Con las detenciones recientes de Leslie Alcántara y Beberly Vega, el Estado poblano ha dejado al descubierto su poca voluntad para ejercer justicia con perspectiva de género; y, sobre todo, ha evidenciado una cruda actitud permisiva ante la impunidad en los delitos que atentan contra los derechos humanos de las víctimas, perpetrados por las mismas policías, fiscalías y ministerios públicos. 

Así lo explica Simón Hernández León, Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. “Estos dos casos demuestran un contexto de violencia contra las mujeres, [que está cobijada] por las propias instituciones del Estado. Sin importar que sean víctimas o personas presentadas como supuestamente acusadas, lo que vemos es violencia institucional, descalificaciones y estereotipos, prácticas de sesgo en contra de las mujeres”, señala.

Mujeres son revictimizadas

Leslie es una chica que, hasta hace unas semanas, vendía ropa por internet y entregaba en calles del centro histórico; sin embargo, fue acusada por las autoridades ministeriales de pertenecer a una organización criminal, además de supuestamente poseer armas y drogas, aún sin pruebas, asegura el Maestro.

En el caso de Beberly, quien fue atacada por un conductor de Uber mientras tomaba un viaje con él, fue detenida y terminó con cargos en su contra por parte del Estado, aún cuando ella era la víctima de la comisión de un delito. Y aunque la movilización de su familia y la sociedad civil ayudó a que fuera liberada (también por falta de pruebas), el conductor podría impugnar esa resolución. 

En ambos casos, hay diversos artículos constitucionales que fueron vulnerados por las autoridades, indica Hernández León, también abogado por la UNAM. Esas garantías individuales son: el derecho a la libertad personal (art. 1), a la presunción de inocencia, y un adecuado control por una autoridad competente, seguridad jurídica y al debido proceso (art. 20), por mencionar algunas, indica.

Esto sin mencionar que existen tratados internacionales y sentencias de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), y de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han sentado las bases para juzgar con perspectiva de género y guiar las investigaciones de policías y ministerios públicos, agrega.

Hernández León asevera que el sistema judicial en Puebla se ha puesto del lado de la impunidad, pues en estos últimos dos casos, la constante ha sido la vulneración de los derechos humanos de las víctimas, y su revictimización, indica. 

“Ambos casos demuestran cómo las víctimas son doblemente victimizadas por la intervención del Estado y por la violencia institucional, a partir de un evento en el que, lejos de tener la protección de las instituciones, sufren esta carga de discriminación y violencia”, establece.

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Para el jurista, estas prácticas son el resultado de la permanencia de un sistema patriarcal y machista, que ha plagado a todas las instituciones gubernamentales estatales, poniendo en situación de vulnerabilidad jurídica y social a las mujeres que son víctimas de un delito: “Esto es persistencia de viejas estructuras y de una cultura institucional que no se separa de un contexto machista”, asegura.

Esto no sólo yace desde la falta de capacitación a funcionarias y funcionarios públicos sobre temas de género, sino también desde la poca voluntad institucional para investigar y castigar esas violaciones a derechos humanos: “Lejos de tener la protección de las instituciones, [las chicas] sufrieron esa carga de discriminación y de violencia [institucional]”, afirma.

La impunidad es cómplice

Foto: Marlene Martínez

Aún cuando Leslie y Beberly fueron absueltas de delitos que el mismo gobierno les fabricó, las injusticias no se detienen, puesto que aún queda la responsabilidad del Estado por investigar los delitos, deslindar responsabilidades y castigar a quienes atentaron contra los DDHH de las víctimas: “Liberar a una persona detenida arbitrariamente, disminuye un poco la injusticia, pero los elementos que la llevaron a su detención, a exhibirla, a señalarla, permanecen sin sanción”, establece Hernández León.

De acuerdo con el Maestro en DDHH, es esencial que haya consecuencias para un ministerio público que, en el caso de Beberly, echó a andar todo el aparato institucional para acusarla y presentarla ante un juez aunque no existan elementos para una detención.

Por otra parte, en el caso de Leslie, se puede hablar incluso del delito de desaparición forzada, ya que la policía la mantuvo en detención sin que sus familiares supieran de su paradero, hasta horas después de emprender su búsqueda, comenta el Maestro. Las irregularidades presentadas en la situación son propias de este delito, razón por la que la Fiscalía General del Estado (FGE) tendría que iniciar una demanda de oficio en contra de los elementos que participaron en su detención, determina.

Sin embargo, la voluntad por investigar y castigar a las y los funcionarios públicos cómplices de las omisiones administrativas, terminan por dejar el camino abierto para que estas violaciones de DDHH transcurran sin cesar, y sin consecuencias para quienes las perpetran: “Las instituciones funcionan así, porque hay un incentivo para la impunidad. Mientras no se combata eso, seguirán presentándose estos casos”, insiste. 

Por si no fuera suficiente, estas prácticas preocupan más por las condiciones que guarda el estado en cifras delictivas: “En el contexto de Puebla, resulta preocupante por el alto índice de [desapariciones] y por el número significativo de feminicidios que hay en la entidad”, asevera.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en 2021 se abrieron un total de 37 Carpetas de Investigación (CDI) por feminicidios en el estado. Por su parte, el colectivo “Voz de los desaparecidos” tiene registro de alrededor de dos mil 500 personas que todavía no son localizadas. 

No se ha hecho lo suficiente

Hernández León critica que la voluntad del Estado poblano por garantizar la equidad de género, sea meramente simbólica, pues los derechos de las mujeres son vulnerados por sus mismas instituciones: “No ha habido orientación de derechos humanos ni de perspectiva de género, más allá de los eventos y las declaraciones públicas (…). Esto pone a prueba que los derechos de las mujeres no son respetados en Puebla”, sostiene.

Lo que se requiere con urgencia, narra el especialista en Derecho, es exhortar a que el Estado fije un compromiso serio en combate a la impunidad, además de implementar estrategias sinceras y elaboradas que guíen el trabajo de las y los funcionarios al servicio del Estado, sobre la atención ciudadana con perspectiva de género y la protección de los DDHH.

Aunado a ello, las autoridades judiciales, especialmente las agrupaciones policíacas, fiscalías y ministerios públicos, tienen la obligación innegable de vigilar e iniciar procesos administrativos y judiciales, contra aquellas personas que atenten contra los derechos humanos de las víctimas.

Por ello, insiste en que no sólo se trata de un tema de observancia de protocolos, pues hay delitos que están siendo cometidos por las mismas autoridades y en todos esos casos necesita ejercerse el poder de la ley y buscar sanciones proporcionales al daño ocasionado, asegura.

*Foto de portada: Marlene Martínez