Pascual Morales Martínez, actual presidente municipal de Francisco Z. Mena, cometió violencia política en razón de género contra la regidora Flor Ávila Núñez en 2019: le autorizó una licencia que ella no solicitó para no pagarle su sueldo y se orquestó una campaña de desprestigio en medios de comunicación regionales en contra de la funcionaria con imágenes que la ridiculizaban; sin embargo, el alcalde busca reelegirse pese a que desde mayo de 2020 tiene una sentencia por parte del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), bajo el expediente TEEP-A-125/2019, por haber violentado a Ávila Núñez.

La regidora mantendrá la protección por parte de la Policía Estatal dictada por el TEEP, y ampliada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), hasta que concluya su periodo como regidora de Francisco Z. Mena. Por su parte, el presidente municipal tuvo que emitir una disculpa pública por las agresiones en contra de Ávila Núñez. 

Aunque desde julio 2020 el Congreso aprobó que quienes hayan cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, y tengan una sentencia firme por parte un tribunal, no pueden competir por un puesto de elección popular por hasta siete años; Morales Martínez no verá frustradas sus aspiraciones electorales porque la ley no es retroactiva, esto significa que quienes hayan ejercido esta violencia antes de que las reformas entraran en vigor no son sujetos de la legislación, por lo que el alcalde ya fue pre registrado por Morena como candidato. 

Sin embargo, hay otros requisitos que podrían evitar que perfiles como el del edil de Francisco Z. Mena participen en las elecciones, explica a LADO B Socorro Quezada Tiempo, integrante de la Red Plural de Mujeres. Entre esos requerimientos están que los candidatos comprueben que “viven de una manera honesta”, y que cumplan con su declaración 3 de 3 contra la violencia de género, es decir, que no hayan sido sancionados o condenados por haber cometido violencia doméstica, política o cualquier agresión de género, delitos sexuales o que sean deudores alimentarios.

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Pero la activista y ex diputada por el PRD advierte que tampoco hay garantía de que se cumplan estos otros requisitos cabalmente, ya que para que los candidatos obtengan su registro solo tienen que firmar una carta “de buena fe y bajo protesta de decir la verdad”, en donde aseguren que cumplen con los criterios antes mencionados “apelando a su buena voluntad”, algo que al menos en el caso de Pascual Martínez no ocurre, pues él sí ha sido sancionado por violencia política.

Quezada Tiempo señala: “Lamentaríamos mucho que [Pascual Morales] sea presidente porque si repite estaría violentando nuevamente a las mujeres en el Ayuntamiento (…) vamos a ver qué podemos hacer para poder revisar esta situación, poder impugnar y que no llegue a ser nuevamente candidato”.

La responsabilidad de los partidos políticos

Foto: Inés Saturnino López Ponce | Facebook

Aunque México es el segundo país en América Latina en tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género, después de Bolivia que lo hizo en 2012, las mujeres aún tienen que enfrentarse a un contexto de violencia al ejercer un cargo público y esto es perpetuado principalmente por los partidos políticos, pues son quienes eligen a los candidatos y no asumen un compromiso ético de presentar a perfiles que no violenten a las mujeres.

A pesar de que la ley establece que se requiere una sentencia firme para frenar a los violentadores, los partidos políticos deberían ser el primer filtro para asegurar una vida libre de violencia política en contra de las mujeres, señala Quezada Tiempo, y  hasta el momento no ha sucedido, pues algunos partidos en Puebla postularon a personajes “impresentables”, como los han denominado algunas organizaciones, por sus antecedentes de violencia política. 

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Otro ejemplo de perfiles que han cometido violencia política y que estarán en las urnas el 6 de junio es Inés Saturnino López Ponce, presidente municipal de Tecamachalco durante el periodo 2014-2018 por el PAN, quien fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por la regidora Ruth Zárate Domíguez por cometer violencia política en su contra; en 2017 la regidora acusó que el alcalde le impidió participar en las sesiones de Cabildo, le retuvo el sueldo por más de ocho meses y la ridiculizó en público; este caso no llegó a ninguna sentencia.

López Ponce buscaba ser candidato por el PAN nuevamente por la alcaldía de Tecamachalco, pero este partido le negó su apoyo y lo mismo ocurrió con el PRI. Fueron Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) quienes le ofrecieron al exalcalde una candidatura para regresar al poder pese a las acusaciones en su contra.

Estos partidos ignoran los llamados que hicieron organizaciones, algo que Socorro Quezada ㅡquien asegura que también fue víctima de la violencia que se vivía en el Cabildo de Tecamachalco al acudir a documentar las agresionesㅡ lamentó porque quien dirige CPP, Laura Escobar Juárez, no apoyó a la regidora afectada y se decantó por un perfil “ganador”, como lo ha llamado. 

En tanto, Emilio Maurer Espinosa (Morena), diputado local por distrito 11 (con cabecera en Puebla capital) con licencia, busca reelegirse en el cargo pese a haber llamado “esquizofrénica mujer (sic)” a la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) durante una sesión del Congreso, mientras la legisladora cuestionaba la votación en una sesión. 

En este caso el Tepjf mandó al TEEP el medio de impugnación ーsolicitud para sancionar la agresión por parte de Maurer Espinosaー promovido por la diputada Rodríguez Della Vecchia, por lo que ese asunto aún está por resolverse, mientras Maurer Espinosa ya aseguró su candidatura. 

Todos los nombres señalados anteriormente evidencian la falta de compromiso de las fuerzas políticas por involucrarse en la lucha contra la violencia de género. Aun así, todos los partidos firmarán un “pacto de cero tolerancia a la violencia política de género” el 20 de abril por invitación del IEE, algo que podría quitar las designaciones de personajes que han cometido violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que será hasta el 3 de mayo que el IEE apruebe la lista definitiva de candidaturas.

El primer paso para visibilizar la violencia política con razón de género

Foto: Pascual Morales | Facebook

La violencia política también se da al interior de los altos mandos de la administración pública: se observa una limitación del trabajo de las mujeres al frente de las secretarías, acusa Quezada Tiempo, porque aunque el gabinete del gobernador Miguel Barbosa está compuesto en su mayoría por mujeres, en general, estas muchas veces no cuentan con la libertad de emitir opiniones. Basta recordar cuando Barbosa le espetó a una reportera: “cuando el gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar, ¿sale? Aprende eso, por favor (sic)”. 

El camino aún es largo y falta visibilizar más lo que es la violencia política de género: “Este es el primer paso [el de tipificar como delito electoral esta conducta]. La violencia política es una violencia silenciosa que estuvo ahí todo el tiempo, que no se había visibilizado porque no había una amplia participación de las mujeres en la vida política por las condiciones de desventaja de cientos de años”, dice Socorro Quezada.

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Además de prohibir la participación de violentadores en las elecciones, también se creó un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) deben actualizar. 

Hasta el momento hay 30 registros y 25 personas sancionadas; el estado que más registros tiene es Veracruz con 11, seguido de Campeche y Quintana Roo con cuatro registros cada uno; en el caso de Puebla no hay ningún registro, aunque sí se han presentando casos, muchos de ellos no derivaron en una sentencia y otros más no se denuncian.

*Foto de portada: Google Maps