Cuando vemos al gobernador Miguel Barbosa Huerta destituir y acusar a funcionarios y exfuncionarios acusados de presuntos actos de corrupción, podría pensarse que la lucha contra dicho delito en Puebla está orientada; no obstante, esto solo indica que se atiende el síntoma y no el origen real del fenómeno, apunta Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla.

Así, a tres años del inicio del gobierno de Barbosa Huerta, no se ha visto todavía una política articulada contra la corrupción; en cambio, los esfuerzos que parecieran guiar la lucha del Estado poblano contra la corrupción, se quedan únicamente en el paradigma de lo narrativo: “se ha convertido en un relato”, advierte el académico. 

El también Maestro en Políticas Públicas por la Ibero Puebla señaló en entrevista para LADO B que, desde que Miguel Barbosa llegó a Casa Aguayo, se inició una campaña dirigida a desconocer los esfuerzos institucionales para erradicar la corrupción, y descalificar organismos como el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por el simple hecho de haberse creado en años previos a su llegada al poder.

Y aunque el mandatario pudo contribuir al fortalecimiento de instituciones como el SEA, desistió y en su lugar emprendió una persecución en contra de sus integrantes, poniéndolos en el banquillo de los acusados, “declarándoles la guerra”, refiere.

Injerencia de Barbosa en designaciones es cuestionable

Foto: @MBarbosaMX | Twitter

Es importante que entendamos que no solo se incurre en actos de corrupción cuando hay recursos económicos de por medio, insiste el Maestro en Políticas Públicas, también sucede cuando los gobiernos se apoderan de las instituciones y definen a conveniencia los instrumentos en las designaciones de puestos importantes al interior de los organismos que deben ser autónomos y ajenos al poder. 

En Puebla reina todavía la obsesión del Ejecutivo por seguir influyendo en los nombramientos de los perfiles al frente de organismos como el SEA, el Itaipue, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). Por ejemplo, “el auditor [Francisco Romero Serrano] fue producto de la imposición de un perfil que no era idóneo y lo mismo pasó en la CDH”, acusa Alonso Muñoz. 

En ese sentido, insiste en que organismos como el propio SEA, y el Instituto de Acceso de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla (Itaipue), por mencionar algunos, son resultado de la voluntad para servir al bien común y no a un partido o proyecto político específico.

“Las instituciones están debilitadas desde su origen, y [se mantiene] la lógica de la captura [institucional] que responden a los intereses [del gobernador] y no a los intereses públicos”, agrega.

En ese tenor, insiste en que en aras de salir de ese dominio institucional, todas las designaciones deben ser autónomas, fundadas, transparentes, con apego a la ley y participativas, evitando a toda costa caer en procesos opacos.

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Por su parte, Enrique Cárdenas Sánchez, Doctor en Economía por la Universidad de Yale, declaró a LADO B que el gobernador Miguel Barbosa carece de voluntad política para erradicar la corrupción y la impunidad en Puebla; por ello, calificó la estrategia estatal anticorrupción como una simulación y acusó al Gobierno de Puebla de querer mantener a la ciudadanía lejos de estos esfuerzos institucionales, tal como sucedía con los gobiernos anteriores que el mismo Barbosa Huerta ha criticado, insiste.

Sobre la ASE, refirió que aunque esta pertenece al poder Legislativo, por la cercanía del gobernador en la designación de Romero Serrano, da más bien la impresión de ser un brazo del Ejecutivo; lo mismo ocurre con el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva del SEA,  denuncia.

Corrupción provoca debilidad institucional

Foto: Auditoría Puebla | Facebook

El Comité Coordinador Estatal del SEA se conforma por ocho partes, entre las que se incluyen una presidencia y una secretaría técnica, y por las y los titulares de la ASE, el Itaipue, la Fiscalía estatal Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública estatal, la Contraloría del Poder Judicial (quien a su vez representa al Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla) y del Tribunal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con Cárdenas Sánchez, el gobernador Miguel Barbosa no cesa en su lucha por demeritar y debilitar al SEA —organismo enfocado en generar y vigilar el cumplimiento de las políticas anticorrupción en Puebla—, a través de la cooptación de sus órganos colegiados, con la intención de privarle de realizar sus funciones y cumplir con su mandato institucional.

La falta de coordinación entre todos los cuerpos colegiados del SEA y el gobierno estatal sólo abona a ese debilitamiento institucional que daña la lucha contra la corrupción, señala Cárdenas. La cordialidad entre el CEPC y Barbosa Huerta, se rompió apenas meses después de que el mandatario entró en funciones.

De acuerdo con una entrevista que José Alejandro Guillén Reyes, miembro del CEPC, dio al portal e-consulta en 2021, la relación de cordialidad entre el SEA y el gobierno estatal se rompió poco después de que Barbosa tomó la decisión de destituir a Karla Berlanga Valdés como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y sustituyó su perfil con el de Laura Olivia Villaseñor Rosales.

Según Guillén Reyes, después de ese cambio en el gabinete estatal, el CEPC planeaba enmarcar en su informe anual una recomendación que el organismo autónomo dirigiría a Villaseñor Rosales, invitándole a participar en el trabajo conjunto para generar políticas de gobierno abierto.

El funcionario relató a ese portal de noticias que aquel párrafo que inició la rivalidad, fue únicamente un borrador, pues el CEPC, presidido en aquel entonces por Catalina Aguilar Oropeza optó por suprimir la parte en la que se hacía mención de dicha recomendación, en la versión final del informe de 2020.

