El 18.3 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años de Puebla trabajan, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, elaborada por el Inegi. Esto quiere decir que el trabajo infantil ha incrementado 2.1 puntos porcentuales en dos años, ya que en el Modulo de Trabajo Infantil (MIT) 2017 el porcentaje de menores de edad que trabajaban fue del 16.2 por ciento

De acuerdo con la ENTI 2019, Puebla tuvo la segunda tasa más alta de trabajo infantil de todo el país, sólo se ubica detrás de Oaxaca, estado en el que el 21.5 por ciento de infantes y adolescentes trabajan; esa entidad también registró un aumento, pues en 2017 su tasa fue del 16 por ciento, lo que significan 5.5 puntos porcentuales más. 

Apenas en julio de 2020 se instaló la Comisión para Prevenir, Combatir y Erradicar el Trabajo Infantil en Puebla (CITI), y uno de sus objetivos es “garantizar el bienestar e integridad de niñas, niños y adolescentes”, y hasta el momento sólo se han realizado sesiones para planear acciones para cumplir sus metas pero aún no se han ejecutado. 

El porcentaje a nivel nacional de niñas, niños y adolescentes que trabajan también incrementó, pues en 2017 fue de 11 por ciento y en 2019 de 11.5, es decir, hubo un aumento de 0.5 puntos porcentuales; en todo el país hay 3 millones 300 mil menores de edad trabajando.

Asimismo, el año pasado en Puebla hubo un aumento 0.7 puntos porcentuales en la cifra de infantes y adolescentes que se dedican a actividades no permitidas por la ley –que ponen en riesgo su salud o que afectan su desarrollo físico o mental–, ya que el porcentaje fue de 12.6 por ciento y en 2017 fue de 11.9 por ciento. 

Pandemia aumentará índices de trabajo infantil por pobreza

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Con la llegada de la pandemia el número de infantes y adolecentes que trabajan podría aumentar en los próximos meses, pues de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por cada punto porcentual que incrementa la pobreza aumenta un 0.7 por ciento el trabajo infantil en sus distintas modalidades.

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En Puebla, 785 mil personas podrían caer en la pobreza, destaca el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad del documento “Magnitud del impacto social de COVID-19 en México, y alternativas para amortiguarlo”, elaborado por el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES); las proyecciones no son alentadoras, pues si se cumple la estimación entonces el número de infantes y adolescentes que trabajan aumentará.

Así, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explica en entrevista para LADO B que, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza por ingresos podría aumentar entre 7.2 y 7.9 por ciento en el país: eso se traduciría en 1.6 o 1.7 millones más de niñas, niños y adolescentes trabajando, por lo que los 3.3 millones de infantes y adolescentes que trabajan en México podrían aumentar hasta en 5 millones.

Por otro lado, Juan Martín Perez explica que los estados que concentran la mayor pobreza son lo que tienen tasas más altas de trabajo infantil porque la falta de empleo digno y de prestaciones sociales de las y los adultos afecta directamente a las niñas, niños y adolescentes. “En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias”, señala la OIT. 

Ante el pronóstico, la Secretaría de Trabajo Estatal instaló la CITI Puebla, aunque el director de la Redim considera que estos aparatos gubernamentales no tienen mucha utilidad pues lo que se tiene que hacer es atender las carencias de la población adulta para que ellos provean a sus hijos e hijas  y de esta forma no trabajen. 

“Lo que está generando la pobreza son los bajos salarios y mientras no se mejoren no hay una posibilidad real de que la situación [del trabajo infantil] cambie; los programas asistenciales tampoco han demostrado un cambio (…). El Banco Mundial ha hecho análisis sobre estos programas en México: lo que encontraron es que para lo único que sirve es para generar clientelas electorales”, destaca Pérez García.

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Una de las primeras acciones de la Comisión fue la elabración del Mapa de riesgo de trabajo infantil en el estado, el cual permitió ubicar que los municipios de la sierra Negra, así como Tehuacán, Huauchinango, Huehuetla y Tecamachalco son las zonas de mayor riesgo de trabajo infantil en el estado, mientras que la zona metropolitana de Puebla registra un riesgo bajo. 

De acuerdo con Perez García, los municipios que concentran un mayor número de población indígena son donde más se registra riesgo de trabajo infantil, pues ha “existido un abandono por parte del estado” más acentuado en esas comunidades que en el resto de la población. Y los datos del mapa de riesgo lo confirman, pues en los municipios de la sierra Negra predomina el riesgo. 

Trabajo infantil vulnera los derechos humanos de la infancia

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El trabajo infantil aumenta la tasa de deserción escolar, los embarazos a temprana edad y provoca daños a la salud y emociones, entre otras afectaciones, señala Pérez García. 

De acuerdo con Roberto Rosete, responsable del área jurídica y psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J de la Ibero, la falta de acciones por parte del Estado para reducir el trabajo infantil son un incumplimiento de la Convención Sobre los Derechos del Niño y Niña, así como los convenios 132, 138 y 182 con la OIT; todos ratificados por México. 

Para Roberto Rosete los tratados internacionales en cuanto a derechos humanos y laborales, en especial los relacionados con infantes y adolescentes, no “se han aplicado con regularidad”, y lo que falta es un reconocimiento de que no se ha asegurado el cumplimiento de ciertos derechos por parte del Estado. A partir de ese reconocimiento se podrían generar políticas públicas integrales que se conviertan en programas y proyectos que disminuyan realmente los índices de trabajo infantil. 

Por su parte, el director de Redim recuerda que “el problema no son los niños [niñas, y adolescentes] trabajando: el problema es el Estado que permite que la población esté sobreviviendo [con pocos ingresos y, por ende,] tengan a sus hijos trabajando”. Acusa que se ha normalizado el responsabilizar a las familias de que los niños tengan que desarrollar actividades económicas, pero lo que no se debería normalizar es que los  gobiernos no inviertan en el desarrollo de las comunidades para que [las y los infantes] dejen de trabajar.

De igual manera, denuncia que desde el inicio del gobierno de López Obrador se ha recortado el presupuesto en casi un 63 por ciento al Sistema DIF, institución encargada de “restituir los derechos de niñas y niños”. También señala que en el Presupuesto de Egresos de 2020 se eliminó el programa de Jornaleros Agrícolas que proveía de apoyos a las familias del campo para que las y los menores de edad  permanecieran estudiando, además de otorgar apoyos alimentarios y promover el desarrollo de las poblaciones agrícolas. 

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Destaca, por último, que la desaparición de las escuelas de tiempo completo fue un error porque estos lugares proveían de acompañamiento y alimentos a muchos menores de edad. 

Pérez Martínez, por su parte, concluye que “las medidas que está tomando el gobierno federal son un retroceso de más de 10 años en lo que se había logrado en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; vamos a tener más trabajo infantil no por las familas sino por la omisión y los retrocesos de este gobierno”. 

*Foto de portada: martingarri | Creative Commons