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Roberto Alonso

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Veintiún días después de que su Mesa Directiva exhortara a las y los senadores a suspender actividades dentro del recinto legislativo, el Senado sesionó ayer a petición del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para aprobar la Ley de Amnistía, promesa suya que en diciembre pasado fue avalada por la Cámara de Diputados y esperaba la votación de la Cámara Alta.

En medio de la emergencia sanitaria, este llamado fue motivo de polémica en la discusión del pleno, donde senadoras y senadores de oposición criticaron que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados actuaran a pedido del Ejecutivo federal, sin legislar en materia de salud o economía a pesar de la crisis que en los dos ámbitos avanza. Y tienen razón, aunque poca o nula atención les mereció que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) haya llamado al Senado a aprobar “con la mayor celeridad posible” la minuta de la Cámara de Diputados.

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza ha acertado al señalar que si lo que se quiere es atender realmente la crisis del sistema penitenciario y despresurizar la situación de los reclusorios, no ayudan decisiones legislativas punitivas como el aumento de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, además de que la Ley de Amnistía sólo aplica para delitos de fuero federal, siendo que la mayoría de la población penitenciaria cumple penas del fuero común. Evidentemente, sería deseable una discusión más amplia, pero esto no minimiza el valor de la Ley de Amnistía, la cual podría incentivar a que las entidades federativas hicieran lo correspondiente, como lo delinea la propia ONU-DH.

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Lo que desafortunadamente pasó inadvertido en la discusión del pleno a 10 días de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, fue la necesidad de diseñar y acordar mecanismos para que el Senado y la Cámara de Diputados puedan sesionar a distancia durante la emergencia, y así poder atender otras agendas relevantes, como las dificultades económicas por las que está atravesando el país y, sin duda, la necesidad de fortalecer las capacidades del sistema de salud.

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Un grupo de investigadores de la UNAM y del CIDE lo enfocaron con precisión y contundencia en un artículo publicado en el diario El Universal el pasado 20 de abril. Bajo el título “Democracia en vilo y la Constitución también”, este grupo de analistas resalta que la actividad legislativa es una actividad esencial en la actual emergencia sanitaria y, en cambio, el Congreso de la Unión, “engranaje fundamental del sistema de frenos y contrapesos”, ha dejado de funcionar, siendo la función legislativa “la piedra angular de toda democracia pues es el foro público en el que se expresa y delibera la pluralidad de la nación”.

Frente a un Poder Ejecutivo que “está gobernando por la vía de decretos, acuerdos y decisiones unilaterales”, el Congreso “debe terminar su voluntaria siesta y retomar su papel central”, “debe reactivarse con una agenda a la altura del contexto”, puede leerse en el artículo colectivo.

En perspectiva comparada, no sólo otros Congresos a nivel nacional han adoptado las medidas necesarias para poder realizar el trabajo legislativo a distancia, sino también Congresos locales. De acuerdo con una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD), países como España, Brasil y Chile han registrado avances en esta dirección. En España, por ejemplo, las normas parlamentarias prevén los votos telemáticos para el “estado de alarma”; en el caso del Senado así lo permite una resolución desde noviembre de 2013. En Brasil el “estado de calamidad” fue decretado en una inédita sesión virtual del Senado. Mientras que en Chile, ante el actual “estado de catástrofe”, el Congreso Nacional aprobó una norma transitoria que permite votar y sesionar por medios virtuales.

Por otra parte, una investigación del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla reporta que 11 de los 32 congresos locales se encuentran suspendidos, poco más de una tercera parte de ellos. En el ámbito subnacional, 16 entidades –Baja California, Coahuila, Colima, Chiapaså, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas– han dado pasos hacia la modalidad a distancia, ya sea con sesiones virtuales de comisiones, órganos gobiernos y del pleno; o con iniciativas, reglas de operación y reformas para que el trabajo legislativo pueda efectuarse por vía remota.

Como concluye la investigación del IBD, para que el trabajo parlamentario en su amplitud de funciones se haga a distancia es necesario “priorizar y escoger cuáles procesos legislativos pueden rediseñarse en consenso”, pues no sólo se trata de “desahogar votaciones de carácter emergente”.

El tiempo ha llegado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El mismo lunes 20 de abril, mientras las y los senadores desfilaban en el pleno con cubrebocas y máscaras, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó por primera vez en su historia de manera virtual, desahogando asuntos de su agenda ordinaria. No dar este importante paso es renunciar a la obligación constitucional y a la representación popular que encarnan ambas cámaras.