Podrán decir misa las y los diputados de Puebla que hoy celebran y se ufanan con la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas, ellas y ellos que durante más de un año se negaron a revisar siquiera la iniciativa trabajada con las familias –con honrosas excepciones–. La ley aprobada el pasado martes 24 de agosto es resultado de la presión social y la movilización política, particularmente de las y los integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla.

Si bien se trata de un paso importante, en la dirección correcta, la LX Legislatura no supo estar a la altura. No supo legislar con las familias. No supo poner a las familias en el centro de la discusión. Pese a que las tenían afuera de sus instalaciones, no sólo no les incluyeron como era debido en el proceso, sino que tampoco les tuvieron presentes.

El dictamen aprobado por unanimidad es la iniciativa del gobernador con algunas incorporaciones que se introdujeron en la revisión de este proyecto, la minoría de las que se plantearon y se justificaron de conformidad con las inquietudes de las familias, las observaciones de organismos internacionales y buenas prácticas legislativas en otras entidades.

Como fue señalado por más de 70 organizaciones, colectivos y espacios académicos, la ley aprobada ni siquiera reconoce el problema en su nombre: Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Pero no sólo eso. No sujeta la actuación de las autoridades involucradas a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas; no garantiza la mayor protección respecto al derecho de participación de las familias en las acciones de búsqueda, en el proceso de designación de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, en la conformación del Consejo Ciudadano y en el catálogo de derechos que reconoce el proyecto; tampoco reconoce otros derechos básicos de las personas desaparecidas y sus familias; y no crea un fondo específico para combatir el fenómeno de la desaparición de personas.

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No son necedades ni asuntos accesorios. ¿Acaso acercarse a un problema no supone nombrarlo? ¿Resulta ocioso o innecesario mencionar que las autoridades del Sistema Estatal creado deba apegarse a estándares internacionales en materia de búsqueda? ¿Viola la técnica jurídica reconocer el derecho a la presunción de vida de las víctimas directas, o de recibir un trato digno y respetar los usos y costumbres a la hora de entregar cadáveres y restos humanos en el caso de las familias? ¿No estamos ante una tragedia de tal magnitud que obligue a garantizar una parte del presupuesto anual a enfrentarla?

Estas son sólo algunas de las preocupaciones y exigencias de las familias que fueron minimizadas por el Congreso de Puebla. Durante la sesión extraordinaria del 24 de agosto, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y principal impulsora de la iniciativa trabajada con las familias, presentó seis propuestas reformatorias en línea con lo planteado, siendo rechazadas todas por las y los mismos diputados que minutos antes afirmaban estar del lado de las familias y zanjar la deuda con ellas.

Una a una fueron desechadas y desestimadas las propuestas reformatorias, en algunos casos con conteos de votos forzados según pudo observarse en la transmisión en vivo –como si por momentos peligrara dejar intacto el dictamen aprobado e comisiones–. De ese calibre el compromiso manifestado por algunas y algunos diputados. Discursos huecos. “Se desecha y se mantiene el dictamen en los términos presentados”, repitió en seis ocasiones la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que condujo la sesión y el proceso de dictaminación con más resistencias que apertura.

En la sesión extraordinaria, fue la diputada Rocío García Olmedo –aliada también de las familias en el análisis y la discusión legislativa– quien en su intervención criticó la actuación del Congreso y denunció algunas carencias en el dictamen aprobado, poniendo de relieve que fue la iniciativa del gobernador la que puso a trabajar al Poder Legislativo, no la iniciativa original.

Recuperando los términos del dilema cifrado en este mismo espacio por Simón Hernández León, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, la LX Legislatura se despide como un congreso ensimismado, cerrado a las voces expertas nacionales e internacionales, de la academia y de las familias. Los insumos y las propuestas se pusieron sobre la mesa, pero hubo más oídos sordos que atentos.

Con más pendientes que este, la LXI Legislatura tendrá la responsabilidad de pasar de lo formal a lo sustantivo. Si esta legislatura cumplió, la que sigue podría hacer la diferencia con una le verdaderamente garantista, con las familias al centro.