Han pasado 21 días desde la toma del Congreso del estado por parte de jóvenes feministas de las colectivas Coatlicue SiempreViva y la Coordinadora Feminista de Puebla. 

De su amplio pliego petitorio han priorizado tres temas: la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y de la Ley Agnes, y la realización de una mesa de trabajo interinstitucional sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

El presidente del Congreso y diputado de Morena, Gabriel Biestro, ha declarado en más de una ocasión que el diálogo avanza y que han dado solución a sus peticiones. Y cada vez, ellas lo niegan. No hay verdadero diálogo, han dicho, porque en lugar de propuestas ofrecen imposiciones.

Además de imposiciones, en el Congreso también han encontrado acoso y tácticas que, como ellas mismas han denunciado, buscan asustarlas, agotarlas y hacer que desistan: como personas grabándolas todo el tiempo, presión por parte Biestro para que muestren sus rostros, les han negado el acceso al baño, les apagan la luz en zonas exteriores por las que deben pasar para ir al baño, entre otras prácticas.

Ley Agnes, para febrero 

Foto: Marlene Martínez

El único acuerdo real al que parecen haber llegado –si es que no sucede algún cambio en los siguientes días– es sobre la Ley de identidad sexogenérica o Ley Agnes, que tiene como “fecha tope” (Biestro dixit) el mes de febrero. 

Aunque no queda muy claro si eso significa que en febrero presentarán una nueva iniciativa, si en febrero se discutirá en comisiones la iniciativa que la diputada Estefanía Rodríguez presentó en junio pasado, o si, más bien, en febrero pasaría al pleno.

Esto, la discusión legislativa de la iniciativa, no garantiza nada. Así lo ha dicho Biestro en varias ocasiones: que no puede comprometerse a la aprobación, ni de la Ley Agnes, ni de la ILE, porque no controla el voto de cada integrante del Congreso.

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Sin embargo, la diputada priista Rocío García Olmedo ha explicado que la ILE y la Ley Agnes se pueden aprobar tan rápido como quiera la coalición Juntos Haremos Historia, “sólo se requiere de la voluntad política (…) Porque ya está iniciado el proceso legislativo y eso es lo importante, que las iniciativas ya están presentadas y turnadas, lo que se requiere es la voluntad política con el propósito de que rescaten las iniciativas, y solicitar las opiniones a algunas comisiones”. 

La aprobación del matrimonio igualitario, en noviembre, es tan sólo uno de muchos ejemplos de cómo la coalición ha usado a su favor la mayoría que tiene en la actual Legislatura para aprobar los temas de su agenda y conveniencia. 

Pese a todo, las colectivas han aceptado las condiciones y la fecha sobre la discusión de la Ley Agnes.

ILE, entrampada

Foto: Marlene Martínez

Sobre la ILE, el “diálogo” está entrampado. La única opción que ha dado la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en voz de Biestro, es que en enero se convoque a un parlamento abierto, de modo que la iniciativa se turne a siete comisiones legislativas, con las complicaciones que ello implica, y que la discusión plenaria sea hasta abril, además en sesión extraordinaria.

Sin ninguna garantía –ya está dicho– de aprobación. 

Tampoco en este caso hay claridad de si se retomará alguna de las tres iniciativas que han sido presentadas en esta Legislatura, o habrá una nueva. 

Por su parte, las organizaciones feministas han pedido una fecha más próxima; manifestando su flexibilidad sobre el asunto, afirman que no tiene que ser en enero, pero que no sea hasta abril. 

Según la diputada Mónica Lara (PES): “no nos dan los tiempos como los están solicitando”, mientras que Biestro les dijo que “la ruta legislativa” requería esos meses, aun cuando unos días antes les hizo creer que sí existía la posibilidad de modificaciones, e incluso les pidió una contrapropuesta, que ni siquiera fue revisada; y en la última reunión dio a entender que las manifestantes podrían lograr otro acuerdo en sus reuniones con las bancadas, que ocurrirán esta semana.  

