Foto: Olga Valeria Hernández

Redacción

@ladobemx

En las últimas semanas uno de los temas que ha dominado la agenda periodística es la auditoría a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La discusión se ha centrado en si la ASE tiene o no facultades para revisar el manejo de los recursos de la BUAP, y en el tema han opinado lo mismo el rector Alfonso Esparza y el Consejo Universitario, que el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, el gobernador Luis Miguel Barbosa, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro, y la presidenta de la comisión inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo.

El tema, dada la intervención de las y los políticos de Morena, es más que un asunto administrativo o de rendición de cuentas, tiene un interés político para la 4T poblana.

El conflicto es complicado pero aquí te lo explicamos en 11 puntos:

1.- Fue el 5 de diciembre del año pasado cuando la ASE inició una revisión al manejo administrativo de la BUAP en 2019.

2.- El 7 de enero de 2020 la BUAP emitió un comunicado, avalado por las directivas de sus 43 unidades académicas denunciando ante la opinión pública las irregularidades que acompañaron el proceso de la ASE, entre ellas que “no notificaron la orden de visita como lo marca la ley, ni se identificaron debidamente para proceder, pues al iniciar la visita no exhibieron identificación alguna”.

3.- Lo más grave, sostiene el documento, es que la ASE revisó, sin tener atribuciones para ello, recursos que “no son de su competencia, como los federales y los propios de la institución”.

4.- Lo que la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación plantean es que sólo las autoridades federales pueden auditar los recursos federales transferidos a las universidades públicas, y el 62% del presupuesto de la BUAP en el 2019 fue de origen federal; 34% fue subsidio estatal y el 4% restante fue de recursos propios.

5.- La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, es decir la ley local que regula a la ASE, le otorgar la atribución de solicitar a los Sujetos de Revisión la información y documentación que requiera de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.

6.- Si bien la ASE también está facultada para realizar revisiones preventivas, estas deben ser motivadas por alguna denuncia, situación que, si existe, no fue notificada a la BUAP.

7.- El mensaje político lo mandó Gabriel Biestro Medinilla el 9 de enero mediante su cuenta de tuiter: “En el @CongresoPue no aceptaremos chantajes ni amenazas de ningún tipo ni de ninguna persona @alfonsoesparzao. La actuación de la Comisión Inspectora y de la @AsePuebla ha sido y será un ejemplo de rectitud y legalidad”.

8.- El 14 de enero la presidenta de la comisión Inspectora del Congreso de Puebla, Olga Lucía Romero Garci Crespo, ofreció una rueda de prensa en donde afirmó que es “ampliamente impreciso y engañoso calificar al acto de fiscalización como una vulneración al principio de autonomía”, asegurando que la ASE tiene la facultad de realizar auditorías preventivas.

9.- En esa ocasión la legisladora también sostuvo que la BUAP no fue el único sujeto de revisión, pues en diciembre pasado se iniciaron 21 auditorías preventivas a entes públicos entre ellos el propio Congreso, las Secretarías de Salud y de Finanzas, y descartó algún tipo de persecución en contra de la Universidad.

10.- El gobernador Luis Miguel Barbosa también le entró al tema; al ser entrevistado por medios locales dijo: «El tema de la BUAP y de cualquier órgano que maneje recursos es que debe ser un órgano que rinda cuentas, nada más es eso, ese tema de que es inauditable una universidad porque es autónoma no es».

11.- Unos días después el actual secretario de Gobernación, David Méndez, rechazó que el gobierno del estado esté detrás de las acciones emprendidas por la ASE.

Con información de Axel Espinosa y Cristian Escobar