Wolf-Dieter Vogel

El Tribunal Superior Federal de Alemania (BGH) confirmó el pasado martes, 30 de marzo, la sentencia en contra de la fábrica de armas Heckler & Koch (HK) por la exportación ilegal de fusiles de asalto a México. El Tribunal más alto de este país desestimó la revisión del fallo que fue dictado en un juzgado de primera instancia en 2019. Eso significa que la empresa tiene que pagar más de tres millones de Euros de multa. Dos empleados de HK fueron sentenciados de manera condicionada de 17 a 22 meses de cárcel.

Según el fallo, en la aplicación de la ley para el control de armas de guerra las “constancias del usuario final” no son parte del procedimiento de autorización de la exportación de armas. Eso Sorprende, porque estos documentos siempre fueron presentados por autoridades alemanas como una garantía para que una exportación esté “limpia”, es decir: fue una confirmación de que la mercancía peligrosa no llegue a destinatarios no deseados.

Con la sentencia este concepto está fundamentalmente a disposición por falta de una base legal para controlarlo. Eso podría tener consecuencias graves para la industria de armamento alemán. “Con la sentencia del día de hoy se pone fin al sistema de control de / exportaciones de armas alemanas que se ha venido aplicando”, dijó el activista Jürgen Grässlin. “Los legisladores deben elaborar sin demora una ley que regule las exportaciones de armas, prohíba las actuales prácticas de exportación y, finalmente, tenga en cuenta los intereses de las víctimas de armas de fuego”.

El abogado Holger Rothbauer habló de un “terremoto político” y declaró, que un elemento central del sistema de control alemán de exportaciones de armas ha quedado reducido al absurdo.

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Todo inició hace 15 años. Entre 2006 y 2009 la empresa HK vendió casi 10 mil de sus fusiles G36 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con sus propias informaciones, la Secretaría mandó la mitad de estas armas a Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, aunque las autoridades alemanas explícitamente han excluido estos estados de sus permisos. Las directrices de la Unión Europea y de Alemania dictan que no se otorgue una autorización de exportación si existe el riesgo de violación a los derechos humanos.

Pero justamente eso pasó. Después del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, se encontraron 38 de estos rifles alemanes en la oficina de la policía municipal de esta ciudad guerrerense. Por lo menos siete de las armas se usaron noche. “Sin duda, durante el ataque a los normalistas se disparó con rifles G36”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Casi 2 mil de los rifles llegaron ilegalmente a Guerrero y nadie sabe cuántas de estas armas terminaron en manos de policías corruptos y del crimen organizado. Tampoco se sabe exactamente qué pasó con los fusiles alemanes que se mandaron a Chiapas, Jalisco y Chihuahua.

Ninguno de estos “Estados prohibidos” apareció en las constancias del usuario final. Los papeles fueron falsificados. La Dirección de Comercialización de Armamento y Munición (DCAM), la dependencia de la Sedena, encargada de la compra y venta de armas, entregó estos documentos falseados a la empresa HK, y de ahí a las autoridades alemanas.

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*Foto de portada: Uwe Hiksch / Flickr