Lado B
Representación de pueblos originarios en el Legislativo ha sido casi nula; 2021 pinta igual
Este 2021 el INE determinó que dos distritos electorales de mayoría indígena en Puebla tienen que ser representados por personas indígenas pero se desconoce si se aplicó esa norma, pues no hay información pública para corroborarlo
Por Fernando Merino Noriega @FerMerinoN
14 de abril, 2021
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Los pueblos originarios no han sido representados proporcionalmente en el Poder Legislativo. Del año 2006 a la fecha la participación de personas que se auto reconocen como indígenas en la cámara de diputados no supera el 3 por ciento, a pesar de que el 21.5 por ciento de las personas en México se asumen como indígenas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la actual legislatura solo 13 de las y los 500 diputados que conforman la cámara baja pertenecen a algún pueblo originario, es decir, la representación actual del sector mantiene una tendencia, reportada por el INE en los últimos 15 años, menor al 2.8 por ciento que es el máximo al que se ha llegado.

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Aunque han existido avances en la materia, pues en 2018 se cumplió una cuota de representación indígena instaurada por el INE como una “acción afirmativa”, estos han sido mínimos ya que se planteó como obligatorio que solo 13 de los 28 distritos reconocidos con mayoría de población indígena en el país tenían que ser representados por personas de este sector

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El propio órgano electoral admitió que aún estaba lejos de cumplir con un estándar de representación, por lo que en 2020 amplió el requisito de 13 a 21 distritos ㅡun número aún muy bajo de acuerdo con el consejero del INE Uuc-kib Espadas Anconaㅡ, pero también acordó que los partidos que obtuvieron su registro en 2020 no estaban obligados a cumplir las acciones afirmativas, ni tampoco las y los diputados que llegaron al poder en 2018 y que quisieran reelegirse

Una vez ampliado el número de distritos en los que se tienen que postular a personas indígenas un problema que ha persistido es que algunas comunidades de pueblos originarios no reconocen a las y los candidatos como sus integrantes, pese a que el INE exige una constancia a candidatos y candidatas que acredite su identidad indígena y un vínculo con el pueblo originario que se busca representar.

Requisitos del INE para acreditar la identidad indígena son susceptibles a la simulación

Los requisitos para acreditar la pertenencia a alguna comunidad indígena, especificados en un documento del INE, son: haber prestado servicios comunitarios en el distrito que se busca representar o participado en reuniones de trabajo para mejorar las instituciones comunitarias o ser directamente representante de alguna comunidad indígena; esto debe ser comprobado con un documento que posteriormente el INE tiene que validar. 

Estos documentos tienen que ser expedidos “por las autoridades existentes en la comunidad o población indígena (…) la asamblea general comunitaria o cualquier otra con representación conforme al sistema normativo vigente en la comunidad”, se lee en los criterios de elegibilidad. 

Sin embargo, estos documentos han sido falsificados o emitidos por cualquier institución menos por las asambleas indígenas o ejidatarias, así ocurrió en 2018 en el distrito II de Chiapas, con cabecera en Bochil, en donde era obligatorio postular a una persona indígena pero quien llegó al poder fue Humberto Pedrero (exsecretario de Hacienda en el gobierno de Manuel Velasco), pese a denuncias en su contra por falsificar documentos para acreditar su vínculo con la comunidad de Monte Grande, pues nunca ha vivió ahí y tampoco la persona que firmó como supuesto ejidatario del lugar, según reportó el portal Chiapas Paralelo. 

De acuerdo con las personas que presentaron la denuncia en contra de Pedrero Moreno la máxima instancia para determinar la pertenencia a algún pueblo originario es una asamblea indígena o estatal pero eso no se cumplió. 

Y en el caso de las y los diputados postulados en distritos indígenas en Puebla no hay información pública sobre si pertenecen a pueblos originarios, y lo que más genera dudas es que no hay forma que las y los ciudadanos puedan conocer los documentos que presentaron las y los candidatos para acreditar su pertenencia a un pueblo originario, ni siquiera las comunidades lo pueden saber con una solicitud simple.

