Foto: Marlene Matínez

Dafne García

@DafneBetsabe2

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Corrupción (SEA) son por su naturaleza contrapesos del Gobierno estatal, pero durante el sexenio de Rafael Moreno Valle fueron capturados por el poder político.

Con el cambio de gobierno y la llegada de una administración emanada del partido de izquierda, Movimiento de Regeneración Nacional, no ha cambiado el escenario: el control de los contrapesos se mantiene como una política de estado, pues de acuerdo con Roberto Alonso, coordinador del Observatorio de Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana de Puebla, las reglas del juego que lo permitieron no han cambiado.

Las designaciones de los titulares e integrantes de esos organismos, que el Congreso del estado aprobó en noviembre pasado, se quedaron cortos y no abonan a la construcción de una mejor calidad democrática para el estado, sostiene en entrevista el experto de la Ibero Puebla.

La primer designación clave en el proceso democrático de los contrapesos fue la del titular de la CDH. Para el cargo fue elegido José Félix Cerezo, seleccionado al obtener 29 votos a favor de los diputados y diputadas; no obstante, durante el proceso se hicieron diversos cuestionamientos acerca del mismo por parte de los legisladores de la oposición, quienes lo calificaron de arbitrario y amañado.

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Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de selección de la nueva integrante del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Para el cargo fue elegida la ex subdelegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eira Zago Cortés. Y de nuevo hubo señalamientos acerca de la poca transparencia en el proceso pues no se hizo pública la información necesaria antes, durante y después del proceso en la página oficial de la Comisión de Selección.

Por último, a finales de noviembre vino la selección del titular de la ASE.  Francisco José Romero Serrano fue elegido con el voto de 27 legisladores, aunque días antes de la votación hubo denuncias de algunas de las aspirantes al cargo, acusando la inequidad que permeó el proceso. 

Asimismo, se había hecho la petición de dar a conocer las evaluaciones de los aspirantes a la ASE.

Legitimidad de origen

Cuestionado sobre los primeros procesos de designación del Congreso ya con Luis Miguel Barbosa como gobernador del estado, Roberto Alonso mencionó que lo que estuvo en juego en esas tres designaciones fue la legitimidad de origen, “que es con aquello que los que resultan electos para desempeñar estas posiciones en órganos que hacen contrapeso, particularmente al Gobierno del estado, necesitan contar, para que su nombramiento tenga respaldo social”.

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La legitimidad de origen, explicó, es que, además de los requisitos mínimos de la ley para cubrir estos puestos, también se elija el mejor perfil. 

Por ejemplo, en el caso de la CDH, el perfil elegido debería tener conocimiento de la realidad de los derechos humanos, vinculación con las organizaciones defensoras de derechos humanos, cercanía y sensibilidad con las víctimas, etc. “Lo que se jugó en los tres nombramientos fue la legitimidad de origen y me parece que quedo corta”.

Así, el observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero realizó un análisis del proceso de designación del titular de la CDH, en el que se mencionó la falta de transparencia. 

“Al día de hoy, no se sabe qué criterios, qué parámetros fueron los que se consideraron, en una y en otra [en la valoración cualitativa y cuantitativa], y de esos parámetros qué ponderación tuvo cada uno [de estos]”. 

Por otra parte, la legitimidad de origen quedó corta “justamente al no garantizarse un proceso con la máxima publicidad. Hubo transparencia, sí, pero fue una transparencia breve; incluso lo llegamos a evaluar como una transparencia amateur, para principiantes”.

En cuanto a lo sucedido con la ASE, la legitimidad de origen igual quedó corta, ya que, como mencionó el especialista, no se dieron a conocer cuáles fueron los parámetros de evaluación de los aspirantes; además de, “en ambos casos –CDH y ASE–, las razones por las cuales un legislador dio su voto a favor o en contra de uno u otro aspirante”.

Esto es un factor importante para la calidad democrática, puesto que parte del proceso democrático es hacer públicas las razones de respaldar a uno u otro aspirante.

“Aquí no se dieron razones públicas de por qué el Congreso votó como votó. En ambos casos fue una mayoría parlamentaria la que llevó a ambos personajes: José Félix Cerezo y  Francisco Romero Serrano a la CDH y a la ASE, respectivamente; pero no hubo razones públicas que dieran cuenta de por qué se trataban de los perfiles ideales”.

