Primera de cuatro partes

Ricardo Flores, Ricky como lo conocían sus amigos, estaba de visita en Acatlán de Osorio para ver a su abuela. La mañana del 29 de agosto de 2018, él y su tío Alberto Flores, Beto para más señas, estaban haciendo arreglos de la casa y salieron a comprar material de construcción a la junta auxiliar de San Vicente Boquerón.

Se detuvieron en una tienda, cerca de una primaria. Y aunque no hay una versión clara de lo que pasó, hay dos cosas que sí se pueden asegurar: Beto y Ricky no estaban haciendo nada malo, y una cadena de noticias falsas difundida vía WhatsApp disparó la histeria colectiva que terminó con su linchamiento, transmitido por Facebook Live.

“Por favor, todos estén alerta porque una plaga de secuestradores de niños entró en el país. Al parecer, estos criminales están involucrados en el tráfico de órganos… En los últimos días, desaparecieron niños de 4, 8 y 14 años, y algunos fueron encontrados muertos y con signos de que se les habían extirpado órganos. Sus abdómenes habían sido abiertos y estaban vacíos”. 

Ese es el texto del mensaje que circuló entre la población de Acatlán de Osorio días antes, llegando incluso a la comunidad de paisanos migrantes en Estados Unidos, entre los que estaban el hermano de Beto, papá de Ricky, y su esposa, mamá del joven de 21 años.

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Apenas unas horas más tarde, verían en redes sociales cómo una turba de cientos de personas arrastraba a su familia frente a la cárcel de la cabecera municipal de Acatlán, a escasos metros de la presidencia, y les prendían fuego.

Decenas de vecinos se acercaron para enfocar con sus teléfonos el fuego que se desprendía de los cuerpos, al pie de la escalinata de la prisión de Acatlán, para transmitir por Facebook el asesinato de Beto y Ricky.  

Su muerte por linchamiento volvió a poner a Puebla en el centro de la opinión pública nacional.  ¿Qué pasa en el estado para que los casos sean cada vez más violentos, más aparatosos? 

Las cifras de linchamientos se disparan

19 puntos marcan el año 2013 en el mapa de Puebla: son los municipios en los que se registraron 35 intentos de linchamiento durante un lapso de 12 meses, a la mitad del periodo de gobierno de Rafael Moreno Valle. 

Para 2014 los puntos se expanden: ahora son 21 municipios, y aunque son menos intentos (27), sí ocurre un linchamiento. En 2015 son 20 municipios, 43 intentos y 2 linchamientos. Para 2016, ya son 51 municipios donde se presentan este tipo de eventos, que suman 53: 42 intentos y 11 linchamientos consumados.  

Es en 2017 cuando las cifras se disparan, pues aunque ocurren en menos municipios (45) que el año previo, entre intentos (103) y linchamientos (12) suman 115. En 2018 la curva ascendente se mantiene con 182 intentos y 23 linchamientos en 49 municipios del estado, y en 2019 suceden 196 intentos y 22 linchamientos en 47 municipios.

De acuerdo con un análisis realizado por LADO B, de 2013 a 2019, los intentos de linchamientos en el estado de Puebla aumentaron 460%, mientras que los linchamientos consumados pasaron de 0 a 22 en el mismo lapso. 

Para obtener estos datos, el equipo de LADO B realizó una revisión hemerográfica de los linchamientos e intentos de linchamiento en Puebla del 2013 a 2019. Los hallazgos dan cuenta de un fenómeno que se multiplica sin parar: 628 intentos y 71 linchamientos consumados en 113 municipios, más de la mitad del estado. 

De 2014 a 2017, el estado de Puebla fue el segundo lugar en el país con más número de linchamientos ocurridos, con 182 registros, sólo detrás del Estado de México, según datos del “Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

En el análisis hemerográfico hecho por LADO B, el porcentaje en el aumento de casos ha tenido una tendencia casi siempre al alza; se trata de una curva ascendente que se mantiene, prácticamente, estable.

