A poco más de un mes de haber entrado en funciones, la LXI legislatura del congreso poblano recibió una iniciativa del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, con la que se busca impedir que las personas que hayan iniciado un procedimiento judicial, de cualquier naturaleza, en contra del gobierno del estado puedan trabajar en la burocracia poblana.
La iniciativa prendió alertas entre académicos y activistas de los derechos humanos que calificaron de inconstitucional y violatoria de derechos la propuesta del gobernador.
Simón Hernández León, Maestro en Derechos Humanos por la Ibero Puebla, sostuvo que se trata de una medida no taxativa y desproporcionada, al ser entrevistado por LADO B, ya que prácticamente puede limitar de su derecho al empleo a cualquier persona que promueva cualquier tipo de controversia judicial contra el gobierno del estado; es decir, una incapacidad, pensión, viudez, afectación por un bache, un escalafón, un reclamo de utilidades, inscripción tardía al seguro social, demanda por incompetencia institucional o hasta un despido injustificado podrán ser motivos de inhabilitación al servicio público.
Sin embargo, pese a ser una reforma a leyes laborales, la actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la diputada Nora Merino Escamilla, no contempló a la comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, para el estudio de este planteamiento timbrado por el Gobierno de Puebla.
Por ello el diputado panista Rafael Micalco, presidente de la comisión señalada, acusó a la petista y a la Mesa Directiva en general de manejar políticamente las iniciativas del gobernador Barbosa.
Es inconstitucional e inviable
El documento enviado por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, busca que se modifiquen artículos en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 9, y el 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, respectivamente.
Con las reformas propuestas se catalogaría como “fraude” el derecho ciudadano a ejercer acción jurídica contra cualquier entidad pública estatal. Incluso, en la argumentación de la propuesta se afirma que se busca “exaltar en los servidores públicos una conducta de honradez” al prohibir la contratación de personas que hayan demandado al gobierno del estado.
En su justificación también dice el documento enviado por el mandatario estatal, y que aún está sujeto a aprobación, se logrará salvaguardar el patrimonio del erario, impidiendo que las personas obtengan un doble beneficio compensatorio.
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Al revisar la propuesta Hernández León, académico de la Ibero, detectó que la iniciativa contraviene por lo menos dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Carta Magna establece en su artículo 5 que no se impedirá el derecho al trabajo, y este solo podrá vedarse por mandato judicial: “Lo que [tenemos] aquí es una restricción legislativa que impide la contratación y que afecta ese derecho al trabajo (…) como si fuera consecuencia de una decisión judicial, sin que esta exista”, sentencia el litigante. Por su parte, se infringe el artículo 1 al tratarse de una medida excluyente por el simple hecho de ejercer una acción legal.
La disposición de la OIT también contempla la accesibilidad al empleo y condena los mecanismos que segreguen a las y los trabajadores para desempeñar un puesto por cualquier razón que no sea meramente una cualidad de aptitudes o conocimientos propios de la ocupación.
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Otra de las voces que externó rechazo a la propuesta gubernamental, fue la del activista Luis Soriano Peregrina, de la organización Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, quien al ser entrevistado el pasado jueves 28 de octubre dijo a La Jornada de Oriente, que se trata de una medida que vulnera también el derecho a la justicia.
Y externó preocupación ante el hecho de que se esté respaldando una iniciativa con estas características de inconstitucionalidad desde Casa Aguayo: “Yo no sé si tiene claro y (…) realmente le lograron explicar al (…) gobernador Barbosa sobre esta situación. (…) Pareciera que quien le hizo esto, (…) es uno de los principales enemigos del gobernador”, mencionó en entrevista.
Pese a ser un asunto laboral, se turnó a Comisión de Presupuesto
Comisión de Presupuesto y Crédito Público./ Foto: @CongresoPue | Twitter
Fue durante la sesión pública ordinaria del 13 de octubre, que la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada Nora Merino Escamilla, designó a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público como responsable de su estudio correspondiente, mientras que la Comisión de Trabajo fue excluida.
Se trata de la primera iniciativa que recibió la mencionada comisión, tan solo horas después de haber iniciado funciones.
Este órgano colegiado de mayoría morenista es presidido por Fernando Sánchez Sasia (Morena) y conformado por: Charbel Jorge Estefan Chidiac (PRI), Nora Yessica Merino Escamilla (PT-Morena), Tonantzin Fernández Díaz (Morena), Roberto Solís Valles (Morena), Karla Rodríguez Palacios (PAN) y Nancy Jiménez Morales (PAN).
LADO B contactó al morenista Sánchez Sasia, para conocer su opinión sobre la iniciativa, pero este argumentó que debido a la reciente instalación de la comisión que preside, el documento enviado por el Ejecutivo estatal al Congreso no ha podido ser analizado. Por ello, indicó que esperará a que se realice un primer análisis antes de emitir un juicio, aunque no especificó cuándo será.