Si bien estas dos designaciones dependían de la valoración y votación de los legisladores, en el caso del CPC del SEA el proceso gozó de mayor independencia, ya que hay participación de diversos actores como ciudadanos, rectores, integrantes de cámaras empresariales y organizaciones civiles.

Roberto Alonso considera que esta designación transcurrió a la sombra del cierre de año, por lo que no gozó de la exposición pública que debió haber gozado. “Estamos ante un sistema estatal anticorrupción que no ha dado señales importantes de su quehacer, que ha pasado realmente a un segundo, un tercer plano, y no solo a nivel estatal. Eso pasa en los diferentes estados del país”, por lo que este proceso de designación de uno de sus integrantes era la oportunidad para poner nuevamente la atención en el trabajo de esa institución, cosa que al final no se logró.

Captura Institucional en riesgo

De acuerdo con el análisis realizado por el coordinador de Calidad Democrática de la Ibero, lo que está por verse en estas designaciones es que tengan legitimidad de desempeño; es decir, que den cuenta de la capacidad que tienen para responder a los retos en materia de derechos humanos, combate a la corrupción desde la vigilancia del uso de los recursos públicos; así como a los grandes desafíos que tiene el estado en cuanto a la política anticorrupción.

Enfatizó que “no fueron los mejores procesos de designación. El estado, en ese sentido –hago una valoración general–, se sigue quedando corto. La cuarta transformación no ha llegado a repensar los procesos de designación; no ha llegado a muchas cosas, pero concretamente a eso: no ha llegado a repensar [esos procesos] y a aportarles mayor contenido democrático”.

Respecto a la preocupación de que el régimen de captura institucional –como el que se dio durante el mandato de Moreno Valle– continúe, señaló que, si bien no podía asegurar que estuviera ocurriendo, sí podía declarar que las reglas del juego que permitieron dicha captura institucional no han sido cambiadas “por lo que el riesgo de captura institucional se mantiene. Habrá que ver qué tanto estos perfiles toman distancia del gobierno en curso, del Gobierno estatal”. 

Es preocupante, concluye, que “hay algunos registros periodísticos que dan señales de que son perfiles afines (en el caso de la CDH y el del auditor) al gobierno de Luis Miguel Barbosa. Por tanto, habrá que ver si, ya en el ejercicio de funciones, pueden con una legitimidad de desempeño aminorar ese déficit en la legitimidad de origen, tomar distancia del gobierno y, de esa manera, dar cuenta de que la captura institucional terminó. De momento, la captura institucional está en riesgo porque las reglas del juego que la permitieron no se han cambiado, en cuanto a los procesos de designación que pasan por el Congreso, a eso me refería puntualmente”. 

Democracia: tema pendiente y urgente para el estado de Puebla

Con base en el estudio Índice de Desarrollo Democrático de México 2018, “un trabajo conjunto de La Fundación Konrad Adenauer, Polilat, la Confederación USEM y el Centro de Estudios Políticos y Sociales, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral y la cooperación académica de El Colegio de México, para evaluar el comportamiento de la democracia en cada uno de los 32 estados del país”, el estado de Puebla es uno de los peores evaluados.

Este análisis evalúa cuatro dimensiones principales: democracia de los ciudadanos; democracia de las instituciones; democracia social y democracia económica. Las califica para obtener un puntaje final y, de acuerdo con en este, Puebla fue ubicada en el lugar 27 de 32, teniendo un desarrollo de democracia mínimo.

Puebla también forma parte del grupo de estados con mayor riesgo democrático, conformado por entidades como Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelos y Guerrero. Es la quinta vez consecutiva que el estado está ubicado en esta categoría.

Los aspectos en los que el estado salió peor evaluado fueron democracia social, democracia de los ciudadanos y democracia de las instituciones; es decir, en tres de las cuatro dimensiones analizadas. Los indicadores que favorecieron esa evaluación estuvieron relacionados con condicionamientos de las libertades por la inseguridad, violencia de género, procesos institucionales, derechos políticos y libertad de prensa.