Lo anterior porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que esos documentos tenían que ser resguardados y no se puede acceder a ellos ni siquiera a través de una solicitud de información, salvo que se emprenda un juicio de protección de derechos político-electorales por parte de las comunidades afectadas, explica en entrevista para LADO B el consejero del INE Uuc-kib Espadas Ancona. 

Al no poder verificar esas constancias se intentó contactar a las y los candidatos directamente para solicitar información sobre su acreditación como personas indígenas pero al no obtener respuesta no se pudo conocer cómo fue ese proceso, y persisten las dudas sobre si se va a asegurar la representación de este sector. 

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Todo lo anterior evidencia una omisión generalizada de los partidos políticos para asegurar la representación de los pueblos originarios en el Poder Legislativo,  pues se siguen nombrando a perfiles que no cumplen con el requisito de ser indígenas, dice a LADO B José Antonio Bretón Betanzos, coordinador de posgrados en Derecho de la Ibero Puebla, pese a que están obligados.

El académico menciona que la omisión se da también desde el INE por no cumplir sus propias resoluciones, pero también por parte de las y los candidatos que ocupan candidaturas que no les corresponden; “no puede haber un solo responsable”, dice. 

Todas estas omisiones han provocado que “se impongan candidatos [o candidatas] que no son indígenas, que son (…) de familias muchas veces de dirigentes [políticos] o caciques (…) que han controlado [los distritos de mayoría indígena]”, dice a LADO B Omar Esparza de la organización MAIZ, y como consecuencia hay una “falta de representatividad que [provoca] que no haya realmente políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios  e indígenas”.

El activista también advierte que tampoco hay representación en las secretaría de estado o instituciones donde se toman las decisiones que afectan a estos pueblos y comunidades.

En  Puebla solo una candidata se acredita como persona indígena

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Ilustración: Gogo

De acuerdo con el propio INE, en Puebla hay cuatro distritos electorales federales cuya población, que se autoadscribe como indígena, supera el 40 por ciento del total de habitantes: distrito I, con cabecera en Huauchinango; distrito II, con cabecera en Zacatlán; distrito III con cabecera en Teziutlán;  y distrito IV con cabecera en Ajalpan.

La obligatoriedad de postular a personas que se acrediten como integrantes de algún pueblo originario se aplica solo en los distritos II y IV, pues estos municipios tienen los porcentajes más altos de población indígena con un 50.6 y 46.8 por ciento, respectivamente. 

Cabe destacar que desde 2006 solo han llegado al Congreso de la Unión tres integrantes de pueblos originarios en distritos con mayoría indígena en Puebla: Wenceslao Herrera Coyac en 2006; Julieta Octavia Marín Torres en 2009 (hermana del exgobernador Mario Marín) y Josefina García Hernández en 2012; en la actual legislatura no hay ninguna persona de algún pueblo originario por parte de Puebla. 

Solo Josefina García Hernández, candidata a la diputación federal por el distrito II de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD), cumple con el requisito, o al menos así lo hizo cuando fue diputada federal en el periodo 2012-2015, aunque la forma en la que acreditó su vínculo con un pueblo originario tampoco es pública. 

Para corroborar esta información se buscó directamente a García Hernández, quien además es diputada local con licencia, y aunque inicialmente se dijo abierta a platicar con LADO B sobre el procedimiento que siguió para acreditar que pertenecía a alguna comunidad indígena, no volvió a contestar las solicitudes de entrevista que se le hicieron posteriormente. 

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Lo mismo ocurrió con las y los candidatos por el distrito II de los diferentes partidos:  Fátima Cruz Peláez, de Morena; a Irma Ramos Galindo, de Movimiento Ciudadano, (MC) no fue posible contactarla. 