Cuestionado sobre los señalamientos que han vertido académicos y activistas, Sánchez Sasia solo dijo que de ser ilegal, esta sería desechada o modificada antes de presentar un dictamen.
Aún así, el congresista determinó que la iniciativa busca esencialmente, “erradicar (…) [los] vicios de antaño donde había una afectación patrimonial para el Estado. Y (…) que se pueda alinear (…) la conducta y la honradez que tengan [las y] los servidores públicos del estado”.
Oposición responde
El panista Rafael Micalco Méndez, presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso de Puebla, declaró a LADO B que las iniciativas están siendo turnadas a comisiones, conforme a la ideología partidista o política de la mesa directiva: “Pareciera que es un tema que se turna a comisión (…) en donde pudiera existir cierta afinidad política, más allá de la misma naturaleza de la iniciativa”, denuncia el legislador.
“La iniciativa pudiera ser violatoria de derechos, ya no digas de [las y] los trabajadores del Estado, de las personas, trabajadoras o no. La iniciativa no me convence. Estaríamos vulnerando derechos de ciudadanos [y ciudadanas], si es que queda en los términos en los que está planteada”, dijo y adelantó que votará en contra del dictamen de esta propuesta.
Al ser cuestionado sobre si existe autonomía entre el Legislativo y el Ejecutivo estatal, el diputado del PAN percibe que no ha sido respetada la división de poderes: “Por lo que vimos hasta el día de hoy pareciera que no. Vamos a ver en próximas fechas a ver qué tanta independencia hay de un poder del otro”.
Manifestó además que, aunque respeta al gobernador y su derecho para emitir iniciativas, el Congreso también posee la libertad de aceptar, rechazar o modificar iniciativas en función de su viabilidad legal, en lugar de la política.
Aseguró que, aunque espera recibir el apoyo de su bancada después del pronunciamiento que emitirá próximamente ante la tribuna parlamentaria en el que se denunciará la inconstitucionalidad de la propuesta, y sostendrá su descontento ante esta iniciativa del mandatario poblano siempre y cuando no se realicé un análisis a profundidad, que pueda dar pie a una modificación con adecuaciones dentro del marco legal.
Alta incidencia del Congreso poblano en iniciativas inconstitucionales
Foto: congresopuebla.gob.mx
Si la propuesta es aprobada como viene y sin modificaciones, advierte Hernández León, podrían desencadenarse una ola de amparos y recursos de inconstitucionalidad ante los órganos jurisdiccionales.
Una situación que no es nueva para las legislaturas con mayoría morenista en Puebla. La actual legislatura heredó veinte recursos de inconstitucionalidad de sus predecesores, todos promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de los cuales, ninguno ha obtenido un fallo a favor del organismo parlamentario.
El más reciente caso fue interpuesto por la CNDH el pasado 4 de octubre de 2021. Bajo el expediente 145/2021, se busca invalidar los fragmentos de los artículos 28 y 51 de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (que entró en vigor el 2 de septiembre de 2021), los cuales establecen que cualquier persona que haya sido inhabilitada del servicio público debido a una falta penal o administrativa, no podrá ostentar el cargo de titular de la Comisión de Búsqueda estatal; ya que es considerada como una medida estigmatizante que vulnera los derechos constitucionales de igualdad, trabajo y acceso a un cargo público.
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Para el académico Hernández León, el Congreso mantiene una obediencia leal al Ejecutivo estatal, una práctica que se vive desde los gobiernos priistas que se mantuvo con el panista Rafael Moreno Valle y esta se reforzó ante la entrada de Barbosa Huerta al poder: “[El congreso se ha vuelto] prácticamente la oficialía de trámite de las iniciativas del gobernador”, señala.
Aunque tanto el gobernador, como la mayoría de las y los diputados fueron elegidos a través de un mecanismo de sufragio, la falta de un disenso crítico a la evidente cercanía entre poderes podría contravenir estos principios democráticos: “Hay un deficiente trabajo legislativo (…) Se pierde ese bono democrático que se obtiene con el voto mayoritario, cuando no se actúa como poder independiente, sino como poder subordinado al gobierno del estado”, declara.
“La falta de independencia y la división de poderes de un Congreso que ha sido muy deferente en aprobar, prácticamente en automático y sin mayor discusión, las iniciativas del gobierno del estado”, son señales de alerta que deberían propiciar un mayor escrutinio ciudadano, para vigilar la soberanía y la división de poderes, puntualiza.
El artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, establece que una vez que una iniciativa es turnada a comisión o comisiones unidas, éstas tienen un máximo de ciento ochenta días naturales para aprobarlas o desecharlas, según sea el caso.
No obstante, el coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, Roberto Alonso Muñoz, dijo a LADO B que la presente iniciativa podría ser tratada con cierta prioridad, tal como ha sucedido en legislaturas pasadas, en las que se privilegia la línea dictada desde el gobierno estatal.
*Foto de portada: @MBarbosaMX | Twitter
Acá la iniciativa:
EL PEPO
