En respuesta a la solicitud de un particular, el Instituto Electoral del Estado (IEE) inició a finales de junio un proceso de reconocimiento de otros sistemas normativos para los pueblos indígenas, pero en la realidad, el órgano electoral llega tarde a una lucha que más bien, se ha dirimido en los territorios y los tribunales.

Existen claros ejemplos de esta lucha. En 2018, luego de cuatro años de impugnaciones y saltos jurisdiccionales, la junta auxiliar de San Pablito, en el municipio de Pahuatlán, consiguió que le fuera reconocido su derecho a recibir una partida presupuestaria acorde al tamaño de su población, y a decidir libremente, previa consulta con la comunidad, cuáles son sus prioridades sin injerencia externa.

Dos años más tarde sucedería otro evento histórico: la comunidad nahua de Santa María Zacatepec, junta auxiliar del municipio de Juan C. Bonilla, elegía en asamblea a sus nuevas autoridades, invocando su legítimo derecho a la libre determinación y cambiando de golpe el antiguo sistema de partidos políticos por un nuevo sistema normativo interno, esto para defender decididamente el asediado río Metlapanapa y en respuesta a la persecución judicial hacia algunos de sus líderes.  

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A decir de Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, éstas y otras experiencias, como la Unidad de Cooperativas de la Tosepan en la Sierra Norte o las radios comunitarias que han proliferado por toda la entidad en los últimos años, ilustran con mayor claridad lo que es la verdadera autonomía, que no necesita de la tutela del Estado, o bien, las formas que puede tomar la autonomía: política, económica e incluso informativa, todas ellas construidas desde abajo, desde los territorios. 

Con miras al 2021, la autonomía tutelada del IEE

Foto: Marlene Martínez

La autonomía tutelada, como la que se desprende del acuerdo aprobado por el Consejo General del IEE el 29 de junio, apenas se encuentra en su fase exploratoria, y poco tiene que ver con las luchas históricas de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, toda vez que se desprenden de dos solicitudes que en su momento hiciera al órgano electoral el secretario de Acción Indígena del Comité Directivo Estatal del PRI, Fidencio Romero Tobón.

A pesar de estas omisiones, el consejero presidente del instituto, Miguel Ángel García Onofre, aseguró en entrevista que los trabajos de investigación para determinar la procedencia de diversas acciones afirmativas que garanticen la participación política de las comunidades indígenas, entre ellas la transición hacia un sistema de elección por usos y costumbres, tendrán que concluir antes de que inicie el registro de candidaturas para el próximo proceso electoral, del cual aún no se tiene un calendario establecido.

Acotado por decisión del Consejo General a los distritos electorales cuyos municipios cuenten con al menos 40 por ciento de población indígena (02, 04, 05 y 27), el acuerdo contempla, además de la posibilidad de que los partidos políticos postulen un determinado número de candidaturas indígenas en 2021, el que los municipios de Altepexi y Vicente Guerrero decidan, a través de una consulta, si desean cambiar de sistema electoral, tal como ha sucedido en otros municipios del país. 

La elección de estas dos localidades en particular, cuando existen 58 municipios indígenas en la entidad, responde al cumplimiento de las dos solicitudes realizadas en 2018 por Fidencio Romero Tobón, en las que incluso, como consta en el acuerdo CG/AC-046/18, no se ofrecieron mayores pruebas sobre la existencia de un sistema normativo interno ancestral en estos municipios; se trataba más bien de una solicitud simple para la adopción del sistema de usos y costumbres, con algunas firmas adjuntas.

Las propuestas que presente la Comisión de Capacitación (órgano colegiado encargado de los trabajos de investigación) ante el Consejo General del IEE, no podrán limitarse a los distritos y municipios referidos en el acuerdo CG/AC-009/2020, sino que atendiendo a las disposiciones legales, constitucionales y convencionales en materia de pueblos indígenas, deberán ser extensivas a cualquier comunidad de la entidad poblana con rasgos similares.

El aplazado derecho a la autonomía

No fue sino hasta la década de 1990, explica Atzimba Xitlalic Alejos Arredondo en un texto publicado en la Revista Mexicana de Estudios Electorales, que el gobierno mexicano comenzó una política de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, mismos que quedarían plasmados en la Constitución tras la reforma de 2001, derivada de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar y en donde se reconoce finalmente el derecho a la libre determinación.

Un derecho que, sin embargo, ha necesitado de reformas constitucionales posteriores —como la reforma en materia de derechos humanos de 2011—, así como la emisión de al menos 25 jurisprudencias y 34 tesis vinculadas con el derecho indígena, por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para ser ejercido a plenitud.

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El caso de Cherán, en Michoacán, es quizás el más emblemático de todos. A pesar de que el Congreso del Estado llevaba una década sin armonizar sus leyes a la reforma constitucional de 2001, y que el procedimiento para transitar de un régimen electoral a otro no se encontraba regulado, la Sala Superior del TEPJF resolvió que se debía realizar una consulta para saber si la mayoría de la población estaba de acuerdo, y en dado caso, dar pie a la elección de las autoridades comunitarias.

Diferentes autores, menciona Alejos Arredondo, ven en Cherán un precedente para que los pueblos y comunidades indígenas, cuando así lo decidan, puedan elegir a sus autoridades a través de usos y costumbres, pero igualmente para gobernarse a nivel municipal por una figura distinta al ayuntamiento constitucional.

En Zacatepec, ni un paso atrás

“Está claro que los partidos van pensando en ellos, no van pensando en el pueblo. ¿Qué nos queda? que el pueblo retome su forma organizativa como era antes, donde no había partidos, donde la asamblea era quien decidía a quién ponía”, dijo desde el zócalo de la ciudad de Puebla María de Jesús Patricio “Marichuy”, vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG). 

Esta declaración tuvo lugar al día siguiente de la liberación del líder comunitario, Miguel López Vega, quien fue detenido cinco días después del hecho histórico que supuso la elección de nuevas autoridades comunitarias en Santa María Zacatepec, el 19 de enero.

Miguel, quien todavía sigue bajo proceso judicial por uno de los tres delitos que le fueron imputados originalmente —sin que se hayan presentado nuevas pruebas en estos casi seis meses—, sostenía aquel 30 de enero que los integrantes de la comunidad de Santa María Zacatepec no darían marcha atrás al proceso de consolidación autonómica, especialmente tras haber sentido todo el peso del aparato estatal.

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Así como el cambio de régimen electoral de Cherán surgió en medio una crisis de seguridad y en un contexto de defensa del territorio, en Santa María Zacatepec la búsqueda de otra forma de gobierno partió de una lucha por su territorio y en defensa del río Metlapanapa, que estaba siendo asediado por un proyecto de descargas industriales desde el complejo Ciudad Textil, en el municipio de Huejotzingo.

A la fecha, el municipio de Juan C. Bonilla se niega a reconocer a las autoridades comunitarias de Santa María Zacatepec, por lo que será el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) quien resuelva en su momento el juicio para la protección de los derechos político-electorales que por ahora, debido a la pandemia, se encuentra parado.

Las autoridades difícilmente les darán la razón, anticipa en entrevista Miguel López Vega, pero él considera más importante que la organización y la conciencia comunitarias, “de tanto estar picando y picando”, siga creciendo: “Independientemente de lo que dictamine un juez, pues que la organización de la comunidad vaya creciendo, y que podamos hacer acciones que en los hechos no le pidan permiso a los gobiernos”.

Mientras que el Instituto Electoral del Estado continúa con sus trabajos exploratorios para determinar si un municipio es indígena o no, y si proceden diversas acciones afirmativas en su favor, la autonomía en comunidades como Santa María Zacatepec se reafirma todos los días, resistiendo a la persecución judicial y al linchamiento mediático, y de forma paralela, refiere Miguel, a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Juan C. Bonilla ceda ahora hasta una tercera parte de su territorio a los municipios vecinos, presuntamente, para hacer viable la ampliación industrial del aeropuerto de Huejotzingo. 

*Foto de portada: Marlene Martínez