aseguran  es responsable del desabastecimiento de agua en sus comunidades; a reclamar sus derechos frente la instalación del Gasoducto Sonora, que señalan pone en peligro a los pueblos indígenas y a vigilar que las concesiones que se otorgan a empresas mineras no afecte su normal acceso al agua.

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La resistencia para proteger su territorio ha coincidido con una violencia que, en los últimos meses, ha mostrado su peor rostro: asesinatos, amenazas, encarcelamiento contra líderes indígenas e integrantes de los pueblos y desapariciones forzadas. En las últimas tres semanas, diez yaquis han desaparecido y sus compañeros aún no logran dar con su paradero.

¿Qué está pasando hoy en el territorio Yaqui?

Pueblo en vilo

Los yaquis habitan la región centro-sur del estado de Sonora (noroeste de México) y están organizados en ocho pueblos: Pótam, Huírivis, Tórim, Cócorit, Loma de Bácum, Vícam, Ráhum y Belem que se distribuyen a lo largo de los 500 kilómetros por donde serpentea el Río Yaqui, su principal fuente de vida e identidad.

La población indígena en el territorio es de poco más de 30 mil habitantes. Cada uno de sus ocho pueblos tiene una estructura de gobierno tradicional, guardias comunitarias, sistema de asambleas y un sistema religioso ligado a su cultura.

Sin embargo, desde la conquista española, los yaquis se mantienen en resistencia para proteger sus tierras.

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Danzas tradicionales yaqui. / Foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia

El pasado 14 de julio una nueva tragedia los ensombreció: siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum y tres personas más de la comunidad fueron víctimas de desaparición forzada.

Los siete guardias hacían su trabajo de vigilancia por los 49 kilómetros de camino que hay entre Loma de Bácum y el rancho El Coyote. Los demás transitaban hacia el rancho Agua Caliente, a 40 minutos de Bácum, para recoger vacas que llevarían al pueblo donde se preparaba un festejo tradicional. En ambos casos, nadie los volvió a ver.

“El origen de esta violencia es la intromisión de las empresas mineras en nuestro territorio. Sabemos que son las que auspician este tipo de delitos para crear psicosis con el fin de que la población abandone sus lugares de origen”, asevera Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui Loma de Bácum.

En la región indígena hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.

Abogado y asesor de la guardia tradicional, Flores Maldonado es un hombre de 65 años y comenta que la presión que ejercen las empresas mineras para obtener concesiones coincide con el incremento de la violencia en los pueblos, donde aparecen grupos armados que intimidan a la población cometiendo diversos delitos. Por eso considera que el secuestro de sus compañeros de Lomas de Bácum no es común porque nadie llama pidiendo su rescate.

“La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras. Le carga todo al crimen organizado, que también nos golpea, pero nosotros queremos que indague esas tácticas usadas por las transnacionales contra la población”, precisa Flores Maldonado.

Por su parte, la Fiscalía de Sonora comenta: “No podemos dar información al respecto para no entorpecer la investigación”. Aunque tampoco confirma si atienden la petición de los indígenas en relación a su percepción sobre las mineras.

Mongabay Latam solicitó entrevistas con la empresa Mexicana del Cobre, filial del Grupo México, y a la Compañía Minera Dolores que operan dentro del territorio yaqui para conocer su opinión sobre los señalamientos de los indígenas. Pero hasta el momento de la publicación del reportaje, no respondieron.

Los yaquis secuestrados el 14 de julio en Bácum son conocidos por su labor de vigilancia y trabajo en el pueblo. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años; Artemio Arballo, de 60 años; Martín Hurtado, de 53 años; Gustavo Acosta, de 49 años; Heladio Molina, de 44 años; Braulio Pérez, de 40 años; Leocadio Galaviz, de 38 años; Fabián Sombra, de 34 años; Juan Justino Galaviz, de 28 años, y Fabián Valencia, de 27 años.

El pasado 14 de junio, los indígenas de este pueblo recibieron una noticia alentadora: el gobierno de México ha propuesto desviar el trazo original por donde corre el Gasoducto Sonora, que ponía en riesgo a la población.

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El presidente de México, Manuel López Obrador, anunció también la creación de una comisión de justicia para la restitución de tierras al Pueblo Yaqui. / Foto: Gobierno de México

Desde 2014, los habitantes de Loma de Bácum se opusieron a la construcción de esa enorme lengua de cilindros de acero que la empresa IEnova, filial de la transnacional Sempra Energy (Estados Unidos), desplazó sobre 90 kilómetros del territorio yaqui para exportar gas natural.

Durante seis años, denunciaron acciones de represión, el encarcelamiento de dirigentes, como Fidencio Aldama, y amenazas constantes por oponerse al gasoducto. Aunque la empresa logró colocar los cilindros, los indígenas frenaron su operación cuando un juez les otorgó un amparo en 2017.

Ese largo litigio está a punto de llegar a su fin, luego de que el gobierno expresó, el 14 de junio, la intención de desviar la ruta del gasoducto.

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*Foto de portada: Danzas tradicionales yaqui. / Foto: Instituto Nacional de Antropología e Historia

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