Simón Hernández León* | @hele_simon

Esta semana se discutirá en el pleno del Congreso de Puebla el dictamen de la Ley de Personas Desaparecidas. Es un momento crucial para sentar las bases legales e institucionales que articulen los esfuerzos de búsqueda y localización de personas en la entidad y contar con los elementos mínimos de diseño y política para hacer frente a la grave crisis de desaparición de personas en la entidad. 

El dictamen que discutirá el pleno es una ley deseable pero no es el mejor diseño posible, ni representa la ley más garantista en el país. Deja fuera propuestas elaboradas por la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el Comité Internacional de la Cruz Roja, por mencionar algunas de las entidades que presentaron consideraciones técnicas al congreso en los últimos meses. Incluso, el proyecto no está dotado de la mayor legitimidad al dejar al margen exigencias de las familias del “Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla”.

No es irrelevante decir que son estas familias y el movimiento de víctimas quienes a lo largo de la última década han tenido que asumir el rol de las Fiscalías, de las Comisiones de Búsqueda, de los servicios forenses o de las policías. Mujeres y hombres empujados al activismo, al conocimiento forense, a la búsqueda en fosas, la investigación del delito, e incluso, a la elaboración de leyes. Fue el “Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla” quien elaboró, en conjunto con la Ibero Puebla y la diputada local Estefanía Rodríguez, una iniciativa que contenía las propuestas sobre la base de la experiencia, necesidades, elementos técnicos, de derechos humanos y una serie de propuestas novedosas y garantistas en materia de desaparición, búsqueda e identificación de personas. 

Entre otras propuestas descartadas en el dictamen final se encuentra la creación de un Fondo Estatal que algunos estados han creado como mecanismos de fortalecimiento para las tareas de búsqueda, identificación de personas y los derechos de las víctimas. El dictamen no garantiza el derecho de participación como un elemento transversal de las familias y colectivos: desde la participación y consenso de quien ocupe la Comisión Estatal de Búsqueda, la representación adecuada en el Consejo Ciudadano, o la participación en los grupos de búsqueda. 

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Tampoco incluye la propuesta sobre identificación humana mediante un proceso científico forense multidisciplinario (arqueología, antropología, odontología, medicina y genética), así como la obligación de la Fiscalía de emitir un dictamen multidisciplinario de identificación que establezca de forma precisa, verificable y objetiva las actuaciones realizadas y los resultados de cada disciplina. Por último, deja de lado definiciones como las áreas de resguardo o sobre fosas clandestinas, comunes, e individualizadas, la deposición ilegal de cadáveres, todas ellas necesarias para fortalecer el Registro Estatal de Fosas. 

La Legislatura tiene la oportunidad de incorporar las propuestas que harían de esta ley un producto de vanguardia y referente a nivel nacional, pero, sobre todo, tiene la responsabilidad de recuperar la experiencia y necesidades de las familias. El plantón a las afueras de un Congreso vacío de sus diputadas y diputados, a quienes no interpelan las voces de quienes han permanecido un mes exigiendo la aprobación de la ley representa esta falta de disposición institucional para considerar el sentir de las familias de las personas desaparecidas y a la ciudadanía a quienes están dirigidas las leyes. 

Hoy, debemos reconocer a las familias y al “Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla” que el Congreso haya decidido echar a andar el proceso legislativo. Su lucha y dedicación son las que inspiran a las organizaciones y a las entidades académicas a articular nuestros esfuerzos y capacidades para acompañarlas en la exigencia de la mejor ley posible y el día de mañana en su adecuada implementación. 

Si durante meses exigimos una #LeyDesapariciónPueblaYA, hoy decimos, #SinLasFamiliasNo. Es imprescindible que el Congreso que concluye sus funciones incorpore las observaciones que no son solamente viables, sino harían de esta legislación una de las más avanzadas en el país. Si la Legislatura se despide como un congreso receptivo, empático, partidario del parlamento abierto, con los más altos estándares de derechos humanos y con una capacidad técnica novedosa, de vanguardia y garantista, o como una legislatura ensimismada, cerrada a las voces expertas nacionales e internacionales, a la academia y a las familias, es una decisión que corresponde –y una responsabilidad que habrán de asumir– las y los diputados de la LX legislatura. 

La crisis de desaparición forzada en México reclama esfuerzos y acciones articuladas para enfrentar un fenómeno grave para el país cuya salida requerirá años de colaboración entre sociedad y gobierno, que solo podrá ser medianamente exitosa si coloca a las personas desaparecidas y a sus familias en el centro de las decisiones, de la política pública y del quehacer de las instituciones. Aún es tiempo, es la última llamada a la LX legislatura para poner a las familias en el centro. 

#LeyDesapariciónPueblaYA

#HastaEncontrarles 

* Simón Hernández León es coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón.

**Foto de portada: Olga Valeria Hernández