De acuerdo con los datos del estudio “Hallazgos 2019” realizado por México Evalúa, de cada 100 casos que se llevan ante la justicia en el estado 94 quedan sin resolverse; sin considerar la cifra negra de los delitos. Por otra parte, el porcentaje de confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones del SJP (SJP) es de -13.7 por ciento lo que coloca a la entidad en el quinto lugar de los estados peores evaluados en este rubro.

En el estudio —que evalúa la consolidación del Sistema de Justicia Adversarial y Acusatorio y se publicó la semana pasada—, Puebla quedó en el lugar 16 a nivel nacional con un puntaje de 411  de un máximo de 900  (una puntuación similar a la que obtuvo en 2018). 

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Por otro lado, el doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la IBERO Puebla, explica en entrevista para LADO B que la Fiscalía no ha logrado fortalecer las áreas periciales que se necesitan para lograr una investigación correcta y eficiente de los delitos. 

El promedio de agencias del Ministerio Público (MP) por cada 100 mil habitantes es de 1.05; 1.05 policías ministeriales y .23 peritos, Es decir, cada MP y cada policía ministerial tendría que tener la capacidad de atender al menos a 66 mil personas, y cada perito, al menos a 400 mil personas. En conclusión, se habla de una exagerada sobrecarga de trabajo para la Fiscalía General del Estado. 

El problema respecto al trato que se le da a la víctima

Desde el 2016, el Sistema Acusatorio Adversarial opera en Puebla, por lo que en lugar de tener un sistema inquisitivo enfocado en la presunción de culpabilidad de las personas se cambió a un mejor SJP, en donde los imputados por algún delito son inocentes hasta probarse lo contrario, además que desde la ley permitió que se establecieran más derechos para las víctimas.

Sin embargo, para Curiel, actualmente “hay una problemática grave con respecto a la aplicación de este sistema, [pues] a pesar de que en la teoría y en la epistemología del propio sistema la figura central es la víctima, en realidad no se ha cambiado el paradigma” señala el especialista.

Subregistro de cifras de feminicidios por parte de las autoridades, investigación de los casos de mujeres asesinadas como suicidios por parte de la Fiscalía y derechos de víctimas ignorados denunciado por el colectivo “Voz de los desaparecidos” en casos de desaparición son solo algunos ejemplos que ponen en evidencia los obstáculos para acceder a la justicia en la entidad y cómo el centro no está en las víctimas.

Curiel también señala que es competencia del Estado que hayan suficientes asesores jurídicos para atender a las víctimas, pero eso no se cubre, lo que orilla a las personas a contratar a un asesor privado, sin embargo, eso reduce el acceso a la justicia para quien no puede pagarlo. 

La falta de asesores jurídicos ya es de por sí un problema a nivel nacional, pues el promedio del país, de acuerdo con el estudio de México Evalúa, es de .50 asesores por cada 100 mil habitantes; sin embargo, en Puebla se encuentra por debajo de la media nacional con un promedio de .26 personas especializadas en asesoría jurídica de las víctimas.

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Sumado a esto, los datos de este estudio demuestran que las víctimas no son un asunto de prioridad para el gobierno, ya que las instancias encargadas de su defensa son las que menos recursos reciben: por cada peso que recibió de presupuesto la FGE, por ejemplo, sólo ocho centavos se asignaron a las Comisión de Comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Tan sólo en 2019 a la FGE se le asignó de presupuesto 17 mil millones 572 mil 608 pesos, en contraste, a la CEAV le dieron 42 mil 499 pesos para cumplir con sus funciones de protección a las víctimas.

Si bien el análisis realizado por México Evalúa contempla un indicador en donde se califica los resultados de las CEAV estatales a través del promedio de víctimas atendidas por cada asesor jurídico y del porcentaje de personas a las que se les reparó el daño por medio de un proceso penal, la CEAV de Puebla no brindó los datos necesarios para calificar esos rubros.

Por ello, el académico de la IBERO enfatiza que “se tiene que ver puntualmente qué es lo que se va a hacer para fortalecer el tema de los asesores jurídicos y el buscar que realmente las víctimas tengan una reparación integral del daño”, es decir, vigilar que la Fiscalía haga su trabajo pero también los jueces den una justicia pronta y expedita para las personas, como lo establece el SJP.

El derecho de los imputados

Foto: Marlene Martínez

A pesar de que el Estado debe proveer de defensores públicos a las personas imputadas para que sean asesoradas jurídicamente, en la realidad, hay una insuficiencia de este tipo de personal. Datos de “Hallazgos 2019” revelan que a nivel nacional hay un promedio de 2.23 defensores públicos por cada 100 mil habitantes, esto implica una carga de trabajo de 163 imputados que deben ser representados por cada defensor.

En el caso de Puebla, este año la FGE no dio los datos solicitados para hacer esta comparativa, sin embargo, datos de la versión anterior de este mismo estudio señalan que en 2018, Puebla contaba con un promedio de cuatro defensores públicos por cada 100 mil habitantes, esto significa que cada defensor debía atender a 227 imputados.

La poca importancia al fortalecimiento de las capacidades de investigación

Para Curiel, uno de los obstáculos en la investigación de los delitos por parte de la FGE es que en el estado los sueldos para las personas que son peritos (profesionales con licenciatura y algunas veces maestría y especialidad) son bajos, por lo que quienes egresan de las universidades, con especializaciones en ciencias forenses en Puebla prefieren trabajar en Fiscalías de otros estados.

Además, y tal como se indica en “Hallazgos 2019”, la falta del personal involucrado en la investigación de los delitos no se limita al área pericial: Puebla también tiene un promedio bajo de policías ministeriales o investigadores (1.05 por cada 100 mil habitantes y 5.82 de fiscales o agentes del MP).

Curiel señala que el problema se remonta a administraciones pasadas, “en [los sexenios de Moreno Valle y de Tony Gali hubo una reducción importante de agentes de la policía ministerial, eso trae como consecuencias una sobrecarga de trabajo y también a su vez una ineficiencia en los resultados respecto a las investigaciones que se realizan”.

Esta falta de personal se refleja en el porcentaje de congestión en sede ministerial, es decir, los casos que siguen en trámite sin llegar a alguna resolución aún; en Puebla este promedio fue de 47.3 por ciento (2.8 por ciento más que el promedio nacional que fue de 44.5 por ciento) es decir de cada 100 casos que logran llegar a las autoridades 47 se quedan atorados en el proceso de investigación.

“El tema de impartición de justicia es un tema donde el gobierno debe de invertir y no puede disminuir, el número de policías ministeriales, de ministerios públicos y menos de peritos, porque obviamente ellos son quienes van a resolver muchas de las cuestiones científicas [en la investigación] de un determinado delito” explica el académico.

Asimismo, el experto considera que para que Puebla mejore en la investigación de los delitos y, por ende, en la procuración de justicia, el gobierno necesita invertir más en mejorar los sueldos y en capacitación para los operadores del SJP, tanto en la fase de la investigación como para las demás partes del proceso penal, como es el caso de los jueces.

De hacerse “todo esto tendríamos un impacto importante en todas estas calificaciones que se le hacen porque el estado de Puebla en estos rubros ha salido mal evaluado ya desde hace mucho tiempo” concluye Curiel.

*Foto de portada: Marlene Martínez