Este viernes, en la sesión de Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos, se discutió y aprobó el dictamen de la ley local en materia de desaparición, después de más de un año de estar en la congeladora y una serie de movilizaciones de familiares del colectivo “Voz de los desaparecidos” que llegaron incluso hasta Palacio Nacional.

Sin embargo, el proyecto final tiene muchos huecos y deficiencias pues no recoge algunos de los puntos más importantes que plantearon las y los familiares en la propuesta de ley que construyeron junto con especialistas. Fue el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien envió una propuesta alterna, y aunque se supone que se integrarían ambas iniciativas, la de las familias quedó rezagada.

También puedes leer: Realizan mesa de trabajo sobre Ley de desaparición; instancias no leen propuesta

En entrevista para LADO B, Roberto Alonso, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática (OPSCD) de la Ibero Puebla, quien acompañó al colectivo durante todo el proceso de discusión y mesas de trabajo, dijo que en términos generales el documento final de la ley ignora las preocupaciones e inquietudes de las familias y minimiza sus demandas, “en algunos casos con argumentos muy debatibles y superficiales».

Entre las deficiencias que tiene el actual proyecto, el cual será votado durante la última semana de agosto en sesión extraordinaria, Alonso menciona, para empezar, el nombre de la ley. El que el nombre quede como Ley de Búsqueda del Estado de Puebla y no mencione a las personas desaparecidas, invisibiliza la propia problemática y a quienes se encuentran ausentes. 

Tampoco se definen las áreas de resguardo, las de deposición ilegal de cadáveres o restos humanos, ni los depósitos legales de personas fallecidas sin identificar e identificadas aún no restituidas o parte de ellas.

Además, la ley es excluyente porque no reconoce el régimen de sociedades de convivencia (sociedad voluntaria que se constituye entre dos personas, de diferente o el mismo sexo) como parte de la definición de familiares, solo toma en cuenta parentesco sanguíneo o cónyuges. 

Otras deficiencias son el que no se aumenta la participación de especialistas ni familiares en la conformación del Consejo Ciudadano de Búsqueda, ni tampoco se garantiza la participación de las familias en las acciones de búsqueda.

Tampoco se asegura que las familias participen en todas las etapas del proceso de designación de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Puebla. Además, quedan limitados sus derechos en cuanto a acceso a la información.

Uno de los puntos que destacó Alonso fue el que no se reconoce el derecho de las personas a recibir un trato digno ni a que sus usos y costumbres sean respetados para la localización y entrega de cadáveres y/o restos humanos.

La legislación tampoco contempla la creación del Fondo Estatal de Desaparición, una petición de las familias para que el 0.05 por ciento del presupuesto anual de la entidad se destinara a la búsqueda de personas desaparecidas, para así asegurar recursos para estas acciones.

El especialista concluyó que lo que se votó este viernes no es la iniciativa de las familias, sino la del gobernador con algunas puntualizaciones. Estas reservas se tomaron de la propuesta original construida por “Voz de los desaparecidos”, pero finalmente la ley que tendrá Puebla no recoge, en palabras de Alonso, “ni siquiera medianamente las exigencias del colectivo”. 

Un año sin ley

Foto: Marlene Martínez

El 20 de julio del 2020 el colectivo, junto con la diputada Estefanía Rodríguez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero Puebla, presentaron una propuesta de ley que construyeron durante meses, sumando la experiencia de las familias junto con el expertis de especialistas, además de tener observaciones de instancias internacionales como la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

También puedes leer: Familiares de personas desaparecidas en Puebla exigen a gobierno federal que intervenga

Pese al compromiso del entonces dirigente del Congreso, el diputado morenista Gabriel Biestro Medinilla, de aprobar el proyecto de ley creado de manera colectiva, la propuesta fue abandonada durante más de un año.

La falta de discusión de la ley y los retrasos por parte del Congreso hicieron que el colectivo “Voz de los desaparecidos” se movilizara e instalara un plantón afuera de la sede del Poder Legislativo el día de la última sesión ordinaria de la LX Legislatura, el 15 de julio.

De manera paralela a la discusión virtual del día de hoy, un grupo de familiares veía a través de una pantalla la sesión desde el plantón. Todas las personas involucradas en la construcción de la ley recibieron el proyecto final, integrado después de las mesas de trabajo, el jueves en la noche, menos de 12 horas antes de tener la discusión. 

También puedes leer: Con última sesión custodiada por policía, Congreso desdeña Ley de Desapariciones e ILE

Y de las ocho reservas presentadas por la diputada Estefanía Rodríguez durante la sesión de comisiones unidas de este viernes 20 de agosto, todas fueron desechadas casi por unanimidad. Las familias adelantaron a LADO B que preparan un posicionamiento desde el colectivo respecto a la resolución final de la ley.

Suscríbase al boletín COVID-19 de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.