A partir de ahí, la situación del organismo sólo empeoró, relató el comisionado. Como respuesta a ese suceso, el gobierno de Barbosa Huerta ordenó a través de la SFP estatal, la reducción de los salarios de las y los integrantes del órgano colegiado ciudadano. 

Considerando este hecho, el también ex candidato a la gubernatura del estado ve con preocupación que el mandatario poblano se involucre directamente en las designaciones y nombramientos de las y los integrantes del comité coordinador del SEA. Y por si fuera poco, Cárdenas Sánchez también denuncia que la Secretaría Ejecutiva del SEA –el principal órgano administrativo del instituto– se ha mantenido extremadamente dependiente del gobernador.

A propósito de ello, la ex secretaria ejecutiva del SEA, Claudette Hanan Zehenny, fue acusada por la ex presidenta del CEPC, María del Carmen Leyva Báthory, de obstaculizar los esfuerzos ciudadanos al interior del SEA, abonando al retroceso institucional en materia de anticorrupción, según se establece en el Informe Anual 2020-2021 firmado por Leyva Báthory.

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Hanan Zehenny hoy despacha como comisionada del Itaipue y lo hará por un periodo de seis años. Al respecto, Cárdenas Sánchez advierte que “no se puede esperar un trabajo en pro de la transparencia, cuando existen estos antecedentes”.

Aunque tardía, nueva política anticorrupción parece estar orientada: Roberto Alonso

Aún estando bajo captura, el SEA presentó la Política Estatal Anticorrupción, indica Roberto Alonso a LADO B. Este estatuto legal se publicó en el Diario Oficial del Estado, a finales de noviembre de 2021, y se enfoca en cinco ejes estratégicos: combatir la corrupción y la impunidad, combatir el abuso de poder, impulsar la transparencia y rendición de cuentas, involucrar a la ciudadanía y prevenir la corrupción.

Aún falta tiempo para conocer los resultados de esta nueva política en la vida pública estatal. Por ello, el académico de la Ibero Puebla, considera que esto es apenas un primer paso y “es un buen esfuerzo para corregir lo que no ha funcionado y para fortalecer lo que ha sido debilitado por esta misma administración”; insiste en que se trata de un mérito institucional y no de un movimiento o partido político.

Y aunque el académico se abstiene de emitir un juicio más allá del que la propia expectativa genera, insiste en que la única forma de evaluar este primer paso, será cuando se aplique esta normatividad, se evalúen sus resultados y posteriormente se corrija lo que se tenga que corregir y se mantenga lo que se tenga que mantener, declara.

Por último, declaró que aunque el gobernador persiga casos aislados de funcionarios y ex funcionarios, pero al mismo tiempo mantenga la captura de instituciones, si no se aplican adecuadamente los esfuerzos de la propia Política Estatal Anticorrupción, esto solo se queda como una narrativa vacía.

Falta coordinación en transparencia

Otro de los temas que parecen no ser prioritarios para el Gobierno de Puebla, es el de Transparencia y Acceso a la Información. De acuerdo con la coordinadora del Observatorio Con Los Ojos Abiertos, de la Ibero Puebla, Shanik Amira David George, el problema data desde que Miguel Barbosa tomó la decisión de desaparecer la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, transfiriendo sus atribuciones a la Secretaría de Administración estatal, apunta.

David George indica a LADO B que, aunque dicha coordinación tenía muchas carencias, este pudo haber sido el organismo clave que organizara esfuerzos para lograr que los sujetos obligados del gobierno estatal, cumpliesen con sus responsabilidades en temas de transparencia y acceso a la información y, por ende, se encaminara el acercamiento de este derecho a la ciudadanía.

Bien conformada, esa coordinación traería mejores resultados en la forma en cómo la información pública llega a la ciudadanía, insiste la también Maestra en Derechos Humanos. De seguir vigente, ese organismo especializado podría vigilar que los sujetos obligados se capaciten y que la información sea efectivamente publicada y accesible, sin tener que conformarse con los requisitos mínimos que establece la ley, agrega.

Y aunque la académica reconoce que los procesos de transparencia en la entidad mejoraron desde que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información estatal se homologó con la normatividad nacional, aún hay muchos esfuerzos por hacer para cumplir con los principios de transparencia activa —es decir, compartir información pública periódicamente—, los cuales, asegura, se han deteriorado especialmente durante la pandemia.

Uno de esos ejemplos, es la plataforma de Transparencia COVID-19 que lanzó el Gobierno de Puebla en 2020: “Si entras a la página, no hay contratos desde el segundo trimestre del año pasado, estamos ya en 2022”, denuncia con asombro.

Ante esa realidad, Shanik David reconoce que además de la transparencia activa, la coordinación de esfuerzos en temas de acceso a la información podría dar mejores resultados en temas de transparencia proactiva, es decir, compartir datos de interés público antes de que siquiera la ciudadanía los pida.

Estos esfuerzos se permean cuando, por ejemplo, el mandatario poblano es cuestionado sobre algún tema de interés público y, en lugar de contestar, él recomienda hacer solicitudes de transparencia: “Si hay un interés por saber esa información, pues en vez de que tengas que hacer una solicitud de información, deberían estar haciendo transparencia proactiva”, señala.

*Foto de portada: @MBarbosaMX | Twitter