La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise las retenciones de impuestos de los sueldos y salarios que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a sus empleados y empleadas, ya que, durante la revisión de la Cuenta Pública 2019, detectaron irregularidades en los montos reportados, algo que podría calificarse como defraudación fiscal, refieren especialistas. 

En el documento que la ASF entregó a la Cámara de Diputados se lee que la ASE reportó una retención de 302 pesos con 30 centavos de los sueldos y salarios de sus trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero la institución registró ante el SAT la cantidad de 16 mil 75 pesos con 70 centavos por retención del ISR, por lo que hay una diferencia de 15 mil 773 pesos con 40 centavos.

De acuerdo con la ASF, la ASE proporcionó 36 Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI) de las nóminas pagadas con recursos federales, propios y mixtos, y no hubo congruencia con los CFDI reportados en el informe global, “por lo que no se tuvieron elementos suficientes para constatar que las percepciones contenidas en los CFDI correspondieran a las reportadas”, se puede leer en el documento.

La discrepancia en los datos provocó que la ASF ejerciera su facultad de comprobación fiscal y pidió al SAT que auditara a la ASE, pues la diferencia entre el monto retenido y el reportado al Servicio de Administración Tributaria es el más alto de las cuatro instituciones observadas en ese rubro, las cuales son La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Secretaría de Planeación y Finanzas y los Servicios de Salud de Puebla, pero estas tres ya solventaron las observaciones.

Natalia González Lias, especialista en Derecho fiscal de la Ibero Puebla, explica que cada estado tiene que hacer su auditoría y, posteriormente, deben ser revisadas por la ASF; si hay discrepancias o alguna cuestión que les llame la atención, solicitan a las instituciones auditadas la información referente a las inconsistencias y la ASF les da dan un plazo de 30 días para desvirtuar, corregir su situación fiscal o aclarar alguna cuestión, algo que no pudo hacer la ASE. 

También puedes leer: Barbosa‌ ‌usa‌ ‌al‌ ‌Legislativo‌ ‌para‌ ‌castigar,‌ ‌como‌ ‌han‌ ‌hecho‌ ‌sus‌ ‌predecesores‌ ‌ 

Por lo anterior, ante la posible comisión de irregularidades, errores u omisiones en los reportes de la Auditoría Superior de Estado, y debido a que los oficios de respuesta, 一SFPPUE-SCA-036/2021, del 25 de enero y el CGDCF-0017/2021, del 14 de febrero一  no reúnen las características de “suficiencia, competencia y pertinencia”, la ASF instruyó al SAt a que audite a la ASE “a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, se lee en el documento.

De qué van las cantidades con discrepancias

Foto: stevepb

Los montos reportados de manera incorrecta tienen que ver, en particular, con la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal que establece que los gobiernos y dependencias de todos los estados tienen la obligación de hacer una recaudación y entregarla al SAT, ya que la Federación financia los sueldos y salarios del personal, por eso les delega la responsabilidad de coadyuvar a la recaudación, explicó Natalia González.

De manera precisa, la ASF constató que la ASE presentó cinco percepciones gravadas, dos parciales, 13 percepciones totalmente exentas y dos percepciones denominadas como “previsión social” y “percepción extraordinaria”. 

La percepción denominada como “previsión social” es la que se otorga en beneficio de las y los trabajadores para reducir el monto del ISR que la ASE tendría que entregar al fisco, pero esta requiere una autorización, la cual no presentó la Auditoría Superior del Estado, por lo que carece de legalidad, explicó en entrevista para LADO B la diputada Mónica Lara Chávez (PES), quien además es secretaria de la Comisión Inspectora del Congreso. 

La diputada Lara Chávez advirtió que es un asunto “delicado, porque existen retenciones, es decir, impuestos del personal, no enterado al Servicio de Administración Tributaria, pudiendo calificarlo como defraudación fiscal”.

Por lo anterior, Mónica Lara sentenció que, como Comisión Inspectora, necesitan revisar los elementos, esto es, las nóminas observadas, y determinar si cumplen legalmente el plan de previsión social. También tienen que corroborar la fuente de financiamiento de su pago: si son ingresos federales, ingresos propios, e ingresos mixtos, ya que “la observación es preocupante, porque no cuadró el importe general, o global, en la revisión selectiva del papel de trabajo de la propia Auditoría Superior de la Federación”.

