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'Big Food' en México: a la sombra del conflicto de interés
En México, empresas alimenticias financian investigaciones que concluyen, por ejemplo, que “no hay evidencia de que los edulcorantes hagan daño intestinal”. El manual de las empresas dañinas se aplica en el país de manera sutil y en muchas ocasiones pasa inadvertido
Por Pie de Página @
02 de diciembre, 2021
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Marcela Martínez Rodríguez, Manuel Lino

A finales de 2019, investigadores mexicanos, encabezados por Nallely Bueno Hernández, publicaron el artículo “Revisión de la evidencia científica y opinión técnica sobre el consumo de edulcorantes no calóricos en enfermedades gastrointestinales”. La investigación fue financiada por Coca Cola y 14 de los 17 autores manifestaron tener algún tipo de conflicto de interés, pues suelen ser conferencistas para diversas compañías, sobre todo farmacéuticas pero también algunas relacionadas con la industria alimentaria.

La publicación en la Revista de Gastroenterología de México, que no tiene revisión por pares y cuyo factor de impacto es de 0.5, concluye que no hay evidencia suficiente para saber si los edulcorantes generan enfermedades gastrointestinales y que hay que hacer más investigación.

Al comparar esta revisión con la que publicaron en febrero del mismo año cuatro autores de la Universidad de Granada y del Instituto de Salud Carlos III en España, se notan grandes diferencias:

  • que este otro reporte fue publicado en Advances in Nutrition, una revista con revisión por pares y con un factor de impacto de 7.26;
  • que no fue hecho por médicos practicantes que trabajan con frecuencia para compañías privadas sino por investigadores universitarios, quienes manifestaron no tener conflictos de interés;
  • además, esta revisión bibliográfica no tuvo financiamiento pues formó parte de las actividades cubiertas por el salario de los investigadores.

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Ambos reportes señalan que actualmente el principal motivo de preocupación sobre los edulcorantes no es la posibilidad de que causen enfermedades gastrointestinales, sino las alteraciones que puedan ocasionar en el microbioma intestinal o disbiosis, tema sobre el cual existen pocos estudios clínicos en seres humanos. Además, hay evidencias de que el mero sabor dulce de los edulcorantes no calóricos puede hacer que algunas personas liberen insulina y por lo tanto podrían actuar como disparadores de la resistencia a esta hormona que caracteriza a la diabetes tipo 2.  En la manera como abordan esta falta de información y las conclusiones que derivan de los datos que sí están disponibles, hay otras diferencias relevantes entre los dos textos.

En el análisis de los científicos españoles, encabezados por Francisco Javier Ruiz-Ojeda, se menciona, por ejemplo, que uno de los pocos estudios con humanos (de Suez y colaboradores de 2014) encontró “modificaciones en la microbiota intestinal después de la administración de algunos edulcorantes [especialmente edulcorantes artificiales no calóricos (NAS)]”. Si bien señalan que existe una controversia con respecto a este estudio por cuestiones metodológicas, agregan que “el mensaje simple de este estudio es que las alternativas de azúcar en la dieta destinadas a evitar el riesgo de obesidad y diabetes podrían aumentar el riesgo de esas enfermedades”.

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En cambio, en el estudio de los mexicanos aunque se menciona el estudio clínico de Suez, se hace sólo para aclarar que las mediciones de la microbiota se realizaron a través del microbioma (es decir, de los genomas de los múltiples organismos que componen la microbiota); sin embargo, de los datos obtenidos en el estudio y sus conclusiones no se hace mención alguna.

En las conclusiones del estudio de la Universidad de Granada se lee que “la sacarina y la sucralosa modifican las poblaciones de la microbiota intestinal” y que “la ingestión de sacarina por animales y humanos mostró alteraciones en las vías metabólicas relacionadas con la tolerancia a la glucosa”. En las conclusiones de los médicos mexicanos sólo dice que “estudios en modelos experimentales muestran cambios en la composición de la microbiota intestinal asociados a la ingestión de ENC”, sin aclarar que entre esos “modelos experimentales” hay resultados con humanos y sin nombrar ninguna sustancias en particular.

Con motivo de un posible desabasto debido a la pandemia de Covid-19, en febrero de 2020 se dio a conocer que los principales edulcorantes artificiales que Coca-Cola utiliza en sus productos incluyen, justamente, la sucralosa y la sacarina; además de los también cuestionados acesulfamo de potasio y aspartame (también se mencionan el ciclamato y glicósidos de esteviol, que no han sido cuestionados).

Ambos estudios mencionan que el consumo de acesulfamo de potasio perturbó la microbiota intestinal de ratones y que los ratones tratados con aspartame desarrollaron intolerancia a la glucosa, pero solo el encabezado por Ruiz Ojeda hace énfasis en que podrían tener los mismos efectos en humanos.

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Big Food y su contexto, “un verdadero lío”

El caso de la revisión bibliográfica realizada por el equipo de Bueno Hernández es uno de los alrededor de 50 que analizamos en México en los que las opiniones de expertos se alinean de una forma u otra con los argumentos que usa la gran industria de alimentos. La gran mayoría de los expertos en nuestra investigación sistemática sobre múltiples casos en los que parece haber conflicto de interés se opuso activamente a la medida del etiquetado frontal de advertencia en alimentos que fue aprobada el 22 de octubre de 2019 en México. Esa medida advierte si el alimento es alto en calorías, grasas saturadas, azúcares, sodio y si tiene edulcorantes y por lo tanto no es recomendable para niños.

