A 13 días de que venza el plazo para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Identidad Sexogenérica que se acordó al finalizar la toma pacífica del Congreso —además de la discusión de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado—, diferentes colectivas feministas y trans denunciaron desinterés de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en cumplir los compromisos que adquirieron.

En el caso de la ILE se concretó que, a más tardar, en la primera semana de abril deberá ser discutida en comisiones. Respecto a la AVGM, sólo la Ibero Puebla han mostrado interés en participar pues es la única institución que ha enviado sus documentos; las integrantes de la Coordinadora Feminista dijeron que el límite de tiempo para que las instituciones se sumen a las mesas de discusión será el 20 de febrero; sin embargo, por la cercanía de las fechas, la Ley de Identidad es la más urgente. 

“El Estado tiene una deuda histórica con los derechos de las personas trans. Durante ocho años, tras el asesinato de Agnes Torres, tres legislaturas se las han arreglado para ignorar nuestra existencia y obstaculizar todas las iniciativas presentadas que reconocen nuestro derecho a la identidad autopercibida y a otros derechos”, se puede leer en un pronunciamiento firmado por diferentes colectivas. 

La primera iniciativa que buscaba reconocer ese derecho se presentó desde marzo de 2013 —conocida como Ley Agnes—, pero fue enviada a la congeladora legislativa por las y los diputados de la LVIII Legislatura; durante la LIX Legislatura fue presentada en marzo de 2016 por Socorro Quezada Tiempo (PRD), pero tampoco fue discutida.

Finalmente, en la actual legislatura se ha presentado en tres ocasiones: por Jose Juan Espinosa (PT), Rocío García Olmedo (PRI) y Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena), sin que, hasta el momento, se haya analizado en comisiones. 

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En caso de que no exista respuesta, las y los integrantes de las colectivas feministas y trans sentenciaron, en rueda de prensa, habrá voto de castigo para las y los legisladores que se han pronunciado a favor de los derechos humanos pero que, en la práctica, han sido omisos en garantizar derechos fundamentales que tendrían que gozar todas las personas. Además, señalaron que podría haber acciones legales por el incumplimiento del acuerdo, aunque estas aún no se han analizado. 

En tanto, denunciaron que en reiteradas ocasiones han intentado comunicarse con Gabriel Biestro Medinilla, a través de su particular, pero no han obtenido respuesta, y debido a que diferentes legisladores empiezan a solicitar licencias para buscar otro puesto de elección popular —probablemente el presidente de la Jugocopo también lo haga, pues ha declarado su interés por ser alcalde de Puebla—, el panorama se complica; a pesar de eso han determinado continuar con la exigencia de este derecho.

“Los derechos no se aplazan. No pueden venir con discursos a favor de los derechos de las personas pero a la hora de legislar no hacer nada. Vamos a seguir presionando (…) Vamos a estar ahí, detrás de ellos [y ellas] como una sombra que les recuerde lo que hicieron y lo que no hicieron”, señaló una integrante de Redefine Puebla. 

Foto: Marlene Martínez

La omisión de las y los legisladores de no abordar el tema perpetúa las desigualdades y la violencia sistemática que se ha ejercido en contra de las personas trans, acusó Tuss Fernández, presidente del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos, quien también participó en la rueda de prensa. 

Este desinterés de garantizar el respeto de los derechos humanos ha provacado que las personas trans tengan una esperanza de vida menor al del resto de la población: 35 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además, un 50 por ciento de este sector ha pensado en algún momento en el suicidio, según una encuesta del Conapred realizada en 2019, por la discriminación y crímenes de odio de los que son víctimas, declaró una integrante de Coatlicue Siempre Viva.  

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Por lo anterior, exhortaron al Poder Legislativo a reconocer los derechos de las personas trans y al resto de las instituciones a garantizar un pleno ejercicio de los mismos. 

Asimismo, adelantaron que emprenderán diferentes foros y actividades para seguir visibilizando la falta de garantía de derechos humanos que las personas trans sufren día con día, ya que la falta de un marco legal que les garantice certeza jurídica dificulta que puedan acceder a un trabajo digno, servicios de salud —que en tiempos de pandemia resulta de vital importancia— y trámites administrativos; el primero de estos foros se realizará el jueves 4 de febrero a través de redes sociales.

*Foto de portada: Marlene Martínez