La gravedad de las observaciones

González Lias menciona que las observaciones no son menores y podrían derivar en sanciones diversas, pero tratándose de la ASE se puede llegar hasta la destitución de funcionarios públicos. 

La fiscalización por parte de la SAT podría, si fuese el caso, incluso determinar un crédito fiscal a cargo del estado, es decir, que las contribuciones omitidas se deben pagar pero que además pueden incluir multas por incumplimiento de obligaciones fiscales. 

Foto: Google Maps

También puedes leer: SEP Puebla pagó 43.6 mdp de nómina a personal fallecido, con licencia o delegados sindicales: ASF 

Como se trata del ejercicio fiscal de 2019, el titular de la ASE en ese entonces era David Villanueva Lomelí 一Francisco Romero Serrano llegó a esa dependencia el 28 de noviembre de 2019一, por lo que las inconsistencias se dieron durante su periodo, y probablemente sea él a quien el SAT le solicite la información al respecto. 

Villanueva Lomelí actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y la Comisión inspectora del Congreso local exhortó a dicha institución a que investigue su gestión frente a la ASE; hasta el momento, no se tienen noticias sobre si hay una indagatoria en su contra. 

Asimismo, 13 percepciones totalmente exentas reportadas por la ASE erosionan la base gravable utilizada para determinar el importe del ISR que se le debe entregar al SAT, lo que se refiere, de acuerdo con Natalia González, “a la diferencia de la cantidad que va después de los impuestos” que podría significar una pérdida fiscal para el SAT.

El uso político de las auditorías

Algo que también refiere la especialista en Derecho fiscal es que las auditorías no se realizan de manera arbitraria, sino que tienen también un componente político, ya que muchas veces estas se ordenan en contra de funcionarios con los que el gobierno en el poder haya tenido confrontaciones, aunque eso no demerita las irregularidades que puedan encontrarse. 

Por ello, es importante recalcar que en 2019 el titular de la Auditoría Superior del Estado era todavía David Villanueva Lomelí, quien estuvo en el cargo de 2011 a 2019, y fue nombrado por un Congreso de mayoría morenovallista, grupo político contrario al régimen actual, por lo que las observaciones que se hacen hasta este momento podrían tener tintes políticos.

También puedes leer: Inaccesibles, decenas de declaraciones patrimoniales de 2019 del Ayuntamiento de Puebla 

Por otro lado, Roberto Alonso, coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla, refirió, en entrevista para LADO B, que el 2019 fue un año lleno de cambios en la política pues hubo tres gobernadores en la entidad: Jesús Rodríguez Almeida, quien sustituyó a Martha Erika Alonso tras su muerte; Guillermo Pacheco Pulido, quien fue nombrado como gobernador interino; y el actual mandatario, Miguel Barbosa Huerta.

Asimismo, refirió que no hay claridad sobre los períodos a los que se hace referencia en las observaciones, tanto a las realizadas a la ASE por la aplicación del artículo 3-B, así como el destino de los mil 334 millones de pesos que la ASF observó con irregularidades para todo el gobierno de Puebla, por lo que habría que hacer un análisis más detallado.

“Los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación no son del todo claros en relación con el periodo específico al cual se están refiriendo, y eso lo hace todavía más problemático porque habría que hacer un examen muy minucioso, con una lupa muy técnica, para poder rastrear finalmente a que periodo se están refiriendo”, explicó.

Por último, Roberto Alonso advirtió que es importante verificar si las inconsistencias que ha reconocido la ASF tienen que ver únicamente con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) o si estarían afectado el trabajo que hizo la ASF en la fiscalización de otras entidades, algo que no se puede eludir de acuerdo con el especialistas. 

Así también, subrayó que los resultados dados a conocer por la ASF “son apenas en una etapa visible de un trabajo diario sumamente laborioso y complejo que tiene que ver con la rendición de la cuenta pública; en este caso, la de 2019,” y acusó que los tiempos de entrega de informes son muy tardíos, pues apenas en 2021 se está conociendo lo que ocurrió en 2019.

*Foto de portada: Twitter (@AsePuebla)