El pasado julio de 2021 se publicó el reporte de una investigación, encabezada por Laura A. Schimdt de la Universidad de California en San Francisco (USCF), que demuestra que la industria de alimentos y bebidas, en especial Coca Cola, pagó a científicos mexicanos para que produjeran investigaciones que sugirieran, por un lado, que el impuesto que se puso a las bebidas azucaradas en México en 2014 no consiguió aportar beneficios para la salud de la población y, por otro lado, que perjudicó a la economía del país. Esos estudios hechos “a modo” y poco rigurosos se difundieron antes de que los estudios independientes y rigurosos sobre el impuesto pudieran publicarse en revistas revisadas por pares.

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La investigación de Schmidt y colaboradores, publicada en The BMJ Public Health, señala que México es el mercado de refrescos más grande del mundo, entre otros alimentos altos en azúcar, y tiene altas tasas de obesidad y diabetes tipo 2, mismas que condujeron a que los legisladores mexicanos implementaran el que fue uno de los primeros impuestos de salud pública del mundo sobre las bebidas azucaradas. Esto explica el interés de la industria que usualmente se conoce como Big Food por dar a conocer el supuesto fracaso de la medida.

“Nuestra revisión de la literatura encontró que los estudios financiados por la industria utilizaron rutinariamente estrategias discursivas para restar importancia a la efectividad de la política de impuestos a las bebidas gaseosas en México”, escriben los autores de la USCF, la Universidad de Nevada, del Trinity College y la World Public Health Nutrition Association, quienes se basaron en el Archivo de Documentos de la Industria Alimentaria de la UCSF. Este archivo fue creado a raíz de que, en mayo de 1994, una fuente anónima dejó una caja con 4,000 páginas de documentos internos de la industria del tabaco en la oficina del profesor Stanton Glantz en la UCSF.

En esta documentación, que se conocería como los Cigarette Papers, está la base del “manual de instrucciones” que han tenido las grandes industrias desde que éste fue desarrollado a mediados del siglo pasado desde que en diciembre de 1953 se reunieron representantes de la industria tabacalera y la agencia de publicidad Hill & Knowlton.

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Las tabacaleras en aquel entonces querían evadir, o al menos minimizar, el impacto de los estudios científicos que indicaban que fumar aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón. El manual que hicieron con este fin ha sido aplicado también con éxito por industrias como la de extracción de hidrocarburos y, por supuesto, la Big Food. De hecho, a finales de 2016 el mismo Glantz y sus colaboradores expusieron que la Fundación de Investigación del Azúcar (SRF, por sus iniciales en inglés, conocida actualmente como la Asociación del Azúcar) patrocinó en los años 60 y 70 investigaciones que minimizaran el impacto negativo del azúcar en la salud.

Una de esas investigaciones fue un meta-estudio realizado por tres científicos de la Universidad de Harvard, que recibieron por ello unos $50,000 dólares actuales y que destacó a la grasa y al colesterol como las causas dietéticas de los males cardíacos y minimizó la evidencia de que el consumo de sacarosa también era un factor de riesgo. La revisión se publicó en 1965 en la revista New England Journal of Medicine sin revelar sus fuentes de financiamiento ni sus conflictos de interés y tuvo un gran impacto. De acuerdo con Schmidt y colaboradores, en México se intentó algo similar con los estudios sobre el impuesto a las bebidas azucaradas.

En septiembre de 2015, “la sucursal mexicana del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI México), un grupo de fachada científica financiado por Coca-Cola en ese momento, patrocinó el simposio nacional llamado “Evidencia actual en edulcorantes y salud”. El copatrocinador fue el Rippe Lifestyle Institute, “que brinda servicios de investigación a empresas de bebidas, incluidas Coca-Cola y PepsiCo”, de acuerdo con Schmidt y sus coautores, cuya investigación reveló correos electrónicos privados de James Rippe, fundador del Instituto, quien buscó reclutar científicos para que presentaran sus investigaciones en el simposio, “prometiéndoles ‘un modesto honorario si decide enviar su presentación a una de las revistas de la ASN (Sociedad Estadounidense de Nutrición) u otra revista académica’”.

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En el simposio, algunos oradores “argumentaron que ‘el azúcar no es el enemigo, el problema son las calorías’, y cuestionaron si México estaba tasando el grupo correcto de alimentos y si su intención es frenar la obesidad’”. En la sesión plenaria, Rippe afirmó que “gravar las bebidas azucaradas no reducirá el consumo y no hará nada significativo para la obesidad y la diabetes».

En una nota publicada por la Federación Mexicana de Diabetes, a cargo de Gisela Ayala (quien se encuentra en nuestra lista), señala que Rippe, además, “afirmó que no hay evidencia concluyente en el sentido de que el consumo de edulcorantes esté vinculado a las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo, seguidas por el cáncer y los accidentes”, y lo citó como si fuera parte de las “conclusiones” del simposio.

Sin embargo, el simposio fue criticado en la prensa porque se había reclutado científicos internacionales para “luchar contra el impuesto”, lo que eventualmente condujo a que ILSI International suspendiera a ILSI México para limpiar su imagen.

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En un correo electrónico privado, Alex Malaspina, ex ejecutivo de Coca-Cola y director de ILSI International, describió la situación a James Hill, un científico de la Universidad de Colorado financiado por Coca-Cola, como “Un verdadero lío” (a real mess).

Fue hasta enero de 2016 que se publicó el primer estudio empírico en una revista revisada por pares (The BMJ) que evaluaba el impuesto a las bebidas gaseosas en México. La industria respondió en marzo de 2016 con otro simposio con científicos financiados por las industrias mexicana, estadounidense y canadiense que presentaban sus hallazgos: que los impuestos a las bebidas gaseosas no logran impactar en los niveles de obesidad.

 

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*Foto de portada: Michael Morse | Pexels

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