Las víctimas mortales también han sido cada vez más: en total, 129 personas han perdido la vida por linchamientos durante el periodo analizado por este portal.

Menos seguridad, más linchamientos

Ilustración: Conejo Muerto

De 2013 a 2016 los intentos de linchamiento no rebasaban los 50 casos al año, aunque ya se acumulaban 13 consumados; sin embargo a partir de 2017, cuando inicia la minigubernatura de Antonio Gali Fayad, se disparan las cifras, se registran diez víctimas mortales y ya no hubo vuelta atrás. 

En 2014 una persona perdió la vida, mientras que en 2015 fueron cuatro, para 2016 subió a 20. En 2017 se registraron 18 víctimas mortales de los linchamientos en Puebla, y casi se duplicó al año siguiente al reportarse 33 decesos, y 37 víctimas mortales en 2019. Incluso durante el primer semestre de 2020, ya son 16 personas las que pierden la vida en estos hechos. 

Una de las razones del incremento en este delito, en la que coinciden Antonio Fuentes Díaz, académico de la BUAP, y Tadeo Luna, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla, es el aumento de la inseguridad y la percepción ciudadana de la impunidad ante la comisión de delitos.

En efecto, fue en 2013 cuando comenzaron a notarse los primeros destellos de violencia. Ese año, la disputa entre el cartel de Los Zetas y el de Los Rojos desató la violencia en la región Mixteca. Por primera vez la sierra Norte figuró entre las regiones violentas, y también se empezó a dibujar el triángulo rojo en el mapa delictivo.

Para 2014, los focos rojos empezaron a parpadear con mayor fuerza. La inseguridad comenzó a rodear la capital, Coronango y Huejotzingo tuvieron eventos extraordinarios en cuanto a incidencia delictiva, de la mano de Palmar de Bravo, en el corazón del triángulo rojo.

En 2015, la violencia se expandió a la parte norte del estado, en la punta colindante con Poza Rica, y continuó permeando en el triángulo rojo y la Mixteca. En 2016 Puebla ya figuraba a nivel nacional por la impunidad y la violencia.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), que dan cuenta de las Carpetas de Investigación (CDI) iniciadas, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2017) se registraron 27.8 por ciento más delitos en total, respecto a la anterior administración estatal. 

Y no sólo eran más denuncias, sino delitos más violentos: homicidios dolosos y robos con violencia. 

En 2017, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reveló en un análisis con información del Sesnsp un incremento en ocho de los diez delitos de alto impacto (los ilícitos con mayores niveles de violencia, utilizados como indicadores para medir la inseguridad).

Y la situación no ha mejorado.

De acuerdo con el más reciente estudio de Impunidad Cero, “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020”, la entidad ocupa el quinto lugar nacional con menos policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, con apenas uno. Con menos policías investigadores, son menos los elementos que pueden conseguir las pruebas y realizar toda la investigación en un caso de homicidio.

Puebla también ocupa el penúltimo lugar en cuanto a número de peritos por cada 100 mil habitantes, con tan sólo 2.1 elementos por cada 100 mil personas. La investigación revela que la falta de peritos tiene un impacto en la evidencia disponible que tienen los ministerios públicos para investigar delitos, resultando en una menor eficacia de los mismos.

En general, la entidad tiene una falta de personal disponible para atender e investigar hechos delictivos, lo cual se convierte en una problemática en cuanto a la resolución de delitos y sentencias. En Puebla, cada Ministerio Público tiene un promedio de 162.3 CDI, mayor a la media nacional de 155.5.

La persistencia de los intentos y linchamientos en centros urbanos se puede explicar, de acuerdo con Antonio Fuentes Díaz, en cierta medida, por los programas de empoderamiento y organización vecinal, que muchas veces suplen las labores del Estado, y que responden a dinámicas distintas a las que ocurren en zonas rurales y con mayor incidencia delictiva. 

