Francisco Romero Serrano declaró al rendir protesta como titular de la Auditoría Superior de Estado (ASE) –el 27 de noviembre de 2019– que, desde ese día, la institución no volvería a ser utilizada como “garrote político”, y expuso que una de sus intenciones era cambiar el rostro de ese órgano para generar confianza en las y los ciudadanos.

Pero no fue así, la ASE ha vuelto a ser utilizada para castigar a quienes se oponen al gobierno estatal en turno, no por nada el auditor fue señalado por la oposición de haber sido impuesto por el gobernador Miguel Barbosa, y ratificado por la mayoría de Juntos Haremos Historia, grupo afín al mandatario. 

Pero no es sólo la ASE, para amedrentar el gobierno del estado se ha valido del poder legislativo en su conjunto, pues también la Comisión Inspectora y su presidenta, la diputada de Tehuacán Olga Romero Garcí Crespo, se han lanzado contra los opositores políticos del gobernador, lo mismo se trata de sus compañeros de partido como la presidenta municipal, Claudia Rivera, que contra el rector de la BUAP, Alfonso Esparza.

El garrote político de siempre

Romero Serrano fue nombrado auditor con apenas 27 votos a favor de Juntos Haremos Historia –el mínimo de la mayoría calificada–, diez en contra y dos abstenciones de la oposición. Sin embargo, en una entrevista con Expansión Política, el auditor dijo que no importaba si el resultado de su elección fue avasallante o no “pues a final de cuentas, hoy por hoy, es el auditor superior del estado”, fue la versión poblana 4T del “haiga sido como haiga sido” de Calderón. 

Y desde su llegada la ASE comenzó a fungir como la institución de amedrentamiento, más allá de las constantes amenazas que lanza periódicamente el gobernador en su rueda de prensa matutina.

Hasta el momento la ASE ha presentado denuncias en contra del rector de la BUAP, Alfonso Esparza; del diputado con licencia del PT, José Juan Espinosa; del exalcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, y otros 19 exediles de Puebla por diferentes delitos; el más recurrente es operaciones simuladas. 

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Para conocer los avances en las investigaciones en contra de personajes políticos, LADO B busco al auditor de la ASE para una entrevista, pero esta nunca fue otorgada. Así, hasta el momento, no se tiene claridad del estatus que guardan esas denuncias, aunque cabe destacar que dichas investigaciones las realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por esta razón, diputados de oposición han acusado que la Auditoría continúa siendo un “garrote político”, pero no son los únicos personajes que tienen esa percepción, los académicos que estudian la política y el poder también ven un “uso faccioso” de algunas instituciones.

Hervey Rivera González, maestro en ciencia política e investigador de la BUAP, comenta en entrevista para LADO B que el término “garrote político” ha sido acuñado por la prensa de todo el país, pero lo que ocurre cuando un gobernante utiliza las instituciones con fines partidarios es un “uso faccioso”. El académico señala que esto se ha repetido gobierno tras gobierno sin importar el partido que se encuentre en el poder. 

“Hay un margen de discrecionalidad a pesar de que la ley es muy clara, y la propia Auditoría Superior del Estado es el máximo ejemplo de un órgano técnico que, en teoría y en papel, [tiene] definidas sus funciones, pero de pronto vemos que en algunos casos es quisquillosa en sus trabajos [de revisión de cuentas] pero en otros no lo es (…) En los hechos esperaríamos otro comportamiento de estos actores, pero repiten vicios y patrones anteriores”.

En ese sentido habría que recordar como Rafael Moreno Valle usó el Congreso del estado para impulsar reformas al vapor y cerrar el paso a sus opositores al interior del PAN y hacerse con el control del mismo.

O cómo mantuvo congelado a Eduardo Rivera a través de la Auditoría Superior del Estado con la amenaza de no aprobarle las cuentas públicas de su paso por la presidencia municipal de puebla (2011-2013).

Denuncias sin seguimiento

Foto: Auditoria superior del estado de Puebla

A pesar de que el 9 de diciembre de este año la titular de la Comisión Inspectora anunció que hay 48 denuncias fundadas en contra de presidentes municipales de Puebla que podrían prosperar, la única que ha sido llamada a comparecer, en dos ocasiones, ha sido la alcaldesa poblana Claudia Rivera, y lo han hecho en dos ocasiones.

En la primera ocasión que fue llamada a cuentas, el 5 de octubre, Claudia Rivera se presentó en las oficinas de la ASE, y luego se trasladó al Congreso. La comparecencia fue pedida luego de que la Comisión Inspectora recibiera unas denuncias ciudadanas con señalamientos que coincidentemente eran lo mismos por los que Gabriel Biestro, presidente del Congreso había lanzado críticas a su compañera de partido, y que versan sobre las obras de remodelación de la calle 5 de mayo.

En la segunda ocasión Claudia envió a un grupo de sus colaboradores en su representación, quienes pidieron conocer a detalle la información de las denuncias en contra de la alcaldesa.

Después de la segunda comparecencia del Ayuntamiento de Puebla por presuntas irregularidades denunciadas por ciudadanos ante la Comisión Inspectora, de acuerdo con lo expresado por Olga Lucía Romero, la secretaria general del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves, adelantó que presentarán una denuncia ante el partido Morena por un uso faccioso de la Auditoría, pues dijo que ese no era uno de los fundamentos de la 4T. 