Con las y los candidatos al distrito IV, el candidato de Va por México José Armando García Avendaño, quien también es diputado local con licencia, aseguró en una primera llamada hecha por LADO B que estaba interesado en hablar del tema pero por cuestiones de tiempo tendría que ser en otro momento, a partir de eso no volvió a contestar las llamadas. 

Inés Parra Juárez, diputada federal por el distrito IV que busca la reelección con Morena, no respondió a la solicitud de entrevista y de acuerdo con el INE ella no pertenece a ningún pueblo originario, aunque el acuerdo del órgano electoral estableció que quienes busquen la reelección no deben de cumplir ese criterio. A Verónica García García, de MC, tampoco  fue posible localizarla. 

En el caso de Isaías Carrera Amador, candidato por el distrito IV y  Piedad Lorenzo Pérez Piedad Lorenzo Pérez, candidata por el distrito II, ambos del del Partido Encuentro Solidario (PES) no fue necesario buscarlos pues el INE determinó que los partidos que obtuvieron su registro en 2020 no tenía que cumplir con la acción afirmativa de postular a integrantes de comunidades indígenas.

Cuotas del INE son simulaciones; pueblos originarios buscan autodeterminación 

En el caso del distrito IV, LADO B busco a integrantes de organizaciones y agrupaciones indígenas de algunos municipios, quienes prefirieron mantener su identidad anónima, y al cuestionarles sobre la pertenencia de las y los candidatos a sus comunidades dijeron desconocer a todos los perfiles, salvo a Parra Juárez pues la conocen por que es su diputada en la actualidad por su localidad. 

Sobre este personaje mencionan que no ha tenido un acercamiento al menos con la comunidad de Zoquitlán, que pertenece al distrito IV, aunque la legisladora presentó un punto de acuerdo en la Cámara de diputados para apresurar las investigaciones de la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, activista ambiental que estaba en contra de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, más allá de eso no hay otra acción pública en favor del distrito.

Tampoco han tenido un acercamiento con José Armando Avendaño, quien busca ser diputado federal pero que como legislador local no se acercó a esta localidad y ahora como candidato se desconoce cuándo lo hará, aunque advierten que incluso una visita, un compromiso o una promesa de campaña no será suficiente para llevar al pleno sus exigencias, pues se enfrentan a problemas como megaproyectos que son auspiciados por la política local por lo que apuestan por la autodeterminación de los pueblos originarios.

Omar Esparza asegura que tras lo ocurrido con Marichuy, mujer indígena que buscaba la presidencia de México por la vía independiente pero que no consiguió el registró por múltiples trabas, se comprobó que no había condiciones para que haya una verdadera representación indígena en el gobierno, y lo que falta es que haya una reforma que les garantice el derecho a la libre determinación y a la autonomía, algo que está pendiente desde la firma de los acuerdos de San Andrés, ya que incluso con lograr la representatividad en el Congreso no implica que se resuelva la problemática de fondo y profunda que se tiene esa deuda histórica con los pueblos originarios.

Por otro lado, el consejero del INE Espadas Ancona asegura que otra discusión que se tiene que dar, en el caso del reducido número de distritos que son considerados de mayoría indígena, es el fenómeno de la migración a las ciudades, pues en las grandes urbes como la capital del país o del estado son receptoras de un gran número de comunidades indígenas y estas no se ven representadas porque no hay distritos indígenas en los núcleos urbanos reconocidos por el órgano electoral. 

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“Tenemos que difundir que es importante que tengamos una cámara [no] solamente plural en términos de partidos políticos sino plural en términos de los grupos que integramos la nacionalidad mexicana porque de otra manera todos vamos a mantenernos alejados [de la toma de decisiones importantes]”, concluye el experto en derecho Bretón Betanzos.

 

*Ilustración de portada: Gogo

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Autor Lado B
Fernando Merino Noriega
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