Mayor frecuencia en ciudades, mayor incidencia en zonas rurales

Ilustración: Conejo Muerto

LADO B calculó las tasas de incidencia de intentos de linchamientos, de linchamientos consumados y de ambos eventos, destacando los 15 municipios con cifras más altas durante el lapso analizado, de enero 2013 a junio 2020.

Entre ellos están Cañada Morelos y Nicolás Bravo, municipios ubicados muy cerca de las Cumbres de Maltrata, región veracruzana conocida ya por sus altos índices delictivos. Por otra parte, están los municipios más cercanos al centro de la entidad, junto a los focos rojos de violencia que ha generado el robo de combustible: Aljojuca, un poco más al norte, seguido de San Salvador Huixcolotla, General Felipe Ángeles, Hueyotlipan y Tlalnepantla; y más abajo, en la misma zona, Molcaxac y Xochitlán Todos Santos.

Dos municipios más siguen el trazo del ducto de Pemex, pero rumbo a la Ciudad de México: San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan. En estos dos lugares ha aumentado la violencia relacionada al huachicol y ahora también al robo de gas LP, con ejecuciones a plena luz del día e incremento de desapariciones y homicidios dolosos.

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La otra región que figura con tasas más altas es la Mixteca, con dos municipios en frontera con Morelos y dos más al interior.

Al analizar los lugares con las tasas más alta de estos eventos, no figuran ni la zona metropolitana, ni las sierras Norte ni la Nororiental. 

Una posible explicación de la concentración en la zona del triángulo rojo y el trazo del camino de los ductos de hidrocarburos de Veracruz a la Ciudad de México está ligada al delito que ha azotado a Puebla durante los últimos años: el huachicol.

Aunque, eso no quiere decir que se trate de eventos provocados o alimentados por grupos del crimen organizado. De acuerdo con Raúl Rodríguez Guillén, Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, la reacción social está más ligada a la impunidad que priva en esas zonas.

Esto dijo en una entrevista que se publicó en 2018 en la revista América Latina en movimiento:

“Alguien sugirió [que grupos delictivos pudieran estar detrás de los linchamientos] para el caso de Puebla, pero no. Lo decían por el incremento de linchamientos en Tepeaca, donde huachicoleros y narcotraficantes estaban entrando. Lo que pasó es que el gobierno federal organiza a los cuerpos policiacos para combatir el huachicoleo, pero descuidan a los delincuentes comunes, desatiende la seguridad de los ciudadanos. ¿A quiénes linchan? A los delincuentes comunes. No a los huachicoleros”.

Más habitantes más frecuencia

Pero si hablamos de frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se presenta un evento, son los municipios con más habitantes los que siempre aparecen en el mapa. Los tres municipios donde todos los años, de 2013 a 2020, ha habido intentos y/o linchamientos son Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán.

Los lugares donde se han presentado estos hechos delictivos durante seis años consecutivos son los municipios con más habitantes: Amozoc, Atlixco, Coronango, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula y Tepeaca. En cambio, los municipios donde se han registrado eventos al menos por cuatro años, ya son más pequeños: Acajete, Cañada Morelos, Cuautlancingo y Libres.

Es decir, los linchamientos ocurren con más frecuencia en zonas urbanas porque hay más población, aunque si revisamos por tasa poblacional (100 mil habitantes) encontramos que es en las zonas rurales donde se dispara la incidencia. 

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Con información de: María José Andrade, Aranzazú Ayala, Ámbar Barrera, Cristian Escobar, Axel Espinosa, Dafne García, Paula Hernández, Marlene Martínez, Reyna Haydee Ramírez y Julio Sandoval.

Análisis de datos: Aranzazú Ayala.  

Fact Checking: Ernesto Aroche y Mely Arellano

*Ilustración de portada: Conejo Muerto

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