La mesa interinstitucional

La mesa interinstitucional ha sido quizás lo más complicado, pues involucra a otras autoridades como el gobernador Miguel Barbosa; la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco; el fiscal Gilberto Higuera; representantes de la SEP, así como de universidades públicas y privadas, además del presidente del Congreso, Gabriel Biestro.

Desde el primer acercamiento, Biestro se comprometió a emitir un exhorto para su realización, lo cual ocurrió hasta el 1 de diciembre, una semana después de la toma, y fue dirigido a David Méndez Márquez, secretario de Gobernación, solicitándole que convocara a una mesa de diálogo. Hasta ayer, no había información oficial sobre el asunto. 

Ha habido tres intentos de mesa, la tercera ha sido la más concurrida gracias a que las mismas colectivas convocaron personalmente a las autoridades y fue este 14 de diciembre a mediodía, con la participación de las colectivas Coatlicue SiempreViva, Cafis A.C., Odesyr, Ddser y REDefine Puebla. 

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Las asistentes por parte de las autoridades fueron la Doctora María del Carmen García Aguilar de Prevención y Atención de Violencia de Género de la BUAP; Grecia Janeth Vega, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla; Oscar William Márquez de Conavim, y Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero Puebla.

Quienes no acudieron fueron representantes del Gobierno estatal, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal, del Congreso, ni de la Fiscalía General del Estado.

En la reunión, las integrantes de Coatlicue SiempreViva recordaron los puntos y peticiones concretas respecto a la AVGM, vigente en 50 municipios de la entidad.

Foto: Olga Valeria Hernández

Algunas de las presentes a la mesa de trabajo virtual, como la alcaldesa de la capital, Claudia Rivera Vivanco, y la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio, compartieron acciones concretas realizadas en el Ayuntamiento, pero aclararon que hay muchas cuestiones que van más allá de su competencia.

Pérez Osorio propuso separar mesas de trabajo, explicando que la AVGM tiene 40 medidas divididas en distintas áreas, de las cuales los ayuntamientos tienen corresponsabilidad en tres de justicia, ocho de prevención y siete de seguridad. Dijo que los gobiernos municipales no pueden intervenir en lo que toca específicamente al gobierno estatal, o Fiscalía, y en ese sentido tendrían que organizarse mesas distintas para hacer más ágiles los procesos.

De las universidades de Puebla participaron solamente la BUAP y la Ibero. La primera, a través de María del Carmen García Aguilar, habló de protocolos y trabajo realizado a nivel institucional, anunciando que ya pronto terminarán el diagnóstico de igualdad de género y atención a la violencia.

La directora del Idhie, en representación de la Ibero, propuso trabajar en el seguimiento de la AVGM partiendo de los ocho subcomités que, en teoría, se crearon a partir de la declaratoria de la misma. Dijo que el principal reto es que las medidas no sean implementadas sin un seguimiento, sino que tengan un monitoreo puntual con espacios de diálogo para fiscalizar y revisar los resultados concretos.

Una de las conclusiones generales es que no hay un seguimiento puntual a las medidas, ni avances concretos respecto a la AVGM, que fue emitida desde abril de 2019.

Las convocantes pidieron a las organizaciones asistentes firmar cartas compromiso para dar seguimiento a las mesas, estableciendo la siguiente reunión para el 19 de enero de 2021. Para el próximo encuentro exigieron que se sumen la FGE y tanto el Ejecutivo como el Legislativo estatal, para poder atender los temas dentro de sus áreas de competencia.

Acuerdos de palabra

Además de los tres puntos anteriores, las feministas solicitaron a la Jucopo un compromiso de no persecución en su contra, que ya fue aceptado en la reunión del 11 de diciembre, aunque bajo la advertencia de que no son autoridades competentes; es decir, que la persecución de delitos le corresponde a la Fiscalía.

También les pidieron comprometerse a que si renuncian a sus cargos para buscar alguna candidatura, sus suplentes no romperán los acuerdos, algo que aún no ha sido aceptado por quienes integran la Junta de Coordinación Política del Congreso. 

Hasta ahora, ni un acuerdo, ni un compromiso ha sido firmado por ambas partes. Sólo ha habido palabras, de las que se lleva el viento.

(Con información de Aranzazú Ayala)

*Foto de portada: Marlene Martínez