Lado B
Disparates legislativos
Por Roberto Alonso @rialonso
20 de abril, 2021
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A unas semanas de la conclusión del último periodo ordinario de la LXIV Legislatura, el Congreso de la Unión ha optado por meterle acelerador no a grandes reformas legislativas, sino a serios despropósitos que exhiben descuidos legislativos, frivolidad en el análisis y una falta de respeto a la Constitución.

Miercoles 01 2

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El martes 13 de abril, el Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, consistente en una base de datos de los titulares de las líneas telefónicas móviles que incluye datos biométricos. La reforma había sido validada por la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, de modo que pasó al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación, lo que ocurrió tan sólo tres días después. De manera veloz, la reforma fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del viernes 16 de abril.

Esta modificación que contó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, fue promovida con la intención de frenar delitos como la extorsión y el secuestro, desde el entendido de que quienes cometen estos ilícitos hacen uso de teléfonos celulares. Sin embargo, supone riesgos importantes en materia de protección y uso de los datos recolectados.

De acuerdo con una nota técnica que la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) hizo llegar al Senado, no existe evidencia de que los registros de tarjetas SIM contribuyan a reducir delitos como la extorsión —además de que el padrón sería fácil de evadir por la delincuencia—, atenta contra la presunción de inocencia, pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias, puede violar el derecho a la privacidad de manera irreversible y desperdicia recursos indispensables para combatir la brecha digital.

Esta misma organización ha recordado en los últimos días que el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, creado en 2008, terminó siendo eliminado en 2011 toda vez que su base de datos fue filtrada y podía adquirirse en el mercado negro por 200 pesos. Adicionalmente, la R3D ha documentado que solo 17 países en el mundo vinculan datos biométricos para la compra de una tarjeta SIM, entre ellos Afganistán, Arabia Saudita, China, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

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Foto: Silvie Lindemann | Pexels

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del que se espera presente una acción de inconstitucionalidad una vez que la reforma ha sido publicada, se pronunció en torno a la reforma señalando que “se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulada por un número elevado de operadores de telefonía”.

El mismo 13 de abril, pero en otro reciento legislativo, la Cámara de Diputados votó a favor de la incorporación de los titulares de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, responsable —entre otras cosas— de establecer las políticas nacionales en materia de investigación científica; definir prioridades y criterios para la asignación del presupuesto en ciencia, tecnología e innovación; definir lineamientos programáticos y presupuestales; y establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia, de los resultados e impactos de los principios, programas e instrumentos de apoyo a la investigación científica.

Esta reforma, que regresa a la aduana del Senado, fue aprobada con 426 votos con el argumento de que las Fuerzas Armadas “fomentan la innovación, la investigación académica, científica y tecnológica, con el propósito de lograr una educación integral y de calidad”. Pero la reforma va más allá, pues permitiría que la presidencia de dicho consejo general recayera en alguno de los titulares de la Secretaría de Defensa o de la Secretaría de Marina, con lo que sigue en expansión el despliegue militar en la via pública del país. En esta ocasión con la posibilidad de influir en qué y cómo se investiga.

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El disparate mayor, sin embargo, tuvo lugar en el Senado el jueves 15 de abril, fecha prevista para la aprobación en el pleno de la iniciativa de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. El problema no es la ley en lo general, trabajada fundamentalmente por el Poder Judicial y presentada desde el año pasado en la Cámara Alta, a través del Ejecutivo federal, con la finalidad de combatir la corrupción y el nepotismo en dicho poder. El problema es un artículo transitorio introducido de última hora al dictamen que se votó para extender dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal, responsable esta segunda instancia de operar los cambios que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial desea echar a andar.

La intentona propuesta por el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, aprobada con 80 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones, es una clara afrenta al texto constitucional, que en su artículo 97 dispone que cada cuatro años el pleno de la Corte debe elegir de entre sus miembros a su presidente, quien no podrá ser reelecto para un periodo inmediato posterior.

Sobre la inconstitucionalidad de la extensión de la presidencia del actual ministro Zaldívar vía un artículo transitorio de una ley secundaria, no hay duda. Donde sí la hay es en el compromiso de las y los legisladores de Morena y sus partidos aliados con el marco constitucional. Será en la Cámara de Diputados, en tanto cámara revisora de la minuta de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que hoy incluye ese artículo transitorio, donde la mayoría parlamentaria podrá despedirse con un compromiso o una traición a la democracia constitucional.

*Foto de portada: Vaaggo | Flickr

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Autor Lado B
Roberto Alonso
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.
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