Por su parte la diputada Romero Garci-Crespo afirmó que en las próximas semanas llamarán a los otros ediles a comparecer, y que la información de los horarios y días será publicada en su momento pero, al ser cuestionada en una rueda de prensa sobre los nombres de los funcionarios investigados, no ahondó en detalles. 

Incluso desde el 3 de noviembre de 2019 Romero Garci-Crespo dijo que el auditor Romero Serrano transparentaría el estado en el que se desarrollaron 32 polémicas obras del sexenio de Moreno Valle, y en una conferencia brindada el 9 de diciembre del 2020 la presidenta de la Comisión Inspectora dijo que esos procesos siguen abiertos un año después del anuncio, pese a que en reiteradas ocasiones las y los legisladores declaran estar investigando a sus antecesores. 

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Al respecto, Rivera González comenta que una de las constantes que observa en las ruedas de prensa del gobernador es la mención de que: “hay denuncias públicas e investigaciones en curso”, pero una duda que surge es la falta de avances, pues todo se ha quedado en lo mediático. 

La reiteración de las denuncias tiene como intención llevar un mensaje mediático de que se están investigando a diferentes personajes políticos, considera el académico, pero además deja sobre la mesa algunas cuestiones, como: “cuántas denuncias se han llevado a tribunales y cuántos [personajes] están en prisión preventiva, o si se trata de un espectáculo casi teatral que sólo se queda en la primera llamada pero nunca comienza la función”. 

Van contra el CPC

El Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) también es investigado por la Comisión Inspectora por, supuestamente, “ganar más que el presidente”, y por tener “nulos resultados”, según declaraciones de la diputada Romero Garci-Crespo. 

La andada en contra del organismo ciudadano que forma parte del SEA —y por estatutos lo preside— se inició hace unos meses cuando el gobernador cuestionó y descalificó a los integrantes del CEPC al llamarlos “morenovallistas”, pues el organismo pidió rendición de cuentas en el manejo de la pandemia de COVID-19 en el estado.

En las últimas semanas la confrontación pasó a la cancha del Congreso, luego de que tres de los cinco integrantes del CEPC ganaron una primera batalla legal en el amparo que presentaron luego de que el gobierno de Barbosa les redujera al 30% su salario (los otros dos también se ampararon, pero aún no obtienen la suspensión definitiva de la decisión gubernamental).

A la reducción salarial se sumó la decisión gubernamental de quitarle el espacio físico que ocupaban como despacho de trabajo.

Fue en ese momento cuando empezaron las críticas y las amenazas desde la comisión inspectora de que serían investigados y llamados a cuentas.

A través de un comunicado las y los comisionados del CEPC acusaron a Romero Garci-Crespo de calumniar su trabajo y de no estar interesada en combatir la corrupción sino en atacar al CEPC, pues la información de sus actividades está condensada en un informe anual. 

Servicio civil de carrera y participación ciudadana

Foto: Auditoria superior del estado de Puebla

Por su parte, Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), explica que a las instituciones de Puebla –y de todo el país– les hace falta un servicio civil de carrera, o fortalecer el que ya tienen, en su caso.

De acuerdo con el artículo “El Servicio Civil de Carrera para un mejor desempeño de la Gestión Pública”, publicado por la Auditoría Superior de la Federación, lo que López Montiel plantea es “una forma de gestionar los recursos humanos de la administración pública para formar servidores cuyo compromiso sea con el interés común, sin consideraciones políticas de partido o grupo”.

López Montiel, en la charla que sostuvo con LADO B, señala que muchos gobiernos “han buscado desmantelar al servicio civil para poner a sus incondicionales no sólo para que ocupen espacios [en el servicio público] sino para que usen esos espacios políticamente de acuerdo a la estrategia que quieran implementar”. 

Y explica que una de las prácticas más comunes es anunciar investigaciones en contra de personajes que el poder en turno pueda considerar de oposición,  pero “cuando pasa el momento político resulta que la investigación se cierra y no hay nada de lo que se pueda acusar”. 

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Agrega que algo que favorece que los gobernadores puedan designar a los titulares de dependencias autónomas es que controlan las mayorías en el Congreso, y Puebla no es la excepción.

Aunque, puntualiza Gustavo Montiel, hay casos en donde los gobernadores no tienen mayoría en los congresos, pero la construyen, pues a través del uso de recursos públicos cooptan a la oposición e inciden en las decisiones de los legisladores. 

Gustavo López explica, por su parte, que una posible solución para disminuir o erradicar el uso faccioso de las instituciones es la participación de la gente, algo que en México es difícil pues es uno de los países donde la gente menos se interesa en los asuntos de la vida pública, de acuerdo a su percepción.

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«Se requiere que la gente se active, que comience a discutir y se informe sobre los temas públicos, porque de otra manera no hay posibilidad de organización y tampoco hay posibilidad de contrapeso al poder público”, explica. 

Por su parte, Hervey Rivera considera que esa participación ya se empieza a ver en la entidad. Ejemplo de eso es la toma de Congreso por parte de colectivas feministas que exigen que se legisle la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tema que ha sido omitido por las y los integrantes de Juntos Haremos Historia y por el gobernador de Puebla, quien en su momento envió una iniciativa para reducir las penas por abortar pero no para despenalizar esa actividad. 

Destaca que es necesario que el resto de la población se movilice para denunciar la captura y el uso faccioso de las instituciones, pues el control que ejerce el gobierno estatal sobre el Congreso o la ASE impide que se puedan legislar temas en particular, entre ellos la desprivatización del agua u otras exigencias de los diferentes sectores que conforman a la sociedad.

*Foto de portada: Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE)