Lado B
Urge Ley de Identidad de Género que garantice derechos básicos a personas trans: activistas
¡Queremos una ley que nos respalde; salud, educación y una vida digna; que se nos respete como seres humanos! Exigieron personas trans durante la marcha silenciosa, este 20 de noviembre, por el Día de la memoria trans
Por Fernando Merino Noriega @FerMerinoN
25 de noviembre, 2020
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El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día de la memoria trans o de la remembranza trans, una fecha para recordar a todas las personas transgénero, transexuales y travestis que han sido asesinadas por la transfobia que aún persiste a nivel mundial. 

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En México, el número de personas trans asesinadas no es claro debido a que no existe un registro por parte de las autoridades, pues se siguen tratando como “crímenes pasionales” u homicidios, y no como crímenes de odio, denuncia Gabriela Chumacero, activista en favor de los derechos de esta población en Puebla.

Sin embargo, de acuerdo con el registro de la organización internacional Transgender Europe, México es el segundo país en el mundo con mayor número de asesinatos de personas trans, ya que de 2008 a septiembre de 2020 se han perpetrado 528 asesinatos de personas trans, sólo por detrás de Brasil, que en el mismo período registra mil 520 homicidios por transfobia.

El asesinato de personas trans es la muestra máxima de odio hacia dicha comunidad, aunque no es la única, pues todos los días se perpetran actos de discriminación. Ejemplo de ello es la violencia sistémica que se ejerce al no reconocer su identidad y al no asegurar su inserción laboral ni en la vida pública, reconocen activistas trans. 

El panorama jurídico en México 

En el país, sólo la Ciudad de México –primera entidad que aprobó el derecho a la identidad sexo-genérica en 2008, y que en 2014 simplificó el trámite–, Coahuila, Nayarit, Michoacán, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y –desde el 18 de noviembre– Quintana Roo, permiten el cambio de sexo en las actas de nacimiento y otros documentos de acuerdo con la identidad auto-percibida.

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Gloria Hazel Davenport, activista trans y periodista, comentó en la mesa de discusión “Política y derechos Trans: Agenda Pública”, organizada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Puebla, que la reforma a los Códigos Financiero, Civil y de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y otros estados para reconocer la identidad sexo-génerica de las personas trans fue una gran avance en la búsqueda de derechos, pero lamentó que muchas entidades en México aún no han legislado en la materia, entre ellas Puebla.

En el estado hay una iniciativa de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena) –presentada el 11 de junio– para garantizar que las personas trans puedan modificar sus documentos de acuerdo con su identidad, sin necesidad de acreditar algún procedimiento quirúrgico, o de presentar algún dictamen psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, las comisiones dictaminadoras: Procuración y Administración de Justicia, así como la de Familia y Derechos de la Niñez, no han convocado a sesión para discutir la iniciativa. 

Esta propuesta fue impulsada por la activista Agnes Torres, asesinada en 2012 en Chipilo. Durante la marcha silenciosa que se llevó a cabo en Puebla en conmemoración del Día de la memoria trans, de este año, se emitió un pronunciamiento en su monumento que se encuentra casi enfrente de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el que se exigió un alto a los crímenes de odio en contra de las personas trans.

¡Queremos una ley que nos respalde, queremos una salud digna, una educación digna, una vida digna y que se nos respete como seres humanos! Fue la consigna que personas trans utilizaron para exigir el reconocimiento de sus derechos.

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Foto: Marlene Martínez

En el mismo sentido, la activista Amararta Goméz Regalado dijo en la presentación del Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 2020, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es urgente revertir las brechas a través de la elaboración de indicadores que el estado mexicano, y el resto de los países, tiene que cumplir, tomando en cuenta también una perspectiva intercultural, pues las identidades de género indígenas viven condiciones aún más precarias.

La activista trans argentina Marcela Romero sentenció en la presentación del informe de la CIDH que hay que voltear a ver a las personas trans afro, con discapacidad, usuarias de drogas y migrantes, pues se encuentran vulnerables a una discriminación multidimensional.

Fallas ante la falta de una Ley de Identidad

Gloria Hazel Davenport considera que no hay leyes de identidad de género en el país, pues lo que se ha hecho en los estados en donde se permite el cambio de los documentos según la identidad auto-percibida de las personas trans, son reformas a los Códigos Civiles en la mayoría de los estados, pero una verdadera Ley de Identidad de Género, dice, tiene que contemplar otros derechos como: la salud, educación y la inserción laboral.  

“Aspirar a una ley [de identidad implicaría incluir el] acceso a la salud, acceso al trabajo y a todos aquellos elementos [a los que tiene acceso toda] la ciudadanía. Sí hemos visto un crecimiento en los estados que han legislado a favor del acceso a la identidad pero aún hay preocupaciones”.

La también periodista indica que no se ha generado un seguimiento en los estados en donde el derecho a la identidad está garantizado, y que para la implementación de políticas públicas es importante hacer un diagnóstico que también incluya a los hombres tras que en ocasiones son invisibilizados. 

En cuanto a esto último, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval comentó que la reforma a los Códigos Civiles es apenas una parte del paquete de reformas de una verdadera Ley de Identidad, entre las que mencionó: el derecho a un título universitario con el nombre que las personas trans eligieron y el derecho a la no discriminación al acudir a un Registro Civil, pues muchas veces el personal de esa área no está capacitado en el respeto a otras identidades sexo-genéricas y no binarias. 

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Foto: Marlene Martínez

En estados donde se ha reconocido el derecho a la identidad, como en Ciudad de México, no ha existido una verdadera inserción laboral de mujeres y hombres trans, comenta Gloria Hazel Davenport. Señala así que en cuanto al tema del trabajo sexual, se tiendrían que estar generando nuevas alternativas para que “las mujeres trans que están en esa situación puedan emigrar a otros espacios laborales” si así lo desean.

En el mismo sentido, Brianna Pimentel, mujer trans de 25 años, dice a LADO B que, si bien la primera victoria sería el reconocimiento de identidad de las personas trans de Puebla, a eso le tendrían que seguir otras luchas como la inclusión de las personas trans en las instituciones de gobierno, y en otros ámbitos profesionales, porque hay personas trans abogadas, doctoras, ingenieras que no se han podido insertar en el campo laboral por discriminación, algo que podría cambiar si hubiera voluntad política.

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Por su parte, Izack Zacarías, presidente de la organización Impulso Trans AC de Jalisco, explicó en el mismo evento que, aunque las cuotas de personas de ciertos sectores poblacionales en puestos públicos pueden ser polémicas –pues las cuotas de mujeres impulsadas por mujeres para buscar la paridad de género en la política al principio fueron cuestionadas por algunos hombres–, sí marcan un precedente hacia la inclusión de las personas trans en dependencias de gobierno y otros espacios de trabajo.

En el caso de América Latina, Argentina estableció una cuota laboral para que el uno por ciento de los puestos del sector público sean ocupados por personas trans, algo que no se ve en México ni en Puebla.

“[En México] a nivel gobierno [deberían haber] cuotas laborales de personas trans, [y así poder generar] políticas públicas con una perspectiva trans, porque muchas veces las políticas se hacen desde el escritorio; si no se conocen las realidades de las poblaciones trans nunca se van a generar [políticas] de acuerdo con lo que necesitamos”, refiere Izack Zacarías. 

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Asimismo, Izack Zacarías mencionó que la capacitación de profesores es un pendiente pues la discriminación en las aulas no sólo se da entre las y los compañeros de clase, sino también por parte del personal educativo.  

Y agregó, por otro lado, que en la mayoría de los estados no hay un acompañamiento médico que ayude a las personas trans a acceder a tratamiento hormonal, otra de las fallas ante la falta de una Ley de Identidad de Género, aunque dejó claro que eso será decisión de cada persona, y tampoco hay campañas de sensibilización que eviten la discriminación de los padres y madres de las personas trans desde la niñez.

Por otra parte, la activista Heizel Sánchez comenta a LADO B que otro punto que debe tomarse en cuenta en las leyes de identidad de género es la prohibición en todos los estados de las terapias de conversión (o Ecosig) que representan un peligro hacia las infancias y adolescencias trans, pues violentan su derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como psicológicamente.

Ante la omisión del Estado, el colectivo trans se organiza 

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Foto: Marlene Martínez

Briana Pimentel explica en entrevista que en los últimos años las personas trans se han organizado para subsanar las deudas que el estado tiene con quienes integran esta población, entre ellas las de acompañamiento durante las agresiones de las que son víctimas, pues cuando una mujer trans es violentada casi siempre hay alguien de la comunidad trans, pendiente de sus necesidades y de ir a la Fiscalía General del Estado (FGE) a pedir justicia.

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Asimismo, ante la exclusión de las personas trans por parte de su familia, las y los integrantes de esta población se han organizado y así han ofrecido albergue, tal y como lo hace la organización Impulso Trans AC, que además brinda apoyo psicológico y asesorías legales para quienes inicien este proceso que no termina con el cambio de identidad.

*Foto de portada: Marlene Martínez

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Fernando Merino Noriega
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