La desaparición de personas no es una moda, una tendencia o un boom, es una tragedia, un delito de lesa humanidad. Con estas palabras, María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, se dirigió el pasado 16 de agosto a las y los diputados presentes en la reunión de comisiones unidas rumbo a la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas.

Oficialmente, en sesión de la Comisión Permanente, fue ese día que arribó al Congreso poblano la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla presentada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, turnándose para su revisión a las comisiones de Derechos Humanos y de Procuración y Administración de Justicia. De acuerdo con la ruta de trabajo definida para sacar este pendiente legislativo, ambas comisiones presentarán al pleno la siguiente semana un proyecto de dictamen a ser votado en periodo extraordinario, por lo que la Junta de Gobierno y Coordinación Política decidió abrir una mesa de trabajo con el colectivo y asesores que les hemos acompañado.

Sí, una sola mesa de trabajo. Para las y los diputados poblanos, poner a las familias al centro se ha reducido a escucharles, algo lejano a legislar conjuntamente, como inició y lo ameritaba este asunto. Y esto solo aplica a quienes participaron en la sesión de comisiones unidas, porque tres diputados y una diputada, cuatro de 11 en total, simplemente ignoraron la convocatoria.

Resulta paradójico que, en su exposición de motivos, la iniciativa del Ejecutivo estatal reconozca la relevancia de ponerles al centro. “Nos queda claro —puede leerse en la sección introductoria del proyecto oficial— que los familiares de personas desaparecidas son actores centrales y esenciales en toda acción o política en la materia. Su exigencia es legítima y su participación un derecho fundamental”. Es sorprendente porque esta iniciativa se trabajó de espaldas a las familias y fue presentada desconociendo el esfuerzo realizado por estas para armonizar el marco jurídico local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

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En este tenor, como si se tratara de una indisposición institucional, en el Congreso de Puebla limitaron su participación a un acto de escucha sin garantías de incidencia en el proyecto de dictamen. Ustedes hablen, envíen, reenvíen y esperen, así parece funcionar la simulación de una legislatura que pudo haber llegado a más.

Lo que no pueden argumentar las y los diputados es que no hubo tiempo suficiente o que faltaron propuestas. El mismo 16 de agosto, más de 60 organizaciones, espacios académicos y colectivos manifestamos nuestra preocupación en relación con 10 puntos preocupantes de la iniciativa del gobernador. Se trata de un proyecto con bondades, pero se queda corto en su glosario y limitado en sus alcances; debilita a los mecanismos institucionales para hacerle frente al fenómeno en el estado —el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y el Consejo Estatal Ciudadano—; no garantiza la participación de las familias ni algunos derechos de las víctimas directas e indirectas; contiene un apartado reducido de medidas de reparación integral y no considera la creación de un fondo independiente para las finalidades de búsqueda, identificación y derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

Con base en este análisis, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla, hicimos llegar a los correos de las y los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras un documento con 10 propuestas concretas para enriquecer el proyecto de dictamen, logrando así una ley progresista y de vanguardia. El desenlace es incierto.

No hemos sido los únicos. Lo mismo hicieron hace algunas semanas desde otro flanco de la sociedad civil organizada la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La falta de discusión de las propuestas y el desinterés manifiesto, sin embargo, revela la distancia de las y los legisladores con el tema, aun teniéndolo a unos metros de sus oficinas.

¿No se entiende lo que significa poner a las familias al centro?

Poner a las familias al centro significa preferir su experiencia, su conocimiento y su dolor. Significa subordinar la actuación institucional a sus derechos, sus preocupaciones y sus observaciones. Significa traducir su exigencia y su frustración en herramientas e instrumentos legales. Significa, por un momento, dejar de ser el centro y anteponerles a la hora de analizar, discutir y aprobar. Poner a las familias al centro significa legislar para ellas, no para sí.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández