Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En Puebla el órgano garante de transparencia, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), está más interesada en proteger al gobierno del estado que a los ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información, una conclusión a la que se llega no sólo al mirar las estadísticas de resoluciones, sino al revisar la actitud que han tomado en torno a las sentencias que han dictado juzgados federales al resolver los amparos que se iniciaron en contra del organismo estatal.

En el caso más reciente, la CAIP alargó el proceso jurídico al pedir la revisión de la sentencia que dictó en su contra el juzgado Sexto de Distrito ordenándole reabriera un expediente que había desechado con un argumento técnico: que no se cumplió con el procedimiento.

Pero no es el único, de hecho, tres de los cuatro juicios de amparos que ha enfrentado la CAIP en el último año son para tratar de eliminar jurídicamente una estrategia que se sigue desde el gobierno del estado con el aval del organismo.

Y la cosa es así: los sujetos obligados relacionados con el gobierno del estado cambian sin razón justificada la modalidad de entrega, el solicitante se inconforma y la CAIP desecha el expediente con el argumento de que se debe esperar 15 días antes de poder iniciar queja alguna, al iniciar la queja antes de que concluya dicho plazo el órgano garante decide que está fuera de la normativa y desecha la queja.

De esos tres juicios, en los tres casos los juzgados federales han resuelto que la CAIP carece de razón y han ordenado se repongan los procesos, sólo en uno de los casos el órgano garante ha aceptado la sentencia, los otros dos están en revisión en tribunales colegiados.

Al respecto, el presidente del organismo, Javier Fregoso Sánchez, afirmó hace unos días que al pedir la revisión de la sentencia que le ordenaba reabrir el caso que dicha decisión, cuestionada por la organización Artículo 19, fortalece al organismo.

–Estamos ejerciendo un derecho, lo sometimos a consideración y fue una decisión por pleno, y eso a final de cuentas también fortalecería la posición de la comisión. Y en este caso, si se vuelve a refrendar atenderemos al juez.

Tras conocerse el comunicado de Artículo 19 en donde se emplaza al organismo, “especialmente a su presidente José Luis Javier Fregoso Sánchez” a que explique por qué decidió alargar el proceso pidiendo a los tribunales colegiados revise la sentencia del Juzgado Sexto de distrito, cuando sólo se busca “informar a la sociedad sobre el gasto del gobierno del estado”, la comisión guardó silencio. No ha habido, hasta el momento, respuesta alguna al respecto.

Artículo 19 también pidió a la comisión que explicara por qué en su actuación, lejos de “ceñirse a la garantía última de los derechos fundamentales y los principios  de la transparencia y el acceso a la información, como el de máxima publicidad” está intentando “a través de recursos jurídicos, la no aplicación de las obligaciones constitucionales”.

Artículo 19 también plantea que “Puebla se ha destacado por implementar  prácticas intimidatorias y dilatorias para dar acceso a la información a sus ciudadanos, convirtiéndose en el campeón de la opacidad en lo que refiere al Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial de las Entidades Federativas”.

La organización también sostiene que no se “ha dudado en señalar, a través del INOGDAI, la capacidad de la CAIP para hacer bien las cosas”, pero “la actuación de esta institución en últimas fechas denota un retroceso en la garantía del derecho para el que fue creada. Casos como este evidencian una deconstrucción institucional que no es menor y merece un análisis detenido. En este caso, la CAIP tuvo la oportunidad clara de volverse garante del derecho y acatar lo indicado en la sentencia determinando la entrega de la información sobre el gasto ejercido en publicidad oficial y comunicación social; pensiones y jubilaciones; y servicios generales tal como le encomienda la Constitución”.

DEFENDIENDO AL GOBIERNO DE MORENO VALLE

El arranque de la administración del primer gobernador panista en Puebla, Rafael Moreno Valle, coincidió con la renovación de uno de los tres asientos con los que se conforma el pleno de la CAIP. Y en ese cambio el elegido para integrarse al organismo garante de la transparencia fue un hombre cercano al mandatario: Javier Fregoso Sánchez.

El economista de profesión sin experiencia en la materia, como lo reconoció él mismo tras ser elegido por el Congreso (esto fue lo que dijo a medios: “tenemos experiencia, sino en el área de información y transparencia sí la tenemos en el aspecto de lo que es el quehacer del derecho, la ciudadanía y la economía”), acompañó y asesoró a la esposa de Moreno Valle durante la campaña de 2010.

Dos años después, en 2013, tocó el turno renovar nuevamente un espacio en la comisión, para esta ocasión el Congreso del estado eligió a Federico González Magaña, un hombre que fue asesor de campaña de la coalición de partidos Compromiso por Puebla, el conglomerado de medios que llevo a Moreno Valle al triunfo en 2010.

Y con la llegada de González Magaña se cerró la pinza en la comisión, de tres votos posibles dos ya estaban en el bolsillo del gobernador del estado, dejando muy poco margen de maniobra para Blanca Lilia Ibarra Cadena, la comisionada incómoda pues fue quién apostó más a la transparencia.

Una revisión de resoluciones de los tres comisionados realizada entre el 1 enero y el 30 de septiembre mostró que de 69 quejas en contra del gobierno morenovallista por no entregar la información solicitada, en 11 casos se resolvió ordenar al gobierno que transparentara la información solicitada, de esas resoluciones una fue propuesta por González Magaña, dos por Fregoso Sánchez, y ocho por Ibarra Cadena.

El desgaste y la confrontación lo mismo al interior del organismo y con las dependencias del gobierno del estado llevaron finalmente a que Ibarra Cadena presentara su renuncia hace poco más de un mes, cuando aún faltaba medio año para que concluyera su periodo.