Baldemar Pérez Ríos, el proveedor que en marzo vendió al IMSS 2,500 ventiladores en 93 millones de dólares, fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasma” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010.

Detalles hasta ahora inéditos de una investigación de la Secretaría de la Función Pública dan cuenta del modus operandi del nuevo contratista del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según testimonios de excolaboradores de Pérez Ríos (que aparece en documentos oficiales indistintamente como Valdemar o Baldemar), este empresario radicado en Houston lo mismo sobornaba a funcionarios de la petrolera, que dañaba intencionalmente el equipo que importaba para pagar menos impuestos. En esas declaraciones, incluidas en expedientes oficiales, se habla también de falsificación de documentos e incumplimiento de los términos de contratos que el empresario tenía con Petroquímica Morelos, una filial de Pemex.

Las pesquisas sobre la manera de operar de Pérez Ríos ocurrieron a lo largo de la primera década de este siglo. Para 2007, el órgano interno de control de Pemex en la región Coatzacoalcos ya había detectado una serie de empresas relacionadas entre sí, ya sea por socios y por representantes legales, mediante los cuales Baldemar obtuvo millonarios contratos con la paraestatal.

Las empresas formaban parte de un esquema donde participaban en las mismas licitaciones para, presuntamente, provocar un sobreprecio de los productos que la paraestatal compraría.

Las compañías de esta red se constituyeron entre 1998 y 2003, los accionistas eran trabajadores cercanos a Baldemar Pérez Ríos, según testificaron algunos de esos empleados, y tenían la función de participar en las licitaciones y simular competencia.

Las investigaciones de la entonces Secretaría de la Función Pública derivaron en la inhabilitación en 2010 en la empresa Centex, pero no impuso penas a los accionistas.

También la empresa Projects and Industrial Products, detectada en la red por el órgano interno de control, fue requerida en enero de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por incumplir con un contrato. Estas sanciones ya habían sido publicadas por MCCI el 8 de abril, pero ahora se aportan detalles sobre la investigación de la que derivó esa sanción.

Diez años después, y a pesar de que una corte federal de Estados Unidos sancionó a Pérez Ríos por servir de testaferro en un fraude de una compañía fantasma que engañó a inversionistas estadounidenses, la actual administración otorgó a Levanting Global Servicios LLC, una empresa de Pérez Ríos, un CONTRATO POR 93 MILLONES DE DÓLARES PARA COMPRAR VENTILADORES en medio de la emergencia por el Covid-19, según dio a conocer MCCI hace una semana.

MCCI buscó ayer tanto a Baldemar Pérez Ríos como a quien se presentó como su vocero, Carlos Olmos, exfuncionario de la secretaría de Salud en tiempos de Felipe Calderón, y ninguno de los dos tomó la llamada para fijar postura sobre este reportaje.

Foto: Brian Hall | Wikimedia Commons

Mañas para pagar menos impuestos

La historia de las investigaciones a las empresas de Baldemar Pérez Ríos comenzó con el milenio.

En el año 2000, Pemex Petroquímica notó que algunos contratistas de servicios y venta de maquinaria no le entregaban lo que la paraestatal había licitado y comprado. La Auditoría Superior de la Federación revisó la cuenta pública de ese año y urgió a tener mayor control del cumplimiento de los servicios.

Incluso el órgano interno de control de Pemex abrió un proceso de investigación por adjudicaciones indebidas. En la lista de las empresas favorecidas irregularmente por Pemex se encontraban al menos tres relacionadas con Pérez Ríos: Projects and Industrial Products, Trilogy y Tecnología, e Industrial de Equipos e Ingeniería. Las empresas tenían contratos con la paraestatal desde 1999.

Derivado de la investigación que arrancó en el año 2000, en noviembre de 2003 la secretaria de Pérez Ríos, Beatriz “N” declaró ante la Secretaría de la Función Pública y detalló el modus operandi de su jefe y cómo éste había obtenido más de 450 millones de pesos (40 millones de dólares al tipo de cambio de ese entonces) en contratos a través de sobornos y compañías hechizas.

Beatriz “N” admitió que había otorgado su firma para constituir una compañía, pero después ésta había cambiado de domicilio y dejó de saber qué se hacía con ella.