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Así como la relación ríspida que ha sostenido el presidente con los medios de comunicación que le son adversos llegó en días pasados a un nuevo cenit, su iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) ha detonado las mayores alertas entre la oposición y un sector de líderes de opinión preocupado por el riesgo que este planteamiento supone para principios democráticos básicos como la división de poderes.

La iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados el pasado 23 de abril es la expresión legislativa del sui géneris decreto con el que Andrés Manuel López Obrador dictó nuevas medidas de austeridad para las dependencias y entidades de su gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación la tarde de ese mismo día, ante la crisis económica que acompaña a la emergencia sanitaria.

En dicho decreto, el mandatario pidió acatar que no se despidiera a ningún trabajador, la reducción “de forma voluntaria” del salario de altos funcionarios públicos hasta en un 25%, la supresión de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, la cancelación de 10 subsecretarías, el no ejercicio del 75% del presupuesto disponible para servicios generales, materiales y suministros, el otorgamiento de 3 millones de créditos a personas y pequeñas empresas familiares, la creación de 2 millones de empleos y la reorientación del presupuesto a 38 programas prioritarios, entre ellos, las pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, las becas para jóvenes, los apoyos a pescadores, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, la Guardia Nacional, la rehabilitación de seis refinerías y la construcción de la refinería Dos Bocas, así como el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto General Felipe Ángeles, el Tren Maya y la terminación del Tren Interurbano México-Toluca.

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¿Quiere el presidente un poder desmedido para utilizar el presupuesto a su antojo sin control alguno por parte del Congreso de la Unión? ¿Desea López Obrador aprovechar la emergencia sanitaria actual para instaurar una monarquía en términos presupuestarios con facultades extraordinarias? ¿Pretende el Ejecutivo federal asestar un golpe al principio de separación de poderes y al espíritu democrático del constitucionalismo mexicano?

A juzgar por la iniciativa presidencial, que consiste en adicionar un artículo con cuatro párrafos –el 21 Ter– a la LFPRH, la respuesta a las interrogantes es debatible. Lo que no deja lugar a dudas es que se trata de una iniciativa poco cuidada al menos por tres razones: 1) no incluye una definición de una figura inexistente hasta ahora en el marco jurídico mexicano –la emergencia económica–, cómo se declara y con base en qué supuestos se verifica; 2) enuncia como propósitos de la reorientación presupuestal objetivos de naturaleza diversa que, frente a una emergencia económica, podrían resultar problemáticos, como mantener la ejecución de proyectos prioritarios previstos con anterioridad a ella; y 3) se olvida de la importancia y las atribuciones que tiene el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, en lo que toca a la aprobación y vigilancia del presupuesto de egresos.

Por tanto, que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Mario Delgado, afirme que lo que quiere el Ejecutivo federal es que esta representación parlamentaria participe con espíritu democrático en las reasignaciones presupuestarias, esto es, equilibrio de poderes y no poderes extraordinarios, es engañoso. Lo que no es falso es que esa sea la voluntad de la bancada que comanda en la Cámara de Diputados y que se encuentre ya en el dictamen que se ha trabajado en comisiones como parte del procesamiento de la iniciativa presidencial.

Foto tomada de Pie de Página

La propuesta de López Obrador es deficiente, pero igualmente deficiente, o más por ser una norma vigente, es la discrecionalidad que actualmente otorga la LFPRH al Ejecutivo federal para manejar con libertad el presupuesto previamente aprobado por la Cámara de Diputados. Tal y como está, la actual LFRPH en su artículo 58 permite adecuaciones presupuestarias sin una intervención ex ante de las y los diputados, de modo que el problema existe y se hace más grave en medio de un escenario complejo como el que atravesamos, que definitivamente ha sacudido las bases con las que se elaboró el presupuesto 2020.

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En este sentido es que cobra importancia la necesidad de discutir una medida extraordinaria para momentos extraordinarios, aprovechando la coyuntura para corregir en la LFPRH lo que, más allá de la iniciativa del presidente, no reduce los espacios de discrecionalidad, sino que los fomenta. Y a ello contribuyó una valiosa sesión de Parlamento Abierto virtual  convocada por la Cámara de Diputados con especialistas de organizaciones sociales e instituciones académicas en la que se colocaron las claves para esta discusión:

1) El reconocimiento de la falta de contrapesos adecuados en la actual LFPRH, y de ahí la pertinencia de legislar al respecto.

2) La supremacía del Congreso, en particular de la Cámara de Diputados, en los asuntos relativos al presupuesto.

3) La oportunidad de definir, darle temporalidad y brindarle asidero constitucional a la figura de emergencia económica, con base en las reglas constitucionales existentes, por ejemplo, la participación de la Cámara de Diputados en su declaración, y acompañada de un consejo plural al estilo del Consejo de Salubridad General para el caso de la emergencia sanitaria.

Reducir la discusión a la aspiración del presidente de contar con superpoderes sin dimensionar la relevancia que tiene atender la LFPRH, corrigiendo las y los legisladores el texto original, como es su labor, no es sino propio de una oposición irresponsable, cómoda en la superficie del conflicto y resistente a profundizar en el debate.

*Foto de portada tomada de YouTube