Álvaro Murillo

Carlos Cerdas Araya era, hasta junio del 2021, un empresario fácil de describir como un caso de milagro económico en Costa Rica: un chico cualquiera de familia sencilla en la conservadora ciudad de Cartago que de grande llegó a ocupar un lugar en el olimpo de las personas más millonarias de Centroamérica.

Era el hijo de un hombre trabajador que alquilaba maquinaria al estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los años setenta, momento de fuerte desarrollo de infraestructura pública, pero aprovechó el recambio generacional para dar un salto sobre otras compañías y dominar en el nuevo siglo al sector de la construcción y mantenimiento de obra pública vial. La marca MECO empezó a verse como un sello de poder en las vallas de las construcciones hasta que el país se le hizo pequeño.

Entonces cruzó a Nicaragua, donde hizo buenas migas con el autoritarismo de Daniel Ortega, y a Panamá, donde la ampliación del canal interoceánico permitió a la compañía graduarse en el escenario internacional. Después llegó a Colombia y a El Salvador, en la segunda década del siglo, hasta ganarse el título de empresa transnacional, quizás la única nacida en un país donde las familias ricas nunca han llegado ni cerca de los grupos poderosos de otros países centroamericanos.

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La riqueza le había dado ascenso social, cómo no. Se movía en un avión propio que guardaba en el mismo hangar del propietario de la principal televisora del país y llevaba o traía a algunos de los políticos más pintados de Costa Rica. Cerdas era un nuevo millonario que recogía el mérito de haber convertido su herencia en una fortuna incluso superior que la de algunas de las familias poderosas de toda la vida, incluidas las de la oligarquía cafetalera del siglo XIX, que han ido moviendo sus capitales por distintas industrias de la economía según qué momentos de la historia; o mayor que la riqueza acumulada por la clase profesional que mejor vive con los altos volúmenes de inversión extranjera ingresada en las últimas tres décadas. Carlos Cerdas era una variante más, pero integrante al fin de la élite económica de Costa Rica.

Por eso era difícil digerir la escena de verlo esposado y encaminado a la cárcel, con su chaqueta de la Fórmula 1 y zapatillas deportivas de quien sale a hacer mandados.

Carlos Cerdas, con su empresa MECO, es uno de los principales sospechosos de la red de sobornos que por muchos años ha cubierto al sector de las concesiones de obras viales públicas, de acuerdo con una investigación policial desarrollada desde el 2019. Horas y horas de conversaciones telefónicas escuchadas por los agentes judiciales dieron elementos para que toda Costa Rica tuviera en sus manos informaciones que parecen antagónicas: 1) el empresario manejaba a toda la burocracia que requería para controlar al sector y ser, por ejemplo, el principal proveedor del Estado en 2018; y 2) el sistema de control funcionó, al menos al principio, atendiendo las denuncias en instancias judiciales y permitiendo desarrollar investigaciones que derivaron en la detención y la orden de seis meses de prisión preventiva, por ahora, para él y para otra rica empresaria de la construcción llamada Mélida Solís.

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Que se determinen los delitos y los paguen es otro tema, poco probable por los antecedentes del sistema judicial; pero el mensaje con el caso Cochinilla (llamado así por la plaga que se pega a las plantas hasta secarlas) parecía ser que los millonarios en Costa Rica tienen límites o al menos obstáculos. Cerdas pagó sin problemas una primera fianza de 5 millones de dólares y luego otro juez ordenó prisión sin derecho a fianza para evitar que el acusado alterara la continuidad de las investigaciones. Ahora comparte celdas con personas que pudieron haber sido sus compañeros en la escuela, pero que jamás se habría cruzado en los años recientes, cuando él era ya un magnate que solo se rozaba con los herederos de las burguesías tradicionales o con los nuevos ricos desarrollados alrededor de las inversiones extranjeras que han reconvertido la economía de Costa Rica en este siglo.

El caso policial trajo sorpresa en los círculos empresariales. Carlos Cerdas no era el mejor representante de las élites dominantes en Costa Rica, pero se había colado en sus círculos y había ido ganando influencia política. No habla sus idiomas ni tiene lazos genealógicos con ellos, pero sí comparte sus números y la multiplicación de los dólares le había acreditado licencia de hombre poderoso. Finalmente aparecía como miembro y donante de una organización llamada Horizonte Positivo que los propietarios más fuertes crearon en 2012 para incidir en la política, ahora reconfigurada, de maneras distintas a las tradicionales de las cámaras empresariales y sectoriales donde abundan los gerentes.

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Al mismo tiempo, sin embargo, Cerdas era visto como un advenedizo en las élites y, como tal, un sujeto vulnerable. Sus viajes entre Colombia y Estados Unidos en avión privado, sus amistades y sus espacios de ocio no bastaban. Las operaciones multimillonarias dependían de un solo cliente, el Estado, y eso tampoco está bien visto entre hombres de negocios. En algunos sectores poderosos quedó la sensación de que la caída por vías judiciales era algo fácil de pronosticar, una sorpresa a medias a pesar del andamiaje legal que rodeaba a MECO. “Eso a los Arias no les hubiera pasado”, dijo un banquero entrevistado para este trabajo, en alusión a la familia de Óscar Arias, dos veces presidente de Costa Rica y representante de los herederos del desarrollo cafetalero del siglo XIX.

Previsible o no, la detonación del caso Cochinilla era una sacudida más en las cimas del pequeño y tranquilo país centroamericano. Un recordatorio de que la institucionalidad pública existe; con sus trillos y sus trampas, con ejércitos de bufetes privados que un día inciden en la construcción de las leyes y al día siguiente trabajan para sortearlas. Con sus sesgos que hacen a las cárceles llenarse de gente pobre y que numerosos casos grandes se diluyan antes de llegar a sentencia, pero el Poder Judicial de Costa Rica conserva una fuerza suficiente para llegar de repente y destapar una red corrupta de muchos años. De poco sirvió a MECO tener entre sus principales abogados al esposo de la Fiscal General, Emilia Navas, que semanas después dejó su cargo ante cuestionamientos de la Corte Suprema por el manejo de este caso.

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Sortear al Gobierno de Costa Rica

Las investigaciones siguen su curso, pero el expediente Cochinilla frenó totalmente las operaciones de MECO y puso cuesta arriba la promesa del gobierno de Carlos Alvarado de entregar en su despedida, en 2022, un país distinto en términos de infraestructura pública, pero además dejó un sabor agridulce en los grupos de mayor poder económico. Por un lado, ser multimillonario no es una condición que exima a alguien de ir a la cárcel, pero por otro hay una institucionalidad que funciona y eso repercute en la estabilidad política que, a su vez, es indispensable (aunque no suficiente) para atraer inversiones extranjeras y para la solvencia del clima de negocios. Es parte del Estado que ha alimentado las cuentas de un sector, que ha repartido la riqueza de manera menos ingrata que en otros países de América Latina y que al mismo tiempo es visto como una carga o un estorbo para el segmento que tiene todos los recursos para comprar en el mercado la seguridad, los servicios de salud y la educación de sus hijos dentro o fuera del país.

El momento tampoco es neutro. El remezón del caso Cochinilla llegó ocho meses antes de unas elecciones nacionales que se presentan como las más inciertas en la historia, con una inédita fragmentación partidaria producto de la erosión de las dos agrupaciones que se repartieron el poder durante la segunda mitad del siglo XX, e incluso del actual partido gobernante, que sufre de una alta impopularidad. La reconfiguración partidaria se acelera sin un rumbo claro y las élites se han quedado sin instrumentos certeros para ejercer influencia a la vieja usanza, describe el politólogo y sociólogo Constantino Urcuyo, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y exdiputado con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

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A Cerdas se le identificaba más cercano a algunos dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN), bandera protagonista de los tiempos del bipartidismo desde la Revolución de 1948, un movimiento armado que abrió las puertas del poder a nuevas clases más allá de los círculos dominantes de principios del siglo XX mediante el impulso al protagonismo del Estado en la economía. Elevó entonces a una nueva capa económica de la mano de diversas industrias, en el sector secundario por lo menos hasta la década de los 80, antes de la llegada de los años de crisis y de los nuevos modelos financieros que empujaron a Costa Rica a abrirse al comercio exterior y a la inversión extranjera. Empezó el arribo fuerte de transnacionales que aprovecharon el capital educativo costarricense para producir bajo modelos ventajosos y forjar una economía paralela que ahora crece en dos dígitos incluso en tiempos de pandemia; son las empresas de servicios o de manufactura sofisticada establecidas mayoritariamente en zonas exentas de impuestos y generadoras de la nueva generación de adinerados.

Es el grupo que puede ingresar más de 400 mil dólares anuales (frente al promedio de 12 mil per cápita) por ser alto cargo de una transnacional o en honorarios de servicios legales y que ahora integra al 5% más rico de la población. No son propietarios, sino apoderados en una suerte de economía de enclave que hace a algunos estudiosos sentirse tentados a compararlos con los jefes de la United Fruit Company, la compañía estadounidense que operaba a sus anchas un siglo atrás.

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Uno de los principales rostros políticos lo define así: “Ahora hay una élite profesional muy bien remunerada que vive fuera de la normalidad. Viven en residenciales muy exclusivos, tienen a sus hijos en colegios muy específicos o estudiando afuera. No utilizan los servicios de salud del país y para vacacionar van a Europa en el verano y a esquiar a Colorado en enero, o van a su segunda casa en los condominios junto a las de los extranjeros. Quizás son producto de un Estado social, pero hoy más bien lo ven como un estorbo. Y si ven condiciones que amenazan sus privilegios, no tienen problema en irse del país, porque seguro tienen sus ahorros en el extranjero o su casa en Estados Unidos”.

A diferencia de Cerdas y otros fuertes empresarios que han construido o engordado su fortuna vendiendo servicios o bienes al Estado, o que se han financiado con el poderoso sistema de banca estatal, este grupo más globalizado tiene poco o nulo interés en la política, una muestra más de la distancia con lo público a grado supremo. David Díaz, director del Centro de Investigaciones Históricas de la UCR, señala que estos grupos ya no aspiran a educarse en Europa o hablar francés, como los tradicionales, sino que persiguen vivir como los millonarios famosos de Estados Unidos. Están desdibujados en términos culturales y no ven problema en concentrar poder en exceso o destruir la obra institucional y afectar al sistema político. Al fin y al cabo, entre los retratos de beneméritos o benefactores no están sus abuelos.

En las galerías históricas tampoco están los ancestros de Cerdas y otros empresarios que también se han enriquecido alimentando el aparato público, que consume en volúmenes proporcionales a los de los países ricos. Estos, sin embargo, deben saber transar con quien gobierna sin importar qué bandera traiga, como demostró el dueño de MECO al impulsar con éxito sus negocios, mientras pudo, a través de gobiernos de tres partidos políticos distintos y de ayuntamientos de cualquier color.

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Lo suyo está lejos de ser exclusivo. Lo muestra también la empresa Purdy Motor, concesionaria en Costa Rica de los vehículos marca Toyota, que en este país abundan en todas las instituciones públicas, aunque logró colocarse también en México y Texas en años recientes y aspiraba a vender 70.000 unidades nuevas antes de la pandemia. El nombre de Javier Quirós, presidente corporativo e hijo del fundador de la compañía, es uno de los nombres frecuentes en las conversaciones informales en este 2021 sobre financiamiento de campañas electorales, junto con otros nombres que han sabido manejarse con bajo perfil.

Quirós, sin embargo, es solo un ejemplo de los adinerados que supieron aprovechar la herencia y una relación vigorosa con el Estado más operaciones exitosas en la oferta privada, y que se encuentran apegados al entorno local y, por tanto, con interés en participar en las tareas de influencia, a veces incluso de manera directa. Forma parte de los asociados a Horizonte Positivo, la organización que hasta 2018 era presidida por un empresario rico llamado André Garnier, quien tomó el cargo en el Gobierno como enlace con el sector privado, merced a una relación de confianza especial con el presidente Alvarado. Este hombre pequeño y callado, de muy poca presencia pública, ponía en pausa el manejo de sus negocios en el sector de zonas francas (donde están instaladas las compañías más dinámicas) y en el turismo, para ocupar funciones que solo permitieron conectar a la Administración con una parte del empresariado. Las cámaras empresariales están entre las voces críticas contra el gobierno de Alvarado, por sus intentos de elevar la recaudación de impuestos para estabilizar las finanzas, aunque en la realidad las propuestas han sido limitadas y es parte de lo que le cobran otros sectores sociales.

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De formas sutiles pero profundas, como dice un expresidente, Horizonte Positivo tuvo entrada directa a las discusiones de Gobierno mientras las asociaciones patronales mostraban más recelo con las políticas del presidente Alvarado en el manejo de la crisis fiscal y de las contingencias de la pandemia. El grupo firmó alianzas formales con la Administración y en lo informal se constituyó en una fuerza de apoyo para el gobierno, duramente criticado por la central de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), a pesar de conflictos internos derivados de la fragmentación de poder y del debilitamiento de liderazgos, que también alcanza a la clase empresarial.

“Horizonte Positivo ha sido un dulce salvavidas para el gobierno de Alvarado”, dice un abogado y estudioso de los movimientos de poder. “Ha sido el patrón de un presidente que se ha comportado como gerente”, dice un reconocido dirigente del movimiento sindical, desde donde se achaca al mandatario haber impulsado soluciones fiscales con medidas que eximen de esfuerzo a la clase empresariales y que lo cargan sobre las espaldas de las clases profesionales del sector público o privado y los trabajadores de estratos medios.

“Esto ocurre porque la clase empresarial se quedó sin los canales que tenía. Perdieron la hegemonía y la capacidad de dirigir en un sentido u otro. Se diversificaron y tienen intereses dispersos o en algunos casos hasta contradictorios. Por supuesto que tienen poder de influencia aún, pero es más limitado y complicado”, describe el profesor Urcuyo. Formas como la asociación Horizonte Positivo son un esfuerzo por encontrar nuevos caminos desde el seno del Estado, sabiendo que es alto el riesgo de hacer apuestas electorales por la creciente volatilidad partidaria.

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*Ilustración: Mario Trigo