Al momento de escribir estas líneas, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla mantiene un plantón afuera del Congreso del estado. La razón es fácil de entender. Las familias que lo integran redactaron una propuesta de ley para atender en la entidad este fenómeno, creyeron en la apertura y el compromiso de esta institución parlamentaria y, sin embargo, el pasado jueves 15 de julio vieron concluir su último periodo ordinario de sesiones sin ley en la materia.

Pese a que Puebla tiene un total de 2 mil 571 personas desaparecidas y no localizadas, ocupando el treceavo lugar de la tabla nacional, la LX Legislatura con mayoría morenista decidió clausurar sus sesiones ordinarias con un claro desdén hacia las familias que buscan a sus seres queridos.

La historia es sencilla y, por ello, indignante. Ante la omisión del Congreso poblano, en agosto de 2019 familiares de personas desaparecidas presentaron por escrito un proyecto de ley que fue recibido por la Comisión de Derechos Humanos de la LX Legislatura. Durante 2019 y 2020 se llevaron a cabo foros itinerantes en distintos municipios del estado, con el propósito de recabar experiencias y enriquecer el proyecto. En febrero de 2020, se instaló en la Universidad Iberoamericana Puebla un mecanismo tripartita para la elaboración de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla, con la participación del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, un equipo técnico de esta universidad y el equipo de la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez Sandoval.

En julio de 2020, la diputada Rodríguez Sandoval presentó formalmente la iniciativa, acompañada por el equipo redactor y el entonces presidente del órgano político del Congreso local, el diputado Gabriel Biestro Medinilla. En dicha sesión, el diputado Biestro se comprometió a que la discusión en comisiones —Procuración y Administración y Justicia, y Derechos Humanos— sería inmediata, lo que auguraba que pasara al pleno en el mes de septiembre del año pasado. No obstante, el tercer y último año legislativo transcurrió sin que siquiera fuera dictaminada la iniciativa. Un año en la congeladora, un año de indolencia.

A las familias no les faltan razones, más bien les sobran. Confiaron en sus representantes populares, quienes no sólo les han quedado a deber, sino que les han traicionado. No es el único caso ante el cual el Congreso local incumple su palabra. Tras la toma pacífica de sus instalaciones, la LX Legislatura se comprometió también con la discusión y votación de la interrupción legal del embarazo (ILE) y todo indica que será un asunto más que heredará la legislatura que entra en funciones el próximo mes de septiembre.

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El pasado 6 de junio, en estados que ocupan los primeros lugares de la lista nacional de personas desaparecidas como Jalisco, Veracruz y Nuevo León, familiares de personas desaparecidas mostraron su malestar con la jornada electoral cuestionando si puede haber democracia con personas desaparecidas. ¿En qué democracia pueden creer las familias y quienes les acompañan si aun haciéndole la tarea al Poder Legislativo, este se niega a completarla?

Porque eso es lo que falta: dictaminar la iniciativa en comisiones y pasarla al pleno para su aprobación, algo que todavía es viable con un periodo extraordinario.

La iniciativa no es perfecta. El 28 de mayo pasado, en una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho —también presidenta de la Comisión de Procuración y Administración y Justicia—, el proyecto de ley recibió observaciones por expertos internacionales de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero ambas representaciones coincidieron en que se trata de una iniciativa que en lo general cumple con lo que se espera de una ley local en la materia y atiende el mandato de la Ley General. Estas observaciones, de hecho, fueron incorporadas a una nueva versión de la iniciativa que tienen en sus manos las diputadas presidentas de las comisiones dictaminadoras, así como la actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la diputada Nora Merino Escamilla.

Iniciativa hay, las observaciones hechas a la misma han sido atendidas y la problemática está allí, a la vista de las y los diputados poblanos. Los rostros de las personas a las que sus familiares no han dejado de buscar y que hoy sitian las inmediaciones del Congreso de Puebla, junto con los de cientos de personas que hemos intentado caminar a su lado desde nuestros lugares de incidencia, hemos sido testigos de la insensibilidad, la soberbia y la desvergüenza de quienes aún ostentan un cargo de representación popular.

Desafortunadamente, estas actitudes inexplicables frente al dolor de las familias no son exclusivas de las y los legisladores. Con la mano en la cintura y de espaldas a estas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha repetido desde hace un par de meses que hará llegar al Congreso local una iniciativa propia que desconoce y parece mirar con desprecio el proyecto trabajado con las familias al centro.

Son ellas quienes además de salir a buscar a sus seres queridos con pico y pala en mano, han redactado una iniciativa de ley que desde el año pasado es la única iniciativa que se encuentra en la mesa del Congreso de Puebla. ¿Qué esperan diputadas